Katherine Escalona M.

La Contraloría Regional de Valparaíso determinó enviar ayer al Ministerio Público la auditoría que realizó al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) -Informe Final Nº 974 de 2018 del 3 de enero de 2019-, donde detectó graves irregularidades en el proceso de licitación, construcción y fiscalización a los proyectos Mirador I y II de San Antonio, entre del 23 de febrero de 2013 y el 31 de octubre de 2018.

La decisión fue tomada por el órgano fiscalizador para aportar a una posible investigación del caso en busca de las responsabilidades penales, dado que en mayo del año pasado el diputado Andrés Celis (RN) realizó una denuncia a la Fiscalía de San Antonio, en la cual solicitó indagar la situación, lo que quedó establecido en el oficio N° 730 que fue remitido al Ministerio Público por la Contraloría Regional.

La importancia de la remisión de antecedentes es porque el informe final sobre la auditoría al programa "Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Tipología Construcción en Nuevos Terrenos, Proyectos Mirador de San Antonio I y II, del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso", da a conocer un total de 19 observaciones por irregularidades graves en la construcción del proyecto de viviendas sociales, por lo cual se mandata un sumario administrativo y se inicia un juicio de cuentas por el pago indebido de más de $ 120 millones.

Dentro de las observaciones más relevantes destaca el pago injustificado por más de $ 35 millones; el pago de $59.091.333 "por el desarme de la estructura de techumbre de 9 edificios"; el trato directo con un arquitecto patrocinante por más de $ 10 millones; el desembolso de $14.689.924 por "pago de intereses por mora del permiso de edificación de las obras"; el extravío y no cobro de una boleta de garantía por más de un millón de pesos y la "contratación de las consultoras Fernando Bustamante Rodríguez y FHS Ingeniería Estructural Ltda., sin estar inscritas en el Registro Nacional de Consultores".

Por los montos que pide ser reparados, la Contraloría presentó una demanda al Juzgado de Cuentas de la Contraloría General de la República para iniciar un juicio de cuentas al respecto.

En mayo del año pasado el diputado Andrés Celis, junto a los afectados por la demora de entrega de las obras, 256 familias que han tenido que esperar más de 10 años para tener su casa propia, concurrieron a la Fiscalía de San Antonio para presentar la denuncia por presuntas irregularidades.

Luego informaron de la situación a la Contraloría Regional y Celis ingresó los respectivos documentos, los cuales fueron acogidos por la entidad fiscalizadora que determinó iniciar una auditoría a Serviu que concluyó con anomalías en relación a la obra y procesos administrativos.

Ante esto, el 15 de enero el diputado ofició el informe al fiscal adjunto jefe de San Antonio Samuel Núñez, y remitió "todos estos nuevos antecedentes para que se sumen a dicha causa porque considero que son esenciales para la investigación que se lleva a cabo por el delito de estafa y asociación ilícita".

Para Celis el informe emitido por Contraloría es determinante porque da cuenta de las irregularidades detectadas y con ello se inician dos procesos claves para las responsabilidades en el caso. El sumario administrativo y el juicio de cuentas.

Sobre la entrega de información a la Fiscalía, el director del Serviu, Tomás Ochoa, dijo que "si de los sumarios administrativos se concluye que existen hechos que puedan acarrear responsabilidades penales, por supuesto que se entregarán todos los antecedentes a la Fiscalía".

En este sentido, Ochoa precisó que "no dudaremos en tomar las medidas que sean necesarias para que hechos como los ocurridos en el Mirador I y II no vuelvan a afectar a nuestros beneficiarios y enloden el trabajo que a diario realizan cientos de funcionarios del Servicio en la región y el país con compromiso, dedicación y con el único fin de mejorar la calidad de vida de las familias".

Referente a los reparos económicos, Ochoa destacó que "si se acredita que existieron funcionarios que en el ejercicio de sus funciones hicieron incurrir al Estado en gastos que no correspondían, deberán a través de los juicios de cuenta respectivos que hace la Contraloría, indemnizar dichos perjuicios al Fisco". Añadió que no es común el trato directo para la ejecución de obras porque las contrataciones se generan a través de licitaciones públicas.

En caso excepcional, explicó que "bajo ciertas circunstancias establecidas en las mismas normas", pero no para generar tratos directos.

En tanto, la seremi Minvu Evelyn Mansilla, acotó que "ahora sólo nos queda esperar lo que determine el sumario que ha ordenado la Contraloría porque situaciones como estas no pueden volver a ocurrir (...). Muchas familias se vieron afectadas esperando por más de 10 años sus viviendas, es por ello que colaboraremos en todo lo que se requiera a fin de determinar las responsabilidades de quienes hayan cometido las infracciones detectadas".

El diputado Celis fue cauto en relación a las responsabilidades penales del caso, pero sí se tendrían que asumir las responsabilidades políticas en cuanto a la administración de los fondos públicos durante los años investigados en la auditoría, que comprenden desde el 2013 a octubre del 2018, período en el cual hubo diferentes directores regionales de la entidad. "Es dable suponer que existan culpas políticas, ya que lo que se ha demostrado es una mala administración de los recursos públicos, una falta de eficiencia y de probidad, etc. Así, no es necesario que los procesos administrativos y judiciales terminen para darse cuenta de aquello", dijo Celis.

Durante el año 2013 estuvo como directora del Serviu María Francisca Cruz (Ind. Pro UdI), en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Con la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet hubo tres directores regionales, dando cuenta de una grave crisis institucional interna.

Inició el periodo anterior Nelson Basaes (PPD), a quien se le pidió la renuncia y en su reemplazo llegó Manuel León (PPD) como interino. Finalmente, por concurso público asumió desde el 2016 hasta junio del 2018 el DC, Carlos Contador, quien tomó polémicas decisiones. El ingeniero Tomás Ochoa asumió por Alta Dirección Pública (ADP) en noviembre del año pasado.

Por la cuantía de los montos involucrados en la causa, el diputado Andrés Celis informó que enviará los antecedentes y el respectivo informe de Contraloría al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto, aclaró el diputado Celis, "a fin de que ejerzan las acciones que a ellos les compete en defensa de los recursos públicos. A mi juicio, el hecho de que la Contraloría haya detectado pagos irregulares por más de 120 millones de pesos, implica que, eventualmente, pueden existir delitos, que corresponde al Consejo calificar y perseguir, en conjunto con el Ministerio Público".

Contraloría envía auditoría del Serviu a la Fiscalía por graves irregularidades

"Si se concluye que existen hechos que puedan acarrear responsabilidades penales, por supuesto que se entregarán todos los antecedentes a la Fiscalía"

Tomás Ochoa, Director del Serviu"

millones es lo cuestionado por la Contraloría en la auditoría sobre los proyectos sociales. $ 120

años tuvieron que esperar familias de la comuna de San Antonio para recibir su vivienda. 10

familias fueron las afectadas por el retraso de las obras. Denunciaron el caso a la Fiscalía. 256