La catástrofe causada por la ruptura de una represa de la minera Vale en la ciudad de Brumadinho, en el sureste de Brasil, dejaba hasta ayer en la tarde un balance de al menos 34 muertos y cerca de 300 desaparecidos, mientras los equipos de rescate se afanan para buscar más supervivientes en medio de la lluvia.

El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobrevoló la zona afectada en helicóptero y dijo que su Gobierno "hará todo lo que esté a su alcance" para "pedir justicia" y "prevenir nuevas tragedias" como esta o la ocurrida hace tres años en Mariana, de características similares y en la que murieron 19 personas.

"Es difícil estar delante de todo ese escenario y no emocionarse", expresó Bolsonaro, quien aceptó la ayuda ofrecida por Israel en los rescates.

En medio de la conmoción y un vaivén de cifras sobre desaparecidos y rescatados, los bomberos aún confían en hallar a más personas con vida, a pesar de que el número de víctimas mortales pasó de 11 a 34 en cuestión de horas.

Las autoridades no han aclarado si entre los 34 fallecidos están los ocupantes de un autobús localizado entre el lodazal y en el que viajaban algunos empleados que no sobrevivieron.

Para André Luis Dutra, psicólogo voluntario que colabora transmitiendo a las familias afectadas un "pensamiento positivo", lo ocurrido en Brumadinho "no es un accidente, es una negligencia y un crimen" y alerta de que hay unas 400 represas similares en Minas Gerais que son auténticas "bombas de relojería".

Con el drama aún no dimensionado, la Justicia cercó ayer las cuentas de Vale y determinó, en dos procesos distintos, el bloqueo de 6.000 millones de reales (unos 1.621 millones de dólares) de la compañía para el "inmediato y efectivo amparo a las víctimas y reducción de las consecuencias" de la catástrofe.

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente aplicó a la minera una multa de 250 millones de reales (alrededor de 67,5 millones de dólares) por el desastre. La empresa ofreció disculpas por lo sucedido.

Fiscal de la trama rusa acusa a un asesor de Trump

El fiscal especial Robert Mueller, a cargo de investigar la injerencia rusa en la campaña electoral de 2016 y posible colusión del entorno de Donald Trump, acusó este viernes a Roger Stone, veterano asesor e ideólogo del presidente estadounidense, de siete delitos: obstrucción de un procedimiento oficial, manipulación de testigos y otros cinco por declaraciones falsas.

Según detalló el Diario El País, Stone es pieza clave en las pesquisas por sus contactos con WikiLeaks, la organización detrás de la filtración de miles de correos electrónicos demócratas durante la campaña presidencial. El FBI detuvo al lobista de 66 años en su casa de Fort Lauderdale, Florida, luego fue trasladado a un tribunal que lo dejó en libertad provisional con una fianza de 250.000 dólares. A la salida defendió que se le acusa falsamente y que no declarará en contra del mandatario.

millones de dólares de multa aplicó el Instituto Brasileño de Medio Ambiente a la firma dueña. 67,5

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