Después de casi tres horas de reunión, y donde la primera propuesta no dejó conforme a ambas partes, finalmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones logró llegar a un acuerdo con la empresa Trolebuses de Chile S.A. para garantizar la operación del tradicional servicio porteño al menos por los próximos cinco años.

Así lo confirmaron durante la tarde de ayer el seremi del ramo, Gérard Oliger, y el socio controlador y director de la empresa, Pedro Heimpell, quien valoró justamente la disposición de las autoridades por aprobar los subsidios necesarios para garantizar los costos operacionales del servicio.

"Llegamos a un acuerdo que se firmará en un plazo de 90 días. Es un contrato por los próximos cinco años -con opción de extenderse por dos más- que nos permitirá mantener la operación en forma normal y cubrir todos los gastos de operación. Es un acuerdo que nos deja conforme y que le da tranquilidad a la comunidad de que tendrán troles para rato", indicó el director a este Diario.

En tanto, el seremi precisó que "tal como lo había señalado en un comienzo, siempre estuvimos muy cerca de lograr un acuerdo. La ministra dijo que estábamos cerca y finalmente se logró".

De acuerdo a lo que habían informado la propia empresa y algunos consejeros regionales (core), el principal obstáculo que separaba un acuerdo entre ambas partes era económico: $ 40 millones anuales.

Según el acta que se elaboró de la primera reunión entre el ministerio y la compañía, el pasado 25 de septiembre, los $ 320 millones que se ofrecieron entregar a partir de 2019 como parte de un nuevo perímetro de exclusión en la zona -y que fue anunciado el martes pasado por la ministra Gloria Hutt- no bastarían para que la empresa privada se mantuviese en números azules.

Por lo mismo, quedó establecido en el acta que la compañía requería cerca de $ 360 millones para solventar sus gastos, lo que finalmente fue aceptado ayer por el seremi.

"Él comprometió ese monto ($ 360 millones), porque dejamos establecido que si el contrato considera sólo $ 320 millones, como los ofrecidos inicialmente, no podremos continuar con el servicio", explicó el socio de Trolebuses.

De todas formas, para avanzar en el nuevo convenio la empresa sí tuvo que aceptar la incorporación de un nuevo servicio por la avenida Pedro Montt, el que tendrá una frecuencia cada 15 minutos, a contar de las 7 de la mañana hasta las 23 horas.

En esa línea, Heimpell explicó que, si bien el contrato se firmará dentro de los próximos tres meses, se estima que el nuevo subsidio se comience a materializar en junio de 2019, por lo que a contar de esa fecha empezarían a transitar los trolebuses por dicha avenida, lo que fue ratificado por el seremi de Transportes.

Además, el director precisó que el convenio no contempla la operación durante los días domingo, puesto que "eso tiene un costo bastante importante -por concepto de remuneraciones- que el ministerio no estaba en condiciones de soportar". De todos modos, Heimpell agregó que dichos plazos les permitirá reponer cerca de 1,5 kilómetros de cable que fueron sustraídos en Pedro Montt.

Hasta la tarde de ayer el futuro de los trolebuses aún era un misterio. Tan así, que el presidente del Consejo Regional (Core), Percy Marín (RN), y el core Manuel Millones (UDI), criticaron duramente a la ministra de Transportes por traspasarle a ellos la responsabilidad de rescatar el servicio.

"Consideramos que es inaceptable, toda vez que el subsidio a la operación no lo puede asumir el Gobierno Regional. Lamentamos que el nivel central no tenga la misma disposición que tiene con el Transantiago", señaló Marín.

En tanto, Millones expresó que "la autoridad dijo que dicho ministerio no tiene financiamiento y que el problema debe ser resuelto con fondos regionales, y esa respuesta da cuenta de un centralismo enfermante que atenta contra el proceso de descentralización y regionalización del país".

"Dependiendo de los plazos, la operación en la avenida Pedro Montt podría comenzar el segundo semestre de 2019"

Gérard Oliger, Seremi de Transportes"

"Lamentamos que el nivel central no tenga la misma disposición que tiene con el Transantiago"

Percy Marín (RN), Presidente del Core Valparaíso, ante dichos de la ministra Hutt"

millones será el subsidio que entregará el ministerio para garantizar la operación de los trolebuses. $ 360

minutos será la frecuencia con que operarán los trolebuses en la avenida Pedro Montt a contar de 2019. 15

La Corte Suprema acogió recurso de unificación de jurisprudencia y ordenó a la corredora de bolsa Carlos Marín Orrego S.A. pagar las prestaciones adeudadas a trabajadora que se acogió a autodespido.

La corredora, cuyo oficina principal se encontraba en Viña del Mar, era liderada por Carlos Marín Orrego, ex presidente de la Bolsa de Valores de Valparaíso y quien hoy enfrenta una investigación por varios delitos económicos, entre ellos entrega de información falsa al mercado, violar la Ley de Bancos y captar dineros de terceros sin autorización.

En fallo dividido, la cuarta sala del máximo tribunal anuló la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y dictó una sentencia de reemplazo, que ordena a la corredora a pagar las remuneraciones de la funcionaria Purísima Villarroel Gallegos y demás prestaciones que se generen en el período comprendido entre la fecha del término de la relación laboral y la de convalidación.

En su demanda, la ex funcionaria de la bolsa, quien había sido contratada el año 2011, reconoce que los problemas surgen el año 2016, debido a las informaciones sobre los problemas legales y económicos que enfrentaba Carlos Marín. Purísima Villarroel exigía en su demanda que la corredora pagara una indemnización sustitutiva por mes de aviso y otra por años de servicio, entre otros pagos.

Aunque dichas exigencias fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Villarroel pudo revertir el caso en la Suprema. En sus argumentos, el máximo tribunal alude a las obligaciones que tenía el empleador frente al pago previsional de la contadora.

"Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados", expuso la Corte.