En su tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto de ley que reajusta en 3,5% los sueldos de los funcionarios públicos y congela un alza para los sueldos de los altos cargos de la administración del Estado. Por 126 votos a favor, 2 en contra (Florcita Alarcón y Pamela Jiles) y sin abstenciones, los parlamentarios aprobaron la iniciativa que contempla el incremento, que representa 0,6 % real, además de asignaciones de bono de escolaridad, transporte y aguinaldo, entre otros beneficios.

La propuesta, despachada en primer trámite el martes, fue analizada ayer a la luz de dos cambios acotados que realizó el Senado, que perfeccionaron normas introducidas al texto por la Cámara y que se relacionan con los asistentes de la educación.

Los diputados definieron que los asistentes de la educación que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, así como en las provincias de Chiloé y Palena (Región de Los Lagos) tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días hábiles. El Senado complementó esta disposición agregando al listado la Región de Arica y Parinacota y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.

Además, se precisó la redacción de la norma relativa a la entrada en vigencia (1 de enero de 2019) de algunas medidas contempladas en la Ley 19.464, que establece normas y concede aumento de remuneraciones para el personal asistente de la educación.

Previo a la votación final, el debate estuvo marcado por el nivel de los salarios de diputados y senadores. El diputado Mario Venegas (DC) expresó que "tengo un matiz con aquellos que hacen muchas veces propuestas para la galería, para quedar bien. ¿Por qué no nos planteamos llevar el salario mínimo al menos al límite de la línea de la pobreza ($ 420 mil)?". El diputado independiente Pepe Auth agregó que "nadie protestaba por los ingresos de los parlamentarios hace 20 años".

Por su parte, el diputado de RD Giorgio Jackson comentó que "sinceramente me alegro que año a año vayamos ampliando la conciencia sobre los desajustado que está nuestro sueldo respecto de la realidad nacional y en comparación con los Parlamentos a nivel internacional".

El diputado Alejandro Santana (RN) valoró el acuerdo al que arribaron el Ejecutivo y los funcionarios públicos y destacó que La Moneda "decidió no innovar" en el incremento de los sueldos de las más altas autoridades, dejándolo con un incremento nominal de cero puntos. "Políticamente hubo una posición del Ejecutivo y eso fue lo que prevaleció en la Cámara", agregó.

"Es un proyecto que muchas veces produce dificultad y ahora salió en una discusión que yo creo que fue razonable, argumentada y que en definitiva nos permite tener una ley de reajuste", comentó el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

es el porcentaje de reajuste para los sueldos de los trabajadores públicos aprobado por el Congreso. 3,5%

millones perciben en promedio, en la actualidad, los diputados y senadores del Congreso Nacional. $ 9

La industria solar estadounidense culpó a los aranceles por los retrasos y cancelaciones en importantes proyectos de energía solar.

Un estimado de US$ 8 mil millones en proyectos a escala de servicios públicos fueron cancelados o suspendidos durante cinco años, hasta el 2022, de acuerdo con un reporte de la Asociación de la Industria de la Energía Solar y Mackenzie Power & Renewables citado ayer por AP.

El reporte dice que 9 mil empleos, la mayoría en construcción e ingeniería, se perdieron o no se crearon debido al tema de los aranceles.

En enero, el Presidente Donald Trump impuso impuestos de hasta 30% en la mayoría de las celdas solares importadas que se usan para los paneles, con la idea de impulsar el mercado interno. El arancel disminuirá antes de quedar eliminado por completo después de cuatro años.

Previo al anuncio se cancelaron varios proyectos porque instaladores, bancos y consumidores de energía desconocían qué tan altos iban a ser los aranceles, de acuerdo con Dan Whitten, vocero de la Asociación de la Industria de la Energía Solar, el principal gremio del sector. "La gente decidió no seguir adelante con los proyectos debido a la incertidumbre", dijo el ejecutivo.

Pero los analistas en Wood Mackenzie están esperando que la mayoría de los proyectos atrasados queden en línea para finales de año. El 10% de los paneles solares instalados en Estados Unidos se fabrican en el país, dijo Whitten.

También se impusieron aranceles en materiales utilizados para tal fin, como acero, aluminio y componentes eléctricos, lo que eleva el costo de montar una granja solar.

"La única forma en que somos capaces de entregar proyectos es si somos la alternativa menos costosa a lo que la empresa de servicios está proponiendo para construir ella misma", dijo Bret Sowers, vicepresidente de Desarrollo y Estrategia en Southern Current, que construye granjas solares en el sureste de Estados Unidos. "Cuando suben los aranceles en todo, además de los paneles solares, la industria solar se ve en realidad duramente castigada debido a los componentes que usamos para construir nuestros proyectos".

Southern Current canceló o retrasó US$ 130 millones en proyectos para 2018 y una cantidad similar en 2019.

Con malestar recibieron las 109 pequeñas, medianas y grandes empresas del sector pesquero reunidas en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.), la notificación de que, el miércoles, la Comisión de Pesca del Senado acordó con el Ejecutivo la fusión del proyecto de Ley Corta que presentó el Gobierno con otras demandas del sector artesanal que buscaban tramitar los senadores.

En la sesión, el presidente de la comisión, Rabindranath Quinteros (PS), aseguró que no se acogerían las 15 solicitudes de audiencia que habían llegado y que se procedería a la votación directa en la sala. "Esto es un hecho gravísimo, ya que se está dejando de escuchar a los involucrados y afectados con esta iniciativa. Además, se está tomando una decisión sin oír a los técnicos ni a los expertos", aseguró el gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, a través de un comunicado de prensa.

"Se está negando la posibilidad de que todos los sectores se pronuncien respecto del proyecto, vulnerando uno de los principales estándares democráticos en la tramitación de leyes. Es algo inédito y que preocupa a las empresas y sus trabajadores", agregó.

Según el gremio, desde que comenzó la idea de modificar la actual Ley de Pesca, la industria "ha intentado sentarse a conversar con el Ejecutivo para poner sobre la mesa los temas que realmente afectan al sector, como la sustentabilidad y la pesca ilegal, pero no se nos ha escuchado". "Es primera vez que un ministro de Economía se mantiene ausente de la discusión de un proyecto que afecta enormemente a un sector económico y que emplea a casi 100 mil personas con trabajos de calidad", enfatizó Bacigalupo.

Sonapesca criticó que el proyecto pase a votación sin un periodo de audiencias que permita que los sectores artesanal, técnico e industrial puedan manifestar su visión respecto del mismo. "Esto muestra que la Comisión de Pesca del Senado se transformó en una cocina legislativa", manifestó Bacigalupo.