Alexis Paredes R.

Tras una serie negociaciones y acuerdos políticos para extender el convenio de programación entre el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y el Ministerio de Vivienda (Minvu), denominado "Saneamiento e Infraestructura para sectores vulnerables", finalmente Hacienda autorizó la modificación para ejecutar la iniciativa hasta el 2025, por un total de $ 31.321 mil millones, destinados a solucionar la problemática de los campamentos, con un catastro que supera los 165 asentamientos que no están regularizados, el más grande de todo el país.

El visto bueno del gobierno llega en un momento clave, ya que el acuerdo original entre ambas entidades se firmó en 2013, por $ 25 mil millones, y expiraba este año. De dicho monto se ejecutó menos del 10%, con el serio riesgo de perder los recursos destinados a las familias más vulnerables de la región, que están en tomas ilegales o terrenos no regularizados. De esta forma, el Minvu hará un aporte total por $ 20.212 millones (65%) y el Gore por $ 11.109 millones (35%), en un plazo de siete años, con una glosa estipulada según cada ejercicio presupuestario.

El convenio da cuenta que "será responsabilidad de estas instituciones asignar prioritariamente sus recursos regulares para la ejecución del programa convenido".

La seremi Minvu, Evelyn Mansilla, quien como core trabajó en esta materia, recalcó que "durante los cuatro años de administración del pasado gobierno, se avanzó sólo en la ejecución de un 7%".

Acusó además que "hubo falta de voluntad política por parte de las autoridades de la época, en cambiar o mejorar este convenio, ya que se trataba de un documento que no permitía proyectar adecuadamente las inversiones que se requerían".

Por tal motivo, Mansilla resaltó que, con el nuevo convenio, "hoy podemos darle la tranquilidad a las familias, ya que el convenio seguirá vigente hasta el año 2025 y trabajaremos con todas las personas que se encuentran en situación de campamentos y están dentro de este acuerdo. Lo que permite esta modificación es la reprogramación del convenio, considerando las etapas y tiempos requeridos para su correcta ejecución".

Sobre la extensión del convenio, el diputado Marcelo Díaz comentó que es clave para el saneamiento de los campamentos. Destacó que "las dirigentas habían hablado conmigo respecto a la importancia de la renovación de este convenio, tuvimos muchas conversaciones con el ministro de Hacienda y el director de Presupuestos, quien me confirmó el martes, incluso me envió copia del decreto, que renueva este mandato y establece recursos indispensables para seguir avanzado en la solución de la gente que vive en campamento. Feliz por esta noticia y la gente de los campamentos, que estaba muy angustiada por esto y ojalá que nos permita acelerar las soluciones que esa gente merece, después de décadas de espera".

Díaz espera que esta prolongación de años para ejecutar los recursos se traduzca en "lo que partió haciendo la Presidenta Bachelet este año, entregando títulos de dominio al Campamento Manuel Bustos, pero que podamos resolver situaciones de otros campamentos, como el Felipe Camiroaga, los de Valparaíso, en Limache y otras comunas de la región. El desafío es que la región deje de ser la que tiene más campamentos en Chile y el más grandes del país, para ello estos recursos son indispensables".

El presidente de la Comisión Campamentos del Core, Juan Arriagada (DC), precisó que, debido a que el convenio celebrado el 2013 expiraba este 6 de diciembre, el Core realizó las modificaciones hace 8 meses, "pero luego comenzó el trámite administrativo en los ministerios en Santiago, siendo necesario golpear puertas a todo nivel respecto a la urgencia de que esto se firmara y se aprobara".

Los siete años del nuevo convenio, afirmó Arriagada, se explican porque "las condiciones de regularización in situ, vía radicación o postulación, son tiempos extensos, lo mismo que una serie de reglamentación legal".

Sobre el escaso avance en estos 5 años y el serio riesgo de perder los recursos asignados, Arriagada reconoce que "producto de la tramitación burocrática, la ejecución de este convenio llegó al 7 % y no está a la altura de lo que el Gore ha demostrado como preocupación. Actuaremos como un observatorio permanente de la ejecución de este convenio, con un diálogo permanente con las unidades ejecutoras, ya sea municipios o Serviu, y una batería de propuestas que complementan este documento, como la creación de un banco de terrenos fiscales y evitar que los recursos se pierdan"

Añadió que en la nueva versión "se incorporó un nuevo catastro de campamentos, ya no son 45 sino que se abre y posibilita incorporar a nuevos comités. Se trata de un convenio único en Chile y que servirá de modelo a otras regiones".

Enmarcado en una política regional de vivienda que aún no existe, se apunta a ubicar terrenos, adquirir y factibilizar predios, urbanizar zonas y facilitar la postulación vía Serviu a la vivienda. "Esperamos terminar con el triste récor de ser la región con más campamentos en Chile. Se busca alcanzar la solución en todos aquellos terrenos urbanizables, radicando a las familias y una política de cierre, ya sea erradicando o con áreas verdes para impedir una nueva ocupación".

Para la vocera de los 23 comités de vivienda del campamento Manuel Bustos, María Medina, mientras espera que Contraloría tome razón de la modificación al convenio, aseveró que "es algo que estábamos esperando, hablamos con muchas autoridades, algunas nos recibieron para hacerle el seguimiento al ministro de Hacienda y manifestarle nuestro problema".

La dirigenta reconoció que "nuestro temor era que este Gobierno, como está haciendo reajustes y una baja en el presupuesto del 2019, también nos podía dejar sin recursos a nosotros". Añadió que, pese a la baja ejecución del convenio anterior, en el caso de la Manuel Bustos, el campamento más grande de Chile con 1.200 familias, era necesario "seguir el conducto regular, se realizó un arduo trabajo, pero no se hacían las obras de confianza porque primero había que tener los documentos. Se ha avanzado bastante en estos 25 años, desde el 2008 que comenzamos a gestionar".

En dicho asentamiento, parte de los terrenos eran del Serviu (600 familias), otro porcentaje (240) en terrenos de diversas reparticiones públicas y también de privados. En marzo pasado, 100 familias recibieron los títulos de dominio y otra cantidad similar espera tenerlos antes de fin de año.

"Nuestro temor era que este Gobierno, como está haciendo reajustes y rebaja en el presupuesto, también nos podía dejar sin recursos"

María Medina, Vocera campamento M. Bustos"

"Por la tramitación burocrática, la ejecución de este convenio llegó al 9%, no está a la altura de lo que el Gore ha demostrado como preocupación"

Juan Arriagada, Comisión Campamentos Core"

millones es el nuevo monto del convenio Minvu-Gore para campamentos, que se ejecutará hasta el 2025. $ 31 mil

campamentos tiene catastro el Serviu en la región, cifra que es superior según datos del Consejo Regional. 160

familias viven actualmente en el campamento Manuel Bustos, en proceso de regularización. 1.200

"

Hoy podemos darle la tranquilidad a las familias, ya que el convenio seguirá vigente hasta el año 2025"

Evelyn Mansilla, seremi Minvu, sobre la extensión del convenio entre el Gore y Minvu