La abogada de la líder opositora Keiko Fujimori, Giuliana Loza, ha sido incluida en el caso de presuntos aportes irregulares en campaña abierto contra la excandidata presidencial por presunta obstrucción a la justicia, según confirmó ayer la profesional.

Loza será investigada por el fiscal José Domingo Pérez junto a los también abogados Arsenio Oré, Edward García, Luis Lazo y Danae Calderón, así como el exasesor de campaña Vicente Silva Checa y la propia Keiko Fujimori por pretender obstruir la justicia.

"Quiero denunciar un nuevo atentado contra la defensa de #KeikoFujimori. A solo 48 horas de la audiencia de apelación, quieren dejarla sin defensa", escribió Loza en su cuenta de Twitter acompañado de un mensaje grabado en vídeo.

Precisamente, mañana, Loza debe sustentar la apelación a la orden de detención preventiva, por 36 meses, contra Fujimori ante la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones en Lima.

"He sido notificada que el fiscal José Domingo Pérez me ha incluido formalmente en la investigación del mismo caso por ser supuestamente miembro de una organización criminal que habría obstruido la justicia", indicó la abogada en su mensaje.

De acuerdo con la información preliminar del caso, los abogados incluidos en la investigación formarían parte de un mismo estudio que entraron en contacto con los presuntos falsos aportantes a la campaña de Keiko Fujimori para pedirles que mantengan la versión de que entregaron donativos de dinero en 2011.

"Más allá de estos absurdos cargos que enfrentaré sin problemas en las instancias correspondientes, quiero advertir esta burda maniobra del fiscal para obstruir, deslegitimar y dejar sin defensa a Keiko Fujimori", afirmó Loza.

Fujimori afronta en prisión las investigaciones por haber recibido aportes no declarados en su campaña electoral del 2011, de empresas como la brasileña Odebrecht, e intentado registrarlos como dinero de falsos aportantes.

Junto a ella son investigados por lavado de dinero, su esposo Mark Vito, y una decena de asesores y colaboradores a raíz de los testimonios de al menos dos legisladores de la bancada fujimorista y otros allegados, que ratificaron haber buscado falsos aportantes para registrar los millonarios aportes de fuentes no declaradas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Óscar Ojea, se reunió ayer con una treintena de representantes sindicales, sociales y empresarios del país, que le entregaron un documento en el que dieron cuenta de la "grave situación" social que atraviesa Argentina.

Según indicaron a Efe fuentes del Episcopado y de la organización eclesiástica Pastoral Social, Ojea agradeció y valoró la iniciativa llevada a cabo por representantes sindicales de la CGT y la CTA -las dos mayores centrales sindicales del país-, y pequeños y medianos empresarios de diversos sectores como el agrario, que atraviesa una crisis en la actualidad.

El documento, cuyos detalles de su contenido no trascendieron, lleva por título "Una Patria fundada en el trabajo y la solidaridad" y según la CEA quiere ser una contribución "para concientizar sobre la grave situación social" que se vive en el país.

El presidente de la Conferencia Episcopal argentina indicó que dialogará "con los sectores que puedan aportar a la solución de los graves problemas planteados en la carta" y se comprometió a tratar dichos temas en su trabajo.

A la reunión también acudieron el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, Emilio Inzaurraga, y el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones.