Cristián Rodríguez F.

Como "ventanas de tolerancia" calificó el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso (Urac), Claudio Rebeco, las distintas licencias que existen en la Ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia -promulgada en abril de 2016-, y que irían en sentido contrario al espíritu de la normativa, que vino a modificar por completo la forma en cómo se desarrollaban las campañas políticas y las elecciones en el país.

Este jueves, en el marco del seminario "Experiencia y desafíos en el financiamiento de la actividad política en Chile", realizado en la Fiscalía Local de Viña del Mar, Rebeco dio cuenta de una serie de aspectos que a su juicio debiesen ser modificados a fin de evitar que se cometan mayores irregularidades en los distintos comicios.

Entre ellos, indicó el fiscal, está el hecho de que los delitos electorales tienen una prescripción de sólo dos años y no de cinco, como la mayoría. Lo anterior, de acuerdo a lo que expuesto en el seminario, podría afectar la persecución penal, puesto que además de los plazos que demora el Servicio Electoral (Servel) para revisar las cuentas de los candidatos, la nueva normativa dispone que los administradores electorales sólo deberán conservar por un año la información sobre gastos y aportes privados.

"Desde una posición académica y de interés del Ministerio Público para mantener vigente por más tiempo la acción penal y así poder perseguir estos delitos, creo que un plazo de prescripción de cinco años sería lo más saludable desde el punto de vista del bien jurídico y del interés social que está detrás de estos delitos", aseguró a este Diario el fiscal Rebeco.

Otra de las "ventanas" a las que hizo referencia el persecutor apuntan al financiamiento electoral. Y es que de acuerdo a la Ley 20.900, sólo se sancionará a un candidato cuando éste haya sobrepasado en un 40% el límite del gasto; de lo contrario, el castigo se traduce a una pena administrativa.

"Esa es una decisión de los legisladores. Ellos han sancionado con una pena privativa de libertad cuando haya un uso excesivo, pero partiendo en un 40% sobre el límite permitido. Y eso me parece que puede revisarse a partir de la configuración de un único delito, pero con un marco de pena bastante más alta, es decir, partiendo de una de menor entidad a una mayor dependiendo del exceso en que se incurra", sostuvo el fiscal.

A dichas situaciones se suman otras como la exclusividad que tiene el Servel para presentar querellas frente a eventuales irregularidades -tal como ocurre con el Servicio de Impuestos Internos (SII)-, o la misma facultad que tiene el servicio para no denunciar un aporte otorgado por una persona jurídica -acción que está prohibida- si es que no sobrepasa las 50 UF y la contribución se considera "aislada" y que no es "habitual".

"Efectivamente, tenemos una normativa que envía un mensaje potente en términos de robustecer la democracia a partir de la necesidad de contar con un proceso electoral puro, transparente y que limite el gasto. Hay evidentemente más control y uno lo agradece. Pero todos estos temas entendemos que pueden ser perfectibles", expuso el fiscal.

Conocida las aprensiones del Ministerio Público, el director nacional del Servel, Raúl García -quien también participó del seminario-, coincidió en que la normativa debe ser perfeccionada de cara a las elecciones de 2020, donde debutarán las de gobernadores regionales (ver nota relacionada).

Pero además, el jefe del servicio aseguró que en los próximos días darán a conocer las modificaciones para que sean discutidas en el Parlamento.

"Sin duda que hay aspectos que deben ser perfeccionados. Hay algunas materias que requieren de mayor análisis y eventualmente de modificaciones legales, que apuntan a tener un sistema democrático y electoral más afinado y puro. Y para eso hemos tenido conversaciones con el poder Ejecutivo y el Congreso para comenzar a analizar lo que ha sido la implementación de la ley. Ya tenemos conclusiones y propuestas, que esperamos presentarlas de manera formal en el Congreso durante los próximos días", aseguró García.

En el detalle, el director del organismo precisó que "las conclusiones que hemos sacado fundamentalmente dicen relación con el sistema de aportes y de rendición de la contabilidad electoral, y de las escalas de multas y sanciones que se aplican", agregando que "nos parece que el rango mínimo de las multas en algunos casos es bastante elevado considerando la experiencia infraccional que tuvimos en el último ciclo electoral".

"Una prescripción de cinco años en delitos electorales sería lo más saludable desde el punto de vista jurídico y social"

Claudio Rebeco, Fiscal Unidad Anticorrupción"

"Hay conclusiones y propuestas que esperamos presentarlas al Congreso durante los próximos días"

Raúl García, Director nacional del Servel"

Financiamiento y límite de gastos de gobernadores regionales

Respecto a la primera elección de gobernadores regionales -hoy conocidos como intendentes- programada para octubre de 2020 -en paralelo a las municipales-, el jefe de la División de Fiscalización de Gasto y Propaganda Electoral del Servel, Osvaldo Maldonado, explicó ayer a este Diario que en materia de financiamiento se analizará los resultados de la última elección de senadores.

"Al inicio del periodo de campaña se va a analizar como un espejo lo que fueron las senatoriales, en materia de votación que los partidos tuvieron en los respectivos territorios electorales", comentó el profesional.

En esa línea, Maldonado explicó que los partidos nuevos o los que no hayan competido en la última elección de senadores, recibirán un financiamiento equivalente a lo que obtendrán los partidos con la menor votación, como se hizo durante las últimas parlamentarias.

"Recordemos que las senatoriales son pares e impares, por lo tanto el servicio tendrá que mirar ambos procesos para ver la cantidad de votos que los partidos obtuvieron y así determinar cuál es el menos votado, y con eso otorgarle dicho financiamiento a los partidos nuevos que lleven candidatos", indicó el jefe de división.

En tanto, sobre el límite que tendrán los postulantes para gastar durante toda la campaña, Maldonado explicó que "la norma está fijada por ley y también es un factor que obedece a un costo fijo más uno variable en función de la cantidad de electores que existan en el respectivo territorio electoral".

Me parece que hubo fuerza desproporcionada. Oficié al INDH, al jefe de la Quinta Zona y Gobernación para determinar responsabilidades"

andrés celis, diputado, sobre intervención de Carabineros en dependencias de la UV