La habilitación del Presidente Evo Morales para las elecciones del próximo año provocaron ayer un paro nacional y protestas callejeras en las principales ciudades de Bolivia.

El Tribunal Supremo Electoral habilitó el martes al Mandatario para que sea candidato de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), en las elecciones primarias del 27 de enero de 2019 y en las elecciones generales de octubre del próximo año.

La protesta ciudadana fue organizada por movimientos cívicos y los colectivos políticos reunidos en "Bolivia dijo No". Paralizó el tráfico de vehículos en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz y otras ciudades.

Una decena de ciudadanos amanecieron tendidos encima de cruces en el acceso a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, en las inmediaciones de la Plaza Avaroa de la ciudad de La Paz. "Estamos indignados por lo que hizo el tribunal al habilitar la candidatura de Evo Morales", justificó uno de ellos al canal Unitel.

"El voto de la gente está por encima de la Constitución y las normas internacionales. El tribunal electoral no respetó el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que se pronunció por no habilitar a Evo Morales para las elecciones del próximo año", dijo el senador Arturo Murillo, de la centroderechista Unidad Nacional (UN).

La opción del "no" a la reelección de Morales obtuvo un 51,3% en el referéndum. Sin embargo, el MAS logró una sentencia del Tribunal Constitucional que lo habilitó, en noviembre del año pasado, para una reelección indefinida en base al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos.

El ministro boliviano de Justicia, Héctor Arce, en audiencia pública el miércoles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), justificó la habilitación de Evo Morales, mientras la oposición boliviana y organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y la Fundación Observatorio de Derechos Humanos aguardan su emisión antes de octubre de 2019 para neutralizar el prorroguismo del MAS hasta 2025.

"Brexit": May no descarta que los diputados decidan sobre la garantía

La Primera Ministra británica, Theresa May, dijo ayer que dialoga con los diputados sobre la salvaguarda del "brexit", pensada para evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte tras la salida del Reino Unido de la UE y no descartó que sean ellos los que, en su momento, decidan si se activa o no. Esa "garantía" está contenida en el acuerdo del "brexit" aprobado por la UE y que será votado en la Cámara de los Comunes el próximo 11 de diciembre.