Paola Passig

Cuando se cumple la mitad de plazo que se dio la comisión que investiga la tragedia ambiental que vive la zona de Puchuncaví y Quintero, su presidente, el diputado Diego Ibáñez (Movimiento Autonomista), tiene clara una cosa: "Aquí no se trata de deshabitar las zonas de sacrificio, sino que haya una norma que exija a las empresas que inviertan en tecnología y pongan los filtros necesarios como lo hacen los países de la OCDE".

- Mañana sábado se cumplirán 45 días de investigación. ¿Cuál es su balance?

- Esta comisión está funcionando durante la catástrofe y no después, lo que ha permitido abrir y articular demandas de la ciudadanía con el ejercicio fiscalizador que tenemos como diputados y el hecho de que el Congreso se haya trasladado hasta Quintero para escuchar los testimonios de las comunidades, genera expectativas de que se va a poder llegar a una solución histórica. Esta política que, durante muchos años ha estado legislando a favor de las grandes empresas, tiene la oportunidad histórica de colocarle freno al abuso y a la contaminación que permita dar soluciones estructurales porque el Estado ha permitido que se vulneraran los derechos de la gente por más de 50 años.

- Justamente, como son varios los gobiernos responsables, ¿cómo se establecen las responsabilidades políticas?

- Esta intoxicación masiva, que lleva más de mil 500 personas afectadas, le corresponde solucionarla al gobierno actual. Pero, claro, esto es resultado de una política de Estado que ha sido negligente con criterios de sustentabilidad y que es consecuencia de un modelo de producción con matriz primaria exportadora que se ha abierto a los grandes capitales -algunas empresas se financian con las pensiones de los propios quinteranos como es AES Gener, que tiene 4 termoeléctricas- y ponerle atajo. Eso pasa por generar políticas públicas de forma participativa. Además, hemos concluido que desde los sucesos de La Greda, de las recomendaciones que se hicieron desde el Parlamento, sólo se han cumplido el 17%. El 2012 Piñera reconoce que hay una zona de catástrofe y quien mueve los hilos del Estado, es quien debe colocarle urgencia para legislar a favor de las comunidades.

- Pero hay un objetivo final. ..

- Aportar a la más rigurosa fiscalización de los actos de las empresas y de la administración pública tendiente a solucionar este problema. Nos dimos cuenta de que no hay un plan estratégico para abordar esta catástrofe. Si lo hubiera habido los hechos posteriores el 21 de agosto se hubieran evitado. Y aquí hay responsabilidad de la ministra, pero particularmente del intendente Martínez. Pero además hay que modificar la legislación que permite a las empresas contaminar. Y si bien vamos en la mitad, entre las propuestas que queremos levantar creemos que si bien en Chile el sacrificio de los DD.HH. ambientales es legal, necesitamos homologar las normas ambientales chilenas con los estándares de la OMS. AES Gener contamina en Chile 12 veces más que en EE.UU. Lo otro es que las estaciones de monitoreo no pueden estar en manos de la empresa, sino que propiedad del Estado porque el mundo privado no da garantías de autorregulación.

- ¿Entre las propuestas está, por ejemplo, pedir que no haya zonas de sacrificio, como lo piden los ambientalistas?

- Estamos analizando las seis zonas de sacrificio que hay en el país, pero partimos por Quintero porque es la urgencia más inmediata. Hablar de zonas de sacrificio es hablar de gente y es hablar de DD.HH., y la voluntad de los parlamentarios que son parte de la comisión, es terminar con la violación a estos derechos porque no puede haber ciudadanos de segunda categoría que paguen los costos de un modelo de desarrollo agotado. Eso pasa por diseñar políticas públicas con criterio de justicia ambiental. Hoy no hay ningún parlamentar que plantee que la gente se tenga que ir de Quintero. Es el Estado el que puede invertir en soluciones, invertir en ciencia y tecnología y leyes que obligue a las empresas a invertir.

- El intendente ha criticado la presencia de gente externa incentivando las protestas.

- Las movilizaciones expresan la molestia de la gente y lamento mucho que haya gente que quiera meter la basura debajo de la alfombra, relativizando este malestar señalando que hay personas que no son de la zona. Yo soy de Quilpué pero me siento llamado por un compromiso ético de ir a la zona y solidarizar. Interpretar esto como una manipulación me parece de lo más bajo en política.

- Hay quienes comentan que está sacando dividendos políticos con la situación ambiental de Quintero y Puchuncaví...

- De una tragedia uno no puede capitalizar. El liderazgo del FA nace en nuestro distrito desde las movilizaciones sociales, nuestro distrito es el que tiene más conflictos socioambientales en Chile y si alguien pretende aminorar la energía con la que estamos investigando estos hechos, pues que se remita a la historia porque hoy se necesitan políticos que no estén comprados por las empresas. Todo lo que hemos hecho como equipo de diputación lo hemos hecho de cara a la ciudadanía, conversando con los actores sociales, estando en el territorio y con las familias. Me parece que señalar que uno pretende sacar dividendos políticos, es caer muy bajo. Hoy nuestra labor está centrada en mejorar las condiciones de vida de la gente hoy. Esta comisión investigadora la propusimos meses antes del evento del 21 de agosto y la propusimos por el fallido plan de descontaminación del gobierno anterior. No vengan a enlodar un trabajo que no es personal, es colectivo, y donde también hay parlamentarios oficialistas. Aquí nadie quiere colocarse como florerito de mesa.

- Respecto de la muerte del dirigente sindical y ambiental Alejandro Castro, también se ha dicho que se está utilizando políticamente. Se ha llamado a respetar el informe de la PDI, que habla de suicidio, y no generar dudas.

- Él era un dirigente social, era pescador. Había estado contra la pesca de arrastre y estaba de cabecilla contra la contaminación en Quintero. Nos impactó su muerte y como comisión hemos solicitado que el Ministerio Público no escatime recursos para esclarecer lo que pasó esa noche. Y como ha señalado la madre, creemos que el SML debe hacer una investigación rigurosa y deben esclarecerse las amenazas que recibió no sólo él, sino que el resto de los dirigentes y los miembros del cabildo abierto de Quintero. Por eso le solicitamos al ministro Chadwick una reunión que todavía no se concreta. Para nosotros es una urgencia y esperamos que para el Gobierno también lo sea.

- O sea, ¿no descarta que haya terceros involucrados?

- Por las amenazas que hubo es que solicitamos una investigación que descarte la presencia de terceros.

"El plan de descontaminación de Bachelet era contraproducente porque permitía contaminar más. Hubo un problema entre la seremi y el Gobierno central porque hay un vacío que no sabemos de quién es la responsabilidad y donde se cambiaron los inventarios de emisiones" "El Estado chileno es incapaz de conducir una catástrofe porque no cuenta ni con el presupuesto ni con las herramientas. Es tal el desmantelamiento del aparato público en beneficio del negocio privado que hoy está amarrado constitucionalmente al derecho de la propiedad por sobre la vida y los DD.HH.""