Cristián Rojas M.

Hasta la Biblioteca del Congreso Nacional llegó la coordinadora residente de la ONU en Chile, Silvia Rucks, representante directa del secretario general del organismo para presentar el libro "Desigualdad regional en Chile: Ingresos, salud y educación en perspectiva territorial", editado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que contiene un exhaustivo análisis de la realidad socioeconómica de cada una de las regiones del país.

Con respecto a la Región de Valparaíso, "es de las que tiene los mejores indicadores, no solamente en su posición final, sino también en lo que es la mejora en esta posición", destacó la personera de nacionalidad uruguaya, agregando que "en materia educacional la región presenta una alta tasa de ofertas, vemos hasta gente de la Región Metropolitana que se viene a esta región por esa buena oferta educacional, que no es solamente en el tema de la calidad, sino además en diversidad, y justamente la Región de Valparaíso es una que captura migración de población de otras regiones por esta buena oferta, por la variedad y por la calidad".

No obstante, también hay ciertos déficit, como "en salud, que eso está generalizado a nivel país", remarcó Rucks, al tiempo que hizo notar que esta región "tiene también algunos desafíos en materia de desigualdad de ingresos. Cuando uno va viendo el país, en el norte, por las mineras, hay una altísima concentración de ingresos altos; en las regiones del centro-sur vemos que no, porque son más industriales. De alguna manera, Valparaíso lo que sí presenta es mayor diversidad en su matriz productiva, que eso le ha ayudado, en algunos casos".

- La ONU y el Gobierno están trabajando en áreas estratégicas para avanzar hacia el desarrollo sostenible del país. ¿En qué consiste ese trabajo?

- Es muy interesante, porque especialmente en países de ingreso medio e ingreso medio-alto, que es el caso de Chile, hay mucho desarrollo y muchas capacidades, tanto institucionales, como de conocimiento. Entonces, Naciones Un idas lo que está promoviendo ahora es que los planes estratégicos para el trabajo de ONU en el país se hacen conjuntamente, en discusión y negociaciones con el gobierno. Esto rompe un poquito la tradición, en que antes las agencias venían con ideas, con propuestas, y con recursos también, y bueno, se aceptaba y se trabajaba. Obviamente, ya ha habido una evolución en lo que es la cooperación técnica, entonces el año pasado, desde que asumió el gobierno del Presidente Piñera, hemos estado en conversaciones con Cancillería coordinando y en diálogo con todos los ministros sectoriales, para ver cuáles son las prioridades que identifican ellos para el desarrollo, lo cual lo ponemos en conversación con cuáles son los diagnósticos y las prioridades que identificamos nosotros como Naciones Unidas, que de repente tenemos una mirada un poquito diferente, por el ámbito internacional y por otro tipo de experiencias que traemos a la mesa. En función de eso se llegó a una propuesta, que es un documento que es el marco de asistencia para la cooperación en Chile, que es lo que va a regir todo el trabajo de cooperación de 2019 al 2022.

-¿Y cómo vieron desde la ONU que, en materia medioambiental, Chile se haya restado de firmar el Acuerdo de Escazú?

- Bueno, tengo esperanza que estas son cosas que pueden cambiar en decisión. Lo que conocemos es que Chile toma una decisión, a través de su Gobierno, de no firmarlo en ese momento, si bien es uno de los dos países patrocinadores del acuerdo de Escazú. Ahora, pensemos que en ese momento estaba en una coyuntura muy especial, recién hacía pocos meses que había asumido este Gobierno. Lo que creemos es que, de repente, más adelante, en la medida que se determinen mucho más claramente las líneas de trabajo, haya una posibilidad de que se firme el tratado de Escazú.

-¿Que opina de la situación de Quintero y Puchuncaví, donde incluso mujeres de esa zona pidieron la intervención de la ONU?

- Precisamente lo leí de ustedes, que hicieron una cobertura sumamente interesante de esta ONG (Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia) que viajó a Ginebra, y me parece muy destacable que estén utilizando los mecanismos que corresponden. Me llamó realmente la atención que se trasladaran a Ginebra, a la institucionalidad adecuada. La presentación que están haciendo es en el marco del EPU, que es el Examen Periódico Universal, que justamente es un instrumento que permite presentar recomendaciones. O sea, no sólo ser un poco una foto de la situación de DD.HH. en el país, sino que se le presentan recomendaciones al Estado Chileno para que pueda superar esta situación, y ahí se escucha a las organizaciones de la sociedad civil. Así que muy probablemente esto va a ser considerado en el marco de las recomendaciones y pueda ser trasladado. Pero no es lo único que se puede hacer y también hemos hablado con gente de las instituciones del Estado, incluyendo Gobierno nacional y regional, para ver la posibilidad de establecer algunas mesas de conversación con representantes del sector privado, Gobierno nacional y regional, sociedad civil, y la academia, que tiene tanto para aportar.

