Minvu enviará funcionarios a territorio isleño para ver prioridades habitacionales
CIUDAD. Abogado de la PUCV dijo que si proyectos cumplen con normativa deberán ser aprobados. FA criticó al alcalde.
Con el fin de mejorar las condiciones habitacionales de las familias que residen en el archipiélago Juan Fernández, el Ministerio de Vivienda de Valparaíso enviará funcionarios para extraer la vital información de quienes postularán al Programa Habitabilidad Rural (DS10) durante los últimos meses de este año. "En el caso de Juan Fernández, pondremos especial énfasis en los casos críticos que hemos detectado, por lo que es prioridad enviar una comitiva para hacer un levantamiento de información de las familias que allí habitan. Este equipo está integrado por asistentes sociales y otros profesionales especializados en construcción y mejoramiento de vivienda", afirmó la seremi Evelyn Mansilla.
Experto advierte que municipio de Quilpué ya no podrá solicitar nuevo congelamiento
Luego que la Contraloría Regional de Valparaíso ratificara que el congelamiento de permisos de construcción en Quilpué no se encuentra vigente en la actualidad -puesto que la postergación solicitada el 16 de abril pasado "no produjo los efectos jurídicos deseados"-, el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y Máster en Política Territorial y Urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid, Eduardo Cordero, advirtió que el municipio ya no podría solicitar una nueva paralización en la comuna, dejando abierta la puerta para el ingreso de proyectos inmobiliarios antes de que se apruebe la actualización del Plan Regulador Comunal.
"La Contraloría ha señalado expresamente que los actos administrativos anteriores no se pueden regularizar. Así, en mi opinión, ya no se podría ordenar una nueva postergación, puesto que dicha facultad ya se ejerció conforme al Artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y no fue prorrogada oportunamente", aseguró el también Doctor en Derecho y académico del Diplomado en Derecho Urbanístico y de la Construcción.
En esa línea, Cordero indicó que "por lo demás, la jurisprudencia de la Contraloría ha sostenido que no es posible decretar estas postergaciones de forma indefinida", agregando que "es un caso complejo, pero por ahora lo más seguro es avanzar en la modificación del Plan Regulador" de Quilpué.
Más allá del error administrativo en que -según la Contraloría- incurrió el municipio y la seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la mayor preocupación en la comuna apunta justamente a la desprotección que existiría frente al desarrollo inmobiliario, tomando en cuenta que el Minvu aún tiene hasta el 10 de noviembre para pronunciarse sobre el nuevo PRC, plazo que se podría extender hasta principios de diciembre en caso de que el plan tenga observaciones y el municipio deba subsanarlas.
"Es preocupante esta situación, que deja abierta una ventana al ingreso de proyectos de edificación en altura. Aquí, más allá de buscar responsabilidades, pienso que hay que subsanar este error que advirtió la Contraloría", ratificó la diputada por el Distrito 6, Camila Flores (RN), quien de todas formas destacó "la voluntad que ha manifestado el alcalde Viñambres en torno a hacerse cargo del problema con la mayor prontitud y hacer las publicaciones correspondientes".
Al respecto, y considerando que la municipalidad ya no podría solicitar un nuevo congelamiento, el abogado de la PUCV sostuvo que lo más complejo es que sigue rigiendo el actual plan, que data de 1971.
"A partir de ahora se pueden ingresar solicitudes de permiso de construcción conforme al PRC vigente, lo que implica el desarrollo de una serie de proyectos inmobiliarios que se querían controlar (...) Durante todo ese tiempo y hasta la fecha, era y es posible presentar proyectos de construcción, los cuales deben ser sometidos a tramitación por la Dirección de Obras Municipales y, si están conforme a dicho instrumentos, se debe otorgar los permisos", advirtió Cordero.
- ¿Cuáles son las consecuencias que existirían detrás de este error administrativo, considerando que, por un lado, la inversión se podría haber visto frenada, o por el contrario, existiría una desprotección hace más de seis meses?
- Efectivamente, existe un error administrativo y las autoridades deberán realizar las investigaciones que correspondan para hacer efectiva las responsabilidades administrativas que pudieren configurarse. Sobre la eventual inversión que no se hizo y el problema de la desprotección frente a nuevos proyectos inmobiliarios que se pueden iniciar (en la comuna), lo cierto es que se trata de un problema más político-social que jurídico. Los incentivos o desincentivos a la información no configuran por sí mismo un perjuicio patrimonial.
