Claudio Ramírez

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) desvinculó ayer a más de 300 trabajadores de todo el país en el marco del proceso de ajuste causado por la compleja situación financiera que atraviesa la estatal. "Se trata de una decisión muy dolorosa, pero las cifras actuales son una realidad de la que tenemos el deber de hacernos cargo para asegurar el futuro de ENAP. La fuente de trabajo de miles de trabajadores depende de que nosotros tomemos ahora las medidas necesarias", indicó el gerente general de la compañía Andrés Roccatagliata. La empresa perdió US$ 152 millones antes de impuestos entre enero y septiembre de 2018, y arrastra una deuda de alrededor de US$ 5.100 millones.

Agro destaca ventajas de indicación, pero advierte urgencia de modernizar normativa

Diversas reacciones tuvo en el sector del agro regional la indicación respecto a que los nuevos derechos de agua que se entreguen serán indefinidos. Esto en el marco de la iniciativa que apunta a reformar el Código de Aguas.

"Le da seguridad a las inversiones porque el proyecto de ley que se había propuesto en el anterior gobierno contemplaba una renovación cada 30 años", consigna el presidente de la Asociación de Agricultores de Los Andes, Víctor Catán, añadiendo que "la modificación al proyecto en sí me parece muy buena, le da certeza jurídica y tranquilidad al que quiere invertir".

El líder gremial también destacó el anuncio respecto a la renovación de patentes de uso de agua, el que a su juicio representa un paso importante para frenar la especulación. "De esa manera se termina con la especulación que durante muchos años ha habido en algunas personas que actúan comprando o solicitando derechos prácticamente gratuitos a la DGA (Dirección General de Aguas) y luego hacen un negocio", subraya.

En general, indica que la normativa "viene a subsanar un vacío legal o una ley mal hecha que ha imperado en los últimos años (...) para mí es un perfeccionamiento", enfatiza, añadiendo que también debería existir un cobro por los derechos de extracción de agua subterránea.

En tanto, el gerente de la junta de vigilancia de la tercera sección del Río Aconcagua, Santiago Matta, valoró lo anunciado, reconociendo que falta por conocer el texto completo.

"Entrega un certeza jurídica a los derechos de agua, porque de lo contrario, como era la propuesta del ejecutivo anterior iba a ver un derecho permanente y otro temporal", comenta el personero, quien lo compara con la necesidad de renovación que había fijado la anterior administración en el caso de los nuevos derechos que se otorgaran.

A su juicio si ello se aplica va a generar una complicación en la distribución del agua. "Y va a ser un tema muy engorroso de fiscalizar y así lo dijimos en su minuto porque nadie va estar preocupado de que se le venció el plazo a una determinada persona", enfatizó el ejecutivo.

En esa línea agregó que, como son derechos nuevos, hay que hacer obras porque respecto a las aguas superficiales ya se otorgó el 90% de los derechos. "Implican la construcción de infraestructura y pensamos que no es la forma para castigar la especulación", manifestó.

En este último punto comparte la idea de aumentar el doble el impuesto a la patente cada cinco años. "Hay que distinguir entre una persona que compra un derecho y lo guarda en un cajón, de otra que va a producir con el agua pero en un tiempo más", recalca.

Matta reitera que aún resta por conocer el grueso de la iniciativa, aunque adelanta que "en general la propuesta del Ejecutivo de la cual sólo vimos los titulares, nos parece muy acertada".

La presidenta de la Asociación de Agricultores de Quillota Marga Marga recalca la necesidad de dar un énfasis técnico a la discusión. "Me parece importante que se debe recalcