Los dos chilenos condenados por la muerte de un malasio saldrán en libertad, pero no podrán abandonar Malasia hasta que se resuelva un recurso de apelación presentado por la Fiscalía. Felipe Osiadacz, oriundo de Concón, y Fernando Candia fueron trasladados ayer desde la cárcel hasta un centro de detención de inmigrantes en Kuala Lumpur, tras cumplir su condena de dos años de cárcel, reducida a algo más de 15 meses.

Los chilenos llegaron en un furgón policial junto con otros detenidos y Osiadacz expresó desde el vehículo su desconocimiento de los trámites a los que tienen que someterse en los próximos días. Su abogada, Venkateswari Alagendra, dijo a la agencia de noticias EFE que los chilenos quedarán libres cuando las autoridades pongan sus visados en regla, lo que llevará unos días, aunque los pasaportes quedarán en custodia del tribunal y ellos no podrán abandonar el país. No obstante, al cierre de esta edición se evaluaba la posibilidad de que salieran libres en la jornada.

En calidad de testigo declaró ayer el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en el marco de las indagatorias ligadas a un presunto tráfico de armas al interior de la institución castrense.

Tras la cita, el fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, a cargo de la investigación, señaló que solicitó al Ejército toda la información relativa a la pérdida, robo o extravío de armas y descartó que otras ramas de las Fuerzas Armadas estén involucradas en el delito.

"Ese ámbito estaría involucrado a funcionarios del Ejército de Chile", dijo Guzmán al ser consultado respecto a las palabras de Martínez en un audio filtrado por The Clinic, en el que el general apuntó a las otras instituciones castrenses como también responsables del presunto tráfico de armas.

Tras la toma de declaración a Martínez, el persecutor señaló que "se le tomó declaración en calidad de testigo" y aseguró que "ha brindado toda la colaboración con la investigación".

El fiscal informó que "junto con esta diligencia también se realizaron otras en estas dependencias, toda vez que de su declaración surgieron antecedentes que inmediatamente fueron atendidos". Entre éstas figuran "tanto declaraciones como también revisión de documentación de la cual han surgido algunas diligencias".

Guzmán también dijo que el Ejército "está solicitando nuevos plazos para poder responder a requerimientos que ya habíamos enviado la semana pasada" y que la declaración de Martínez permitió activar otras diligencias como la solicitud al Ejército de toda la información relativa a la pérdida, robo o extravío de armas en todas las unidades del país.

"La resolución del fiscal nacional nos otorga competencia para realizar diligencias en todo el país y también para asumir todas aquellas investigaciones que estén vinculadas con estos hechos. En ese sentido se ha requerido al Ejército la información de las distintas unidades del país vinculada a pérdida, robo y extravío de armamento particular de sus funcionarios", dijo el fiscal.