- ¿Y podría dar pie a acciones judiciales de quienes eventualmente desistieron de invertir pensando que sí existía un congelamiento?
- En principio, pienso que es difícil las acciones judiciales por el sólo hecho de entender que no era posible obtener los permisos e iniciar la ejecución de un proyecto. En todo caso, si existieren solicitud de permisos que nos fueron tramitados por la DOM y aquello ha causado perjuicio patrimonial -lo cual se debe probar-, sería posible configurar una posible falta de servicio como fundamento de responsabilidad patrimonial del Estado y la municipalidad, pero hay que ver cada caso en particular.
La advertencia de la Contraloría no dejó indiferente al mundo político, sobre todo por los cuestionamientos -principalmente del Frente Amplio (FA)- que ha recibido el nuevo PRC.
Para el senador Juan Ignacio Latorre (RD), lo ocurrido es "una irregularidad grave de la seremi y el alcalde, quien saca decretos que exceden su competencia, mientras que la seremi no publica resoluciones exentas que aprueba la prórroga del congelamiento". "Lo más grave es que el alcalde, en vez de asumir su responsabilidad, intenta minimizar los efectos y apurar la aprobación del PRC (...) Un informe de la Contraloría es claro y contundente y no se puede tapar el sol con un dedo", dijo Latorre.
En tanto, el diputado Diego Ibáñez (MA) comentó que "esto es el resultado de una autoridad local refugiada en la soberbia, cuando ha existido una ciudadanía permanentemente organizada y movilizada, advirtiendo los problemas de la modificación al Plan Regulador".
"Esto es un llamado de atención al alcalde Viñambres, quien con las ansias de proyectar su carrera política más que su rol de alcalde, ha ido más allá de sus facultades. Acá necesitamos una gestión diligente y concentrada en hacer la bien la pega", sostuvo Ibáñez.
Core y fundación acusan "indefensión"
La consejera regional por Marga Marga, Valeria Melipillán (MA), denunció que desde enero hasta agosto de este año han ingresado alrededor de 30 proyectos y anteproyectos a la DOM de Quilpué, de los cuales "el 75% de estos departamentos fueron ingresados entre mayo y junio, periodo donde el congelamiento inicial debía ser renovado". En tanto, la vocera de la Fundación Defendamos la Ciudad en Quilpué, Susana Soto, aseguró que "la ciudad quedó en la indefensión total y el pseudo congelamiento fue usado como caballito de batalla para apremiar la aprobación de un PRC que carece de estudios fundados de riesgo y pone en franco peligro a la población".
"En mi opinión, no se podría ordenar una nueva postergación, puesto que dicha facultad ya se ejerció"
Eduardo Cordero, Abogado de la PUCV y Máster en Política Territorial y Urbanística"
Seremi de Bienes Nacionales acusa a "mafias" de lucrar con loteos irregulares
Con 42 denuncias, la Región de Valparaíso lidera el catastro de reclamos sobre loteos irregulares a nivel país, incluso supera a la Región Metropolitana, donde se han recibido 34 casos de este tipo. La seremi de Bienes Nacionales, Rosario Pérez, expuso que "queremos detener a estas verdaderas inmobiliarias del delito. Lo que ocurre en nuestra región es preocupante. Hay mafias, asociaciones ilícitas que montan estos negocios para lucrar con los sueños de tantas familias". Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno fue la modificación del Decreto Ley 2.695, que busca resguardar los derechos de terceros en relación a la regularización de la pequeña propiedad raíz.
Concejal Aranda y exedil arremeten contra directores y administración
Uno de los pocos concejales que atendió a los requerimientos de este Diario -además de Viviana Núñez (UDI), quien comentó que "estamos trabajando con la seremi para subsanar la situación"- fue Renzo Aranda (DC). El edil señaló que "este es uno más de los errores de la actual administración, cuyos directores están más preocupados de posicionar sus nombres para futuras candidaturas que de hacer bien su trabajo", agregando que "nosotros también asumimos nuestra responsabilidad en cuanto a confiarnos en los técnicos y en las jefaturas municipales".
En tanto, el exedil y exgobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, dijo que "falló la licitación de las piscinas, la del edificio consistorial, la de la calle Ramón Ángel Jara en un principio y ahora tenemos un congelamiento mal hecho. ¿Y quién pierde? La ciudad y la gente".