Luego de un nuevo vuelco en el caso Catrillanca, que contradice la versión que aseguraba que la tarjeta de memoria donde se grabó el mortal operativo había sido destruida, el Gobierno salió ayer a respaldar al general director de Carabineros, Hermes Soto.

"Dos palabras que motivan el interés de nuestro Gobierno en el caso del fallecimiento del joven comunero Camilo Catrillanca, verdad y justicia. Estos son los principios que tiene que indagar el Ministerio Público (...) para que se sepa lo que realmente sucedió detrás de este asesinato, para que existan los responsables de este hecho delictual y criminal", dijo la ministra vocera, Cecilia Pérez.

Consultada sobre en qué pie queda Soto tras esta revelación del abogado Javier Jara, defensor de Raúl Ávila, acusado de cortar la memoria de la cámara GoPro utilizada el operativo, señaló: "El general director cuenta con la confianza del Presidente de la República".

El aludido Piñera, en una actividad en Rancagua, también tuvo palabras para Carabineros: "Quiero expresar mi gratitud, mi aprecio a Carabineros de Chile y por supuesto condenar con toda la fuerza del mundo a esos pocos que se apartan del juramento, que no cumplen con su deber".

"No podemos confundir la mala actuación de unos pocos con lo que es Carabineros de Chile, una institución por la cual yo tengo el mayor aprecio y una gran gratitud", agregó Piñera.

Por otro lado, ayer el Gobierno solicitó procesar al ex general director de Carabineros Bruno Villalobos por su eventual responsabilidad en la muerte de un estudiante, ocurrida en febrero de 1985, tras un operativo policial en Los Andes.

El ex jefe de la institución es sindicado como presunto autor de torturas a Patricio Manzano, causa que sustancia el ministro en visita de la Corte de Apelaciones Mario Carroza.

El estudiante habría sido golpeado por carabineros, lo que derivó en su muerte producto de un paro cardiorrespiratorio.

Aborto: TC declara inconstitucional reglamento

Por ocho votos contra dos, el Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto en tres causales. La resolución se conoció luego que durante la jornada se realizaran los alegatos sobre el requerimiento presentado por diputados y senadores de Chile Vamos en contra del decreto supremo que aprueba el reglamento sobre la objeción de conciencia.

Desde el oficialismo acusan que el reglamento, del cual la Contraloría General de la República hizo toma de razón, vulneraría la autonomía, la libertad de asociación y de conciencia de instituciones de salud que suscribieron convenios con el Estado.

La sentencia definitiva del caso será expedida y notificada a más tardar el 18 de enero del 2019.