Rectores exigen que traspaso de glosa de gratuidad quede zanjada en marzo
EDUCACIÓN. Universidades locales enfrentaron serio déficit financiero. UPLA fue el caso más grave.
La transferencia de recursos por parte del Estado a las universidades adscritas a la gratuidad, y que estaba pendiente desde junio, finalmente se concretó en parte el 31 de octubre, lo que alivió una compleja situación financiera que estaban atravesando, en especial la Universidad de Playa Ancha. Ahora los rectores están planteando el tema en el Congreso, con el objetivo de que esta situación no se vuerlva a repetir.
Al respecto, el rector de la Universidad de Valparaíso y vocero del CRUCh, Aldo Valle, subrayó que el retraso fue "muy prolongado" pero "ya se resolvió, porque la semana pasada ya se hizo la primera transferencia del segundo semestre, y ahora, por lo mismo, estamos en el Parlamento proponiendo algunas indicaciones específicas para que en la glosa de gratuidad haya una obligación legal de que estas transferencias no puedan quedar interrumpidas como ocurrió en este año, y como han quedado en otros años antes también".
Al respecto, recordó que si bien las demoras se han producido en años anteriores, "probablemente este año fue un poco más excesiva, y creemos que la glosa puede resolver eso, como también contribuir a que las dificultades técnicas que hay, administrativas, se superen por la vía de que el arancel regulado se establezca a más tardar en el mes de marzo, y no en el mes de octubre, como ocurrió en este año".
Sobre este aspecto, explicó que "al determinarse el arancel regulado, entonces se pueden tramitar los decretos, porque se pueden determinar los montos que va a recibir cada universidad, y entonces también estamos pidiendo que en el Presupuesto de la Nación, en la glosa sobre gratuidad, se establezca también -de modo que sea una obligación legal para el Gobierno- que el arancel regulado esté determinado a más tardar en en el mes de marzo".
Valle enfatizó que a raíz del retraso en la entrega de los recursos, "en todas las universidades (adscritas a la gratuidad) ha habido dificultades, porque han tenido que recurrir a líneas de financiamiento bancario, básicamente, que han generado unos costos financieros, porque esos dineros que son necesarios para mantener la liquidez de las cajas de las universidades, a efectos de pagar proveedores, de pagar a sus propios académicos y funcionarios, supone que los flujos no pueden verse detenidos".
En ese contexto, Valle planteó que "en algunos casos ha tenido efectos más graves, y pienso que, de cara al próximo año, hoy tenemos la oportunidad de evitarnos estos problemas para que ninguna universidad se vea expuesta a algún incumplimiento o a tener que recurrir a costos financieros adicionales simplemente porque el Estado no hace las transferencias oportunamente".
Uno de esos casos que tuvo efectos más graves fue el de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), pues uno de sus acreedores estuvo a punto de iniciar una cobranza judicial que pudo haber terminado en el embargo de bienes, lo que finalmente no se concretó.
Al respecto, el rector de la UPLA, Patricio Sanhueza, expuso que el retraso por parte del Estado "ha sido tremendo, porque la verdad es que nosotros nunca nos imaginamos que iban a pasar tantos meses sin el pago de la gratuidad. Para nosotros, que tenemos el 63% de los alumnos en gratuidad, representa un monto significativo, a otras universidades les significa un poco menos, y por lo tanto, todo se altera cuando esa regularidad no se produce, y eso provocó algunos problemas, como por ejemplo, dejar de pagar algunas obligaciones".
Por otra parte, los rectores esperan que "el Congreso Nacional apruebe en la Ley de Presupuesto que esas transferencias de gratuidad se hagan sobre la base del 80% de lo transferido el año anterior. Creo que esa es una fórmula para resolver este problema el año 2019, y eso se lo estamos proponiendo al Gobierno y también al Congreso", planteó Sanhueza.
Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Darcy Fuenzalida, sostuvo que "sin lugar a dudas que el atraso en los recursos de este segundo semestre produce complicaciones, porque nos genera déficit en nuestro presupuesto, y por lo tanto, tenemos que buscar de dónde poder disponer de esos recursos necesarios".
En la USM, precisó Fuenzalida, "pudimos absorber esta situación pero sin que pudiéramos evitar tener que ajustar nuestros proyectos en presupuesto, así que, en definitiva, esperamos que estos temas sean resueltos en el futuro y que la oportunidad de entrega de los recursos sea la que está pactada, porque nuestros presupuestos tienen que avanzar sistemáticamente en cada mes, y tenemos obligaciones que cumplir, tenemos que enfrentar gastos permanentes a lo largo de todos los días del año, y para eso necesitamos contar con esos recursos oportunamente".
Para que el retraso no se repita, "hemos hablado con la ministra de Educación, le hemos hecho llegar la preocupación de que estos procesos de entrega de recursos sean debidamente ordenados y sistemáticos a lo largo del año, y sin lugar a dudas que en la Ley de Presupuesto que hoy se está trabajando en el Congreso, esperamos que también quede dentro de las glosas presupuestarias correspondientes los mecanismos que garanticen la entrega de los recursos en forma oportuna".
El resto del dinero adeudado por el Estado por concepto de gratuidad, precisaron los rectores, será transferido un tercio en noviembre y el tercio restante en diciembre.
"(El retraso) ha sido tremendo, nunca nos imaginamos que iban a pasar tantos meses sin el pago de la gratuidad"
Patricio Sanhueza, Rector de la UPLA"
"De cara al próximo año, hoy tenemos la oportunidad de evitarnos estos problemas para que ninguna universidad se vea expuesta a algún incumplimiento"
Aldo Valle, Rector UV y vocero del CRUCh"
Sanhueza critica acción de acreedor
Con respecto a la deuda que la UPLA mantenía con la empresa Cumplo, y que estuvo cerca de pasar a cobranza judicial, el rector del plantel, Patricio Sanhueza, lamentó que "ese acreedor, al que se le explicó esta situación de retraso por parte del Estado, haya utilizado contactos con un medio de comunicación (La Tercera) sin decirnos a nosotros, para poder haber hecho la contraparte, y se haya aprovechado de esas circunstancias. Ahora eso se pagó, obviamente, porque todos teníamos la intención de pagar, pero creo yo que no fue la forma de hacerlo".