Claudio Ramírez

A poco más de cuatro años desde que comenzó a aplicarse la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, que reemplazó a la Ley de Quiebras, en la Región de Valparaíso se han realizado 880 procedimientos, lo que equivale al 6,6% del total a nivel país (13.196).

En el balance -con cifras hasta el tercer trimestre de este año- en la zona se han efectuado 294 procedimientos de renegociación de personas y 381 de liquidación de bienes. En cambio, en el caso de las empresas, sólo 15 se han acogido a la reorganización, mientras que 190 se han liquidado en el marco del proceso.

Al analizar la cifras, la coordinadora regional de la Superintendencia de insolvencia y Reemprendimiento (Superir), María Soledad Meneses, indica que la cantidad de personas que hace uso de esta herramienta va en alza, recordando que existen requisitos para acceder a la misma.

"Ha sido bien aprovechada por las personas que habitan la región, lo que se refleja en el número de procedimientos que tenemos y en la cantidad de personas que se atienden con nuestros ejecutivos y que aumenta día a día", comentó la abogada.

Pese a ello, reconoce que ya transcurridos los primeros años desde que entró en vigencia la nueva legislación, hay que plantearse nuevos desafíos. Uno de ellos es aumentar la cobertura al interior del territorio.

"Creo que el desafío es mantener el buen número que tenemos y tratar de que las personas más alejadas a Valparaíso también puedan acceder a los procedimientos de la ley 20.720", remarca la profesional.

Asimismo, destacó la efectividad de un sistema concursal que permite que una persona que ingresa siendo moroso, salga siendo un deudor al día, en la gran mayoría de los procesos. Y explica que para los acreedores resulta importante recuperar sus acreencias sin necesidad de recurrir al sistema judicial ni a los costos asociados a esto en el proceso de renegociación, lo que se traduce en un procedimiento equilibrado y beneficioso para ambas partes.

En el caso de las empresas llama la atención a nivel país, y específicamente en la zona, la baja cifra de iniciativas que logran reorganizarse y que en los cuatro años sólo ha llegado a un número de 15.

"La normativa siempre es perfectible. Ese punto es muy importante, porque la reorganización tiene un elevado costo, y eso hace que muchas empresas no opten por ese procedimiento", dijo.

Añadió que teniendo "en consideración a las personas que se pueden acoger a la renegociación, es importante normar de mejor manera el caso de las boletas de honorarios que emiten las personas naturales y que en la actualidad la ley las considera empresas. Yo creo que ese punto limita mucho la accesibilidad al procedimiento de renegociación de persona natural".

En este ámbito, también destaca lo importante que resulta contar con una herramienta para hacer un cierre formal de la empresa.

Ello considerando que un cierre informal trae como consecuencia hechos negativos, como los intereses que se generan por los créditos impagos y que siguen aumentando. Además, se limita el acceso al crédito, al quedar registrados como deudores y también se deterioran las relaciones comerciales con los proveedores.

A su vez, no se resuelve la situación laboral de los trabajadores y el no pago de los impuestos asociados a la empresa y, finalmente, el no término de giro de la misma, lo que no permite reemprender.

En cuanto a las características del deudor regional que concurre a la Superintendencia a plantear sus problemas, la coordinadora manifestó que tiene un promedio de 48 años, con un monto adeudado cercano a los $ 20 millones y que en su mayoría las personas que acuden a la Superintendencia son mujeres.

"Creo que el desafío es mantener el buen número que tenemos y tratar de que las personas más alejadas a Valparaíso también puedan acceder"

María Soledad Meneses Coordinadora Regional Superir"