La Comisión de Educación del Senado aprobó ayer la idea de legislar el proyecto Aula Segura, que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia, iniciativa que se traduce en una respuesta a los serios desmanes provocados los últimos meses en liceos emblemáticos de Santiago, donde presuntos estudiantes, ataviados con overoles blancos, han incluso rociado con parafina a profesores.

De acuerdo al cambio de calificación de discusión inmediata, es decir, de seis días para ser debatido por cada rama legislativa, la comisión acordó someter a votación en general el proyecto y en la misma jornada analizar las indicaciones, proceso que hasta el cierre de esta edición aún se desarrollaba, todo con el fin de que la iniciativa sea analizada hoy por la Comisión de Hacienda y luego quede en condiciones de ser vista por la Sala del Senado.

El proyecto fue aprobado reglamentariamente luego de que obtuviera sólo dos votos a favor de Ena von Baer (UDI) y José García Ruminot (RN); dos abstenciones, de la presidenta de la comisión, Yasna Provoste (DC), y de Jaime Quintana (PPD); y en contra sólo votó el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre (RD).

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, valoró la aprobación y enfatizó en la necesidad de legislar en este tema. "Esta es una ley necesaria que viene a cubrir un vacío en facultades que tienen los directores hoy día para enfrentar hechos de violencia", aseveró.

Previo a la votación, parlamentarios del oficialismo criticaron el rol que ha jugado en las últimas semanas la presidenta de la comisión, Yasna Provoste, a quien apuntan por el retraso en la discusión legislativa del proyecto.

Diego Shalper, diputado de RN, argumentó que "hay mucha gente que ha entendido que fijar un piso de tolerancia cero a la violencia extrema en los establecimientos educacionales es lo mínimo que podemos pedir como sociedad para poder construir cualquier proyecto de convivencia escolar".

Según el parlamentario de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, "cuando veo que la presidenta de la Comisión de Educación del Senado se permite decir que esto es un 'papelito', le contesto que lo de ella es un papelón, porque está siendo incapaz de conducir una discusión que concita una amplia mayoría y que tiene que ver con darles seguridad a los docentes y estudiantes para poder estudiar en paz".

En la misma línea, la diputada Paulina Núñez (RN) agregó que "la oposición está actuando con un obstruccionismo que no habíamos visto en estos seis meses, al punto que cada uno de sus requerimientos para modificar el proyecto de ley están recogidos en una indicación del Gobierno. Y así y todo se siguen oponiendo (a legislar). Para Núñez, "lo único que la oposición quiere es oponerse a los proyectos que el Gobierno presenta. Y el llamado a la oposición es no sólo a llegar a acuerdos, sino que a entender que uno no legisla para los partidos políticos, sino que para solucionar los problemas que están vigentes. El tema que aborda Aula Segura es una realidad, no son hechos disfrazados y existen en algunos establecimientos, con alumnos que son verdaderos delincuentes, capaces de rociar con bencina a un profesor".

Desde la UDI, el senador Iván Moreira criticó los dichos de su par de la DC. "Lo digo de frente: la presidenta de la Comisión de Educación, Yasna Provoste, se ha convertido en cómplice de la violencia al frenar un proyecto prioritario", sostuvo ayer a Emol.

Contralor Bermúdez no cede y dice que "hay una subcontralora en funciones"

Al participar ayer en una actividad de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), el contralor Jorge Bermúdez afirmó en CNN Chile que el cargo de subcontralora lo ejerce hoy María Soledad Frindt y eso "va a seguir siendo así". "Hay que dejar una cosa bien en claro. Hay una subcontralora en funciones que es una funcionaria de carrera y se llama María Soledad Frindt", enfatizó el titular del órgano contralor. "Ella es la subcontralora (...) y eso va a seguir siendo así. Todas las actuaciones que ella realice son válidas", agregó.

El abogado abordó nuevamente la apelación que junto con el CDE presentó contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó reintegrar a sus funciones a la anterior subcontralora, Dorothy Pérez.

Bermúdez, argumentando pérdida de confianza, declaró vacante el cargo de subcontralora que ella ostentaba y designó a María Soledad Frindt, decisión que fue recurrida ante el tribunal de alzada, que falló a favor de Pérez, cuyo futuro en el organismo está ahora en manos de la Corte Suprema.

Bermúdez aseguró que la Contraloría General de la República sigue funcionando en "completa normalidad" y añadió que "estamos hoy realizando esta actividad que han visto, trabajando en la planificación de la auditoría del próximo año, ayer (lunes) estuve en el Congreso, mañana (hoy) me toca ir de nuevo".

El contralor apeló a la restitución de Pérez al filo del plazo con una acción judicial que contiene un duro tono. En el documento tilda de como "artificiosa" la argumentación de los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada capitalino y sostiene que las conclusiones obtenidas son "aberrantes". Ante ello el abogado Ciro Colombara, que representa a la hoy ex subcontralora, expresó que "lo que corresponde es un debate jurídico, no denostaciones". "Es posible discrepar de las decisiones de los tribunales de justicia, pero no es aceptable calificarlas de aberrantes o absurdas, no es republicano, simplemente", agregó el profesional.

Para Colombara, "en lo que sí concordamos es que lo que estamos discutiendo, en definitiva, es el respeto al Estado de Derecho, por lo que también vamos a solicitar alegatos ante la Corte Suprema. Seguimos confiando en los tribunales superiores de justicia, tanto en la Corte de Apelaciones como la en la Corte Suprema".

"Cuando hablamos de seguridad tenemos que ser capaces de dejar de lado las diferencias políticas partidistas"

Marcela Cubillos, Ministra de Educación"

exposiciones tiene contemplada la Comisión de Educación de la Cámara Alta en para el debate. 50