Rodrigo Navarrete N.

Un apoyo transversal, pero también algunas dudas, es lo que ha dejado al interior del municipio de Valparaíso el resultado del sumario administrativo aplicado por el alcalde Sharp, para determinar las responsabilidades de funcionarios municipales en el sensible fallecimiento de Eduardo Lara, ocurrido el 21 de mayo de 2016.

Y es que a más de dos años de ocurrido el hecho, en el que el guardia municipal falleció al interior de un edificio consistorial ubicado en las intersección de las calles Las Heras con Pedro Montt, luego de que encapuchados incendiaran el inmueble que custodiaba durante la cuenta pública de Michelle Bachelet, que se desarrollaba aquel día en el Congreso Nacional, el municipio porteño dio a conocer los resultados de la investigación sumaria que el alcalde Sharp solicitó reabrir una vez asumido el sillón municipal.

En ese contexto, si bien en una primera instancia se establecieron sanciones económicas para el exdirector de Emergencias de la municipalidad, Ricardo Valdés, y para el encargado del Departamento de Logística, Roberto Torres, el nuevo análisis llevado a cabo por el Departamento de Control, a través del fiscal Christian Paz, determinó la destitución de ambos funcionarios, principalmente, por la falta de preparación para enfrentar la Cuenta Pública Presidencial.

Al respecto, la concejala Zuliana Araya (PPD) destacó los resultados de la investigación, pues "es bueno que haya transparencia en estos temas, que se aclare y que se hayan determinado responsabilidades en directores. Aquí no hay que ver cuál es la administración que está a cargo, si viene de antes o si viene ahora. Aquí hay que tomar cartas en el asunto y ojalá esto fuese siempre así en todos los municipios".

En tanto, el concejal Eugenio Trincado (DC) señaló que "es muy bueno que se investigue a fondo lo que sucedió en esta tragedia, creo que estamos claros en eso. No obstante ello, de acuerdo a lo que ha salido en los medios, tengo algunas dudas en los argumentos sobre las responsabilidades que se establecen en el sumario, como cuando dice que no se ejecutaron reuniones de coordinación ese día para contrarrestar los disturbios".

Asimismo, el UDI Luis Soto, sostuvo que junto con esperar que Sharp remita el informe a fin de evaluar las medidas que se tomaron, espera que éste dé cuenta de "cuáles son las correcciones que está implementando para mejorar el actuar municipal y garantizar la seguridad de los trabajadores municipales en circunstancias de esta naturaleza, como la vivida ese 21 de mayo, que llevó a la pérdida de la vida de nuestro compañero Eduardo Lara".

Por su parte, reconociendo lo difícil que se hace establecer la relevancia y concordancia de los argumentos del sumarios, teniendo en cuenta que éste se mantiene en secreto, el concejal Carlos Bannen (UDI) aseguró que espera que el municipio "no termine siendo demandado por desvinculaciones improcedentes y seamos obligados por sentencias pronunciadas por tribunales a pagar millonarias indemnizaciones, ya que eso ha sucedido mucho en esta administración".

En la misma lógica, Marcelo Barraza (DC), dejó en claro su preocupación por la situación de los funcionarios afectados, en la que espera que se haya tomado en consideración las competencias y carrera funcionaria.

"Imagino que el alcalde Sharp ejecutó un proceso responsable y apegado a la ley. Estos son temas que no pueden tomarse a la ligera, principalmente por la memoria de don Eduardo Lara y su familia, y espero que con los antecedentes en la mesa, el alcalde nos pueda explicar sus razones para justificar una sanción tan radical como son las destituciones de directivos de vasta experiencia", dijo.

En esa misma línea, Iván Vuskovic (PC), afirmó que "no me parece bien que las medidas sean tan estrictas para unos y para otros las medidas no sean así. En este caso, se fue bien estricto con dos funcionarios muy antiguos de la municipalidad, y en otros casos, no se ha actuado de la misma manera. Por tanto, a mí me preocupa que no tengamos una cierta coherencia general sobre cómo hay que comportarse a propósito de los sumarios".

Por su parte, desde el punto de vista parlamentario, tanto el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), como Andrés Celis (RN), realizaron diversos cuestionamientos a los resultados de la investigación llevada a cabo por el municipio, donde apuntaron a la defensa o "blindaje" que el alcalde Sharp estaría haciendo a quienes provocaron el incendio del edificio municipal, así como también una violación al "secreto de sumario".

En ese sentido, el UDI Osvaldo Urrutia señaló que "el hecho de reabrir un sumario habla de que el alcalde está tratando de esconder un actuar negligente, y casi cómplice, que tuvo en el juicio penal donde no llegó a la audiencia y quedaron fuera, por lo que el culpar a dos funcionarios por un hecho de corte delictual y casi terrorista, es simplemente para no quedar con el peso en la conciencia de que trataron de blindar a los encapuchados que la justicia condenó. Es lamentable que se culpe a personas, para instalar a sus operadores políticos".

En esa misma línea, el diputado Andrés Celis lamentó que el municipio de Valparaíso haya incurrido "en una nueva ilegalidad" en este procedimiento. "O sea, no solo lo dilató y saltó los decretos ya dictados, sino que ahora, sin estar ejecutoriado el proceso, entrega información reservada con lo cual viola el secreto de sumario y vulnera la presunción de inocencia de dos funcionarios públicos. Es increíble que uno tenga que llegar a denunciar a Contraloría las irregularidades para que el alcalde sacara al fin una decisión, de cuyo fondo no me pronunciaré porque no está ejecutoriada la medida y mientras eso no pase, debemos respetar la dignidad y honra de los funcionarios".