- Y más allá de esas mesas de conversación, ¿hay algún compromiso que vaya a pedirle la ONU al Estado de Chile en materia medioambiental?

- Desde que surgió el tema hemos estado en comunicación y en conversaciones, tanto a nivel nacional, como en otras instancias, otras sedes que tenemos como Naciones Unidas a nivel mundial. De hecho, han habido intercambios con algunos de los ministerios y hemos hecho oferta de apoyo y colaboración. Algunas se han tomado, otras no. El Gobierno sabe que las tiene a disposición en caso que las requiera

- Chile también se restó del Pacto para la Migración impulsado por la ONU ¿Cómo ven esa decisión?

- Bueno, obviamente, como coordinadora de Naciones Unidas -yo represento al secretario general en el país- lamenté que esa fuera la decisión del Estado chileno. Especialmente porque, en general, la posición que ha tenido Chile siempre ha sido de adherirse, de alinearse, de respaldar este tipo de propuestas globales que se hacen pensando en mejorar las condiciones de vida de las personas que en estos momentos están especialmente afectados por contextos muy particulares. Pero, además, cuando ya habíamos tenido algunas señales de parte del Gobierno de que consideraba que la propuesta del pacto incluso estaba muy alineada con lo que eran las mismas propuestas del Gobierno para la nueva legislación del país. Y si vemos la resolución final, sólo cinco países rechazaron el acuerdo, y el número de abstenciones también fue muy bajo. En todas las entrevistas que he tenido sobre pacto migratorio se hace un énfasis en los riesgos, las amenazas, los desafíos que implica el pacto migratorio para Chile. Y la pregunta es ¿Cuándo vamos a hacer énfasis y analizar todos los beneficios? Porque yo creo que eso es lo que tiene que hacer cualquier Gobierno. De hecho, el número de ciudadanos chilenos fuera del país todavía es muchísimo más grande que el número de personas extranjeras viviendo en Chile. En la presentación del libro, el senador Guillier explicaba por qué defiende tanto la migración en Antofagasta y decía, por ejemplo, que el 45% de los médicos de la ciudad de Antofagasta, y el 79% de los médicos de Calama hoy son extranjeros. Entonces decía que 'los recibimos con los brazos abiertos porque estén llenando un déficit que el país no están cubriendo'. En Chile hay un déficit de médicos, por eso digo que hay que analizar también los beneficios. Si uno ve los indicadores de educación, los migrantes que han llegado a Chile hasta ahora tienen, en promedio, un año más de educación que la ciudadanía chilena. En muchos casos son profesionales que no están teniendo oportunidades y están saliendo de sus países, entonces hay un enorme valor; nosotros tenemos la información de las grandes contribuciones que hacen las poblaciones migrantes. ¿Eso quiere decir abrir las fronteras para que entre cualquiera? De ninguna manera, de hecho el pacto hasta en su título habla de regulación. La migración tiene que estar regulada y la gente que no cumple con las condiciones que establece el país, obviamente tiene que tener consecuencias. En ningún momento Naciones Unidas podría plantear algo que vaya contra las legislaciones de los mismos países

- Aparte de esgrimir una supuesta falta de regulación para no firmar el pacto, el gobierno también sostuvo que migrar no es un derecho humano. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista?

- Yo creo que fueron algunas personas del gobierno, creo que ahí no hubo una posición gubernamental...

- Pero el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que "para nosotros no es un derecho humano", es decir, hablo a nombre del gobierno...

- Claro, pero después escuchamos al canciller en otra posición. Si vamos a nivel normativo, si uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que se establece es que hay un derecho a la movilidad, en el sentido de que si hay individuos o poblaciones que están siendo severamente afectadas en sus condiciones de vida, incluso poniendo en riesgo esa misma vida, tienen derecho a buscar opciones en las cuales se sientan a resguardo. Entonces, cómo se interpreta ese derecho a la movilidad, ahí es donde entra un poco lo que lee cada una de las personas. Naciones Unidas ha querido promover estas propuestas, pero en consulta con los Estados miembros, y si uno lee todas las páginas del Pacto Migratorio, en ninguna parte se establece un nuevo derecho aparte del que establece la Declaración Universal de DD.HH.

"Creemos que, de repente, más adelante, en la medida que se determinen mucho más claramente las líneas de trabajo, haya una posibilidad de que se firme el tratado de Escazú"."

"Siempre se hace un énfasis en los riesgos, las amenazas, los desafíos que implica el pacto migratorio para Chile. Y la pregunta es ¿Cuándo vamos a hacer énfasis y analizar todos los beneficios?"."