El prefecto de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de la Iglesia Católica, el cardenal brasileño João Braz de Aviz, aseguró que el Vaticano ocultó por 63 años los abusos sexuales a menores cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote mexicano Marcial Maciel.

Según dijo a la revista católica Vida Nueva, el miembro del organismo de la Curia Romana aseveró que la sede pontificia tenía antecedentes de los delitos de pederastia de Maciel desde 1943. "Quien lo tapó era una mafia, ellos no eran Iglesia", aseveró el religioso.

"Tengo la impresión de que las denuncias de abusos crecerán, porque sólo estamos en el inicio. Llevamos 70 años encubriendo, y esto ha sido un tremendo error", afirmó respecto de los casos de ataques sexuales que han sido develados en general en la Iglesia.

"El problema actual nos indica que muchas cosas en el pasado se hicieron mal (...) se mentía", añadió.

Marcial Maciel fue acusado de múltiples abusos sexuales a menores de edad y seminaristas. Fue investigado entre 1956 y 1959 por el Vaticano, sin embargo, las indagaciones no prosperaron. El sacerdote contaba con alta influencia en las esferas de poder de la Iglesia Católica y mantenía una estrecha amistad con el Papa Juan Pablo II, quien lo consideraba un "guía eficaz de la juventud".

En 2006, sería Benedicto XVI quien lo enviaría a su retiro de la vida sacerdotal a México, para dedicarse a la "penitencia y oración". Allí murió dos años después, sin haberse arrepentido públicamente por los delitos cometidos.

Recién en 2010, la Santa Sede confirmó los "gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos" de Maciel, luego de que una investigación apostólica determinara la existencia de "testimonios incontrovertibles" que evidencian "verdaderos delitos y manifiestan una vida carente de escrúpulos".

Claudio Abarca / Agencias

El nuevo Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió ayer al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y le comunicó que su país abandonará el pacto sobre migraciones consensuado en el marco de la ONU, informaron fuentes oficiales.

Pompeo asistió el martes a la toma de posesión de Bolsonaro en representación del Presidente Donald Trump y ayer fue recibido por el nuevo jefe de Estado tras una reunión con el flamante canciller brasileño, Ernesto Araújo.

Según fuentes oficiales brasileñas, Bolsonaro le "comunicó" al funcionario estadounidense su intención de "revocar la adhesión de Brasil al Pacto Global sobre Migraciones", una decisión que el líder de la ultraderecha brasileña ya había anticipado, pero que hasta ayer no había comentado en forma tan contundente.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue ratificado el mes pasado en la Asamblea General de la ONU por 152 países, entre los que se incluyó el propio Brasil, aún gobernado entonces por el ahora ex Presidente Michel Temer.

Uno de los países que rechazó adherir al pacto fue precisamente Estados Unidos, cuyo Gobierno consideró que ese tratado impone o podría imponer normas que pudieran afectar su soberanía, las mismas razones que esgrime Bolsonaro para excluir a Brasil.

El nuevo gobernante también expresó, en la cita con Pompeo, su "preocupación" por la situación de Venezuela, que ya había sido abordada por el enviado de Trump con el canciller Araújo.

En ese sentido, el propio Pompeo había informado previamente que con Araújo habían coincidido en que la llegada al poder de Bolsonaro permitirá que los dos países trabajen "juntos contra regímenes autoritarios".

Pompeo también dijo que constató el "deseo profundo" y compartido por Brasil y Estados Unidos de un retorno a la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, "donde las personas tienen dificultades para expresar sus opiniones".

En la jornada, el Presidente Bolsonaro también buscó acercarse a China, a pesar de la distancia política. El Mandatario recibió a Ji Bingxuan, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (órgano legislativo) y enviado especial del líder chino, Xi Jinping, a la investidura del gobernante brasileño.

Aunque aludió a las diferencias ideológicas que pueda haber ahora entre ambos países, Bolsonaro comunicó a China su "intención de ampliar las relaciones bilaterales", extendiendo las áreas de cooperación, que podrían incluir tecnología, agricultura e industria.

Un único detractor del Presidente de Bolivia, Evo Morales, continúa en La Paz con una huelga de hambre por 17 días y está dispuesto a morir en "defensa de la democracia" y los resultados de un referéndum de 2016 que negó la opción de reelección al Mandatario.

El boliviano Henry Rojas mantiene la huelga de hambre en una iglesia de La Paz, a pesar que sus otros cuatro compañeros fueron desertando de esta medida de presión.

"Asumí la determinación de quedarme porque no se puede apagar esta llama de fuego que está encendida en la población que quiere defender la democracia y su voto", expresó ayer a Efe el huelguista.

Rojas pasó estos días en una pequeña habitación donde está colgada una bandera boliviana y un cartel que dice "Viva Bolivia, morir antes que esclavos vivir", una frase del himno del país, además de un colchón en el piso donde descansa.

"Prefiero morir en esta huelga de hambre antes de permitir que Evo Morales y Álvaro García Linera se enquisten en el poder como un cáncer por otros cinco años", aseguró Rojas.

Morales y García Linera, en el poder desde 2006, son los candidatos a Presidente y vicepresidente, respectivamente, por el MAS.

El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, dio marcha atrás y repuso a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez como miembros principales del equipo especial encargado de investigar el caso Odebrecht en su país.

El 31 de diciembre, destituyó a Vela como coordinador del equipo especial de la Fiscalía, y a Pérez, quien lleva adelante investigaciones emblemáticas contra la líder opositora Keiko Fujimori y el ex Presidente Alan García.

La nueva resolución de Chávarry se dio mientras el Presidente de Perú, Martín Vizcarra, llegaba al Congreso para presentar un proyecto de ley que pide declarar en emergencia al Ministerio Público y la renuncia de los dos fiscales que habían sido designados para reemplazar a Vela y Pérez.

El fiscal general había destituido a los fiscales cuando se preparaban para firmar un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con Odebrecht, que aparentemente iba a agilizar las investigaciones, con interrogatorios ya programados sobre los grandes casos de corrupción en el país.

Chávarry tomó esta nueva resolución "en consideración (a) la trascendencia e importancia de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht".

También adujo la necesidad de "transparentar las acciones que desarrolle el equipo especial de fiscales" y la decisión de los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar de declinar al nombramiento que hizo para que reemplacen a Vela y Pérez, respectivamente.

La decisión de Chávarry, cuestionado por sus vínculos con una red de corrupción en la judicatura, se dio tras haber generado el rechazo casi unánime de la ciudadanía, la clase política y la prensa al destituir a Vela y Pérez, fiscales con gran prestigio y popularidad.