La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de protección ingresado por residentes del edificio Vista Mar, quienes aseguraban que el acopio de contenedores que aceptó la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) en terrenos ubicados entre calles Carrera y Rodríguez vulneró garantías constitucionales al provocar contaminación acústica y lumínica durante un largo periodo.

El conflicto surgió el fin de semana largo de septiembre, cuando la restricción de acceso a Santiago, el incremento del tránsito de contenedores y los cuatro días (16, 17, 18 y 19) en que el gremio del transporte no realizó retiro de cargas provocaron el acopio de cerca de 300 unidades en la costanera. Los vecinos del edificio, representados por José Antonio Riveros, ingresaron un recurso de protección para evitar que se repita la situación.

Sin embargo, el tribunal de alzada desestimó la acción, que consideró sin fundamento.

Cristián Rojas M.

A primera hora de ayer, un grupo de encapuchados cortó el tránsito en la avenida Errázuriz y protagonizaron enfrentamientos con la policía, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (UV), tras lo cual la rectoría del plantel ordenó una investigación.

Mediante una declaración pública, la Facultad de Derecho de la UV expresó su "más absoluta condena a los hechos de violencia que han protagonizado sujetos encapuchados desde el interior de nuestro edificio, lanzando proyectiles a los numerosos vehículos que circulaban a esa hora por Avenida Errázuriz, poniendo en riesgo la integridad física y la vida de personas, completamente ajenas a los motivos de sus manifestaciones".

En tanto, la rectoría de la UV, también a través de un comunicado de prensa, junto con repudiar los hechos, señaló que "ninguna demanda, por legítima que sea, justifica acciones de este tipo, especialmente cuando se amparan en una toma y con el rostro cubierto".

Además informaron que "la rectoría ha solicitado a las autoridades de la Facultad de Derecho que realice las acciones pertinentes de modo que se esclarezcan estas situaciones y se tomen las medidas correspondientes".

A su vez, el decano de la Facultad de Derecho, Alberto Balbontín, detalló que si se determinan responsabilidades, se podrían aplicar las sanciones que prevé el reglamento "que pueden ser amonestaciones, suspensiones, incluso expulsión, dependiendo de la gravedad de la conducta".

En cuanto a las razones que motivaron la toma y los incidentes, la secretaria de la Facultad de Derecho, Inés Robles, precisó que los estudiantes le señalaron que fue "en apoyo a los pueblos en resistencia", agregando que la toma se sometió a votación y duraría 24 horas, por lo que en la tarde de ayer iban a entregar las dependencias. Añadió que desconoce si todos eran estudiantes.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Estudiantes de la UV, Valeria Verdejo, tras conocer la investigación que ordenó la rectoría, sostuvo que "repudiamos el actuar de la universidad, puesto que las protestas se enmarcan en la solidaridad que las y los estudiantes de la UV llevan a cabo con los distintos conflictos a nivel regional y nacional, como lo es la fallida negociación que tuvieron los portuarios el día de ayer. Una universidad pública tiene que ser de excelencia, pero también tiene que ser parte de los conflictos que atravesamos como sociedad".