Abogada de exseremi: "No se cometió ninguna ilegalidad"
REGIÓN. Exjefe Minvu interpondrá recurso por dura sanción, tras polémico oficio que autorizó obra en Maitencillo.
En medio de la maraña jurídica, actos administrativos contradictorios y resoluciones de Contraloría que han marcado la construcción del cuestionado proyecto Rocas de Maitencillo -en su etapa final a la espera de la recepción de obras ante la DOM de Puchuncaví-, el sumario del Minvu que concluye con una sanción al exseremi del ramo en Valparaíso, el actual Secpla de Quilpué, Rodrigo Uribe, es una de las tantas aristas existentes en la región respecto a la tramitación y otorgamiento de permisos de edificación, especialmente en el borde costero.
En forma preliminar y en base al Estatuto Administrativo, la exautoridad fue sancionada con la medida disciplinaria de suspensión de tres meses del cargo y el 50% de las remuneraciones.
La abogada del sumariado, Jeanette Bruna, especialista en Derecho Urbanístico y Administrativo, quien ha asesorado a diversas inmobiliarias que han enfrentado conflictos, descartó que su defendido se haya "excedido en sus potestades" cuando ostentaba el cargo de seremi. El sumario da cuenta que contravino dos pronunciamientos de la Contraloría Regional del año 2015, al firmar el polémico oficio N°2.347, del 2 de septiembre de 2016, a pocos meses de asumido en el cargo, indicando que el permiso de obra nueva seguía vigente, lo cual permitió reanudar las faenas en el balneario de Maitencillo.
Según la abogada, la "interpretación" del exseremi sólo revalidó una resolución de la DOM de Puchuncaví, emitida el año 2013, dando cuenta que el permiso seguía vigente. "Teníamos una resolución del DOM del 2013 dando cuenta que el permiso de obra seguía vigente, cuando el 2015 salen los pronunciamientos de Contraloría respecto a que el permiso de obra nueva había caducado, ante lo cual el DOM declara la caducidad conforme a lo que le dice Contraloría. La empresa le reclama al director de Obras respecto a cuál era el acto administrativo vigente, el del 2013 que daba cuenta que el permiso seguía vigente o el del 2015 que lo declara caduco. El DOM sube ese reclamo al seremi y, en lo técnico, se encuentra con una resolución que declara la vigencia y otra la caducidad, y las dos son válidas, porque no se ha anulado ninguna. Entonces él determinó que, dado que la del 2013 no se había dejado sin efecto, se mantiene vigente esa resolución y, por tanto, el permiso estaba vigente".
Bruna insistió que "las dos resoluciones de Contraloría se las dirigieron al municipio, nunca a la seremi. Contraloría nunca le dio una orden a la seremi como parte de estos procesos anteriores. En rigor, las resoluciones le llegan al seremi cuando se produce el reclamo de la empresa sobre la vigencia del permiso y le sube la consulta por parte de la DOM. Ahí, por primera vez, la seremi tiene que resolver el tema de fondo".
-¿El seremi fue mal asesorado al momento de resolver, se extralimitó en sus funciones?
-No. Existe una serie de antecedentes que voy a acompañar en la reposición, donde además se faltó al debido proceso y se vulneraron sus derechos. Además la misma Contraloría se contradice en sus apreciaciones y el artículo N°4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es amplio, en el sentido que sí le puede dar instrucciones a las DOM. Primero no falta a la órdenes de la Contraloría porque nunca le dio una instrucción al seremi y, segundo, no falta a las órdenes de la Contraloría porque la resolución del seremi nunca cuestionó ni se refirió al contenido de sus dictámenes, y tiene que ver con dos resoluciones de la DOM que estaban válidas y contrapuestas, una que decía vigente y otra caducado".
- ¿Cómo se explica que sólo el seremi haya visado el oficio sin la firma de sus asesores, como el jefe jurídico?
- No hay ningún requisito legal que diga que un departamento debe visar una resolución. Como superior jerárquico tomas una decisión viendo un caso, tus subalternos pueden compartir o no tu decisión, y si no la comparten, el punto es que redactan y yo me quedo con la responsabilidad. Esto no se hizo entre gallos y medianoche, se hizo como cada cosa que pasa en la administración pública, cuando el superior jerárquico determina que hay una decisión que debe primar, y si el equipo no está de acuerdo, entonces prima la decisión de la jefatura. Puede que al oficio le hayan faltado más fundamentos, pero no puede ser que la administración pública actúe de forma bipolar, que un año dice que sí y otro año dice que no, y deja vigente dos actos sin siquiera atender el fondo. Los actos administrativos generan efectos mientras no sea declarada su ilegalidad.
- ¿Y cómo se explica que a pocas semanas de emitida la resolución la ministra Saball le instruyó iniciar un proceso de invalidación?
- Porque hubo reclamos diciendo que ese oficio era ilegal, incluso las mismas funcionarias del seremi le dijeron que el acto no estaba bien hecho. Ante ese reclamo, por una cuestión de buen proceder, el seremi dio inicio a un proceso invalidación, para darle la posibilidad a todas las partes de que presenten sus antecedentes y se resuelva. Y ese procedimiento de invalidación nunca concluyó. Eso hace que la obra no pueda ser tocada por nadie.
- También llama la atención los efectos jurídicos de la eventual sanción. No lo afectarían en su actual cargo como Secpla en Quilpué.
- El Estatuto Administrativo señala que se harán anotaciones en la hoja de vida de los funcionarios que ya no están prestando servicios, y así lo corroboró Contraloría. Cuando la sanción se aplica después que me fui de un servicio, en ese caso sólo queda en la hoja de vida.
"No puede ser que la administración pública actúe de forma bipolar, que un año dice que sí y otro año dice que no, y deja vigente dos actos sin siquiera atender el fondo""
"Las dos resoluciones de Contraloría se las dirigieron al municipio, nunca a la Seremi. Nunca le dio una orden a la Seremi como parte de estos procesos anteriores""