Claudio Ramírez

Tras casi 15 años de espera, el proyecto de ley de pago oportuno fue aprobado por el Congreso Nacional. Una tramitación extensa y altamente debatida por el Gobierno y los gremios en las comisiones de la Cámara y el Senado, y que finalmente se zanjó.

Las pymes serán las principales beneficiadas con la normativa que busca evitar que este importante sector de la economía nacional no sea vea perjudicado por un pago excesivamente dilatado en el tiempo y que pone en riesgo la continuidad de los emprendimientos.

"En la Región de Valparaíso son aproximadamente 94 mil pymes las que se verán beneficiadas por esta nueva ley y nosotros esperamos también que la cantidad siga aumentando", comentó el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, quien resaltó que el visamiento de esta iniciativa se complementa con otros parámetros auspiciosos. "Este año ha sido muy bueno en términos de creación de empresas, lo que habla también de que son un motor bastante importante de la economía local. Nosotros debemos trabajar para que las pymes impulsen la región", agregó el personero.

En cuanto al proyecto de ley recuerda que hay medidas concretas de relevancia como la existencia de un plazo certero de pago para las pymes -30 días- y el establecimiento de una comisión moratoria e intereses corrientes por cada día de atraso, una vez que se cumple el plazo establecido.

"Además en régimen estas condiciones corren tanto para el sector público como para el sector privado. En resumen creo que esta ley es un gran paso para dignificar a las pymes y eliminar el 'bicicleteo' de las facturas", subraya.

Otra característica de la legislación y que en su momento fue muy debatida fue la gradualidad en la aplicación. Al respecto, el subsecretario explica que "la cadena de pagos es compleja y se tiene que ir adaptando, por eso nosotros creemos que es prudente, y esto también lo recogimos de la experiencia internacional, que los tiempos se vayan ajustando gradualmente".

Es así que, explica, durante los primeros 24 meses se va a aplicar un plazo de 60 días para, a partir del mes 25, ya empiecen a correr los 30 días. "Pensamos que es un buen mecanismo para que toda la cadena de pagos se adapte a esta ley de manera que ésta sea efectiva en su implementación y que no sea letra muerta", sentenció, justificando además el mayor tiempo de plazo para los municipios y los servicios de salud.

"Como todos sabemos, ellos cargan con una mochila en términos financieros bastante grande y por eso los plazos les van a empezar a regir a partir del mes 29. Se estableció una exención de 28 meses para que durante este tiempo puedan ajustar su cadena de pago", recalca. Uno de los temas complicados en la discusión en el Congreso fue el crédito IVA, visto por las pymes como una medida clave para garantizar el pago. Fue una petición permanente del sector y así lo reconoce el personero.

"Una de las demandas para esta ley era la posibilidad de incluir el crédito IVA, en el sentido que éste no pudiese ser cobrado hasta que la empresa no hubiera pagado a su proveedor, o sea que no se hiciese efectivo. La verdad que implementar esta medida es muy complejo y tenemos que ver operacionalmente la posibilidad de que se lleve a cabo", manifestó.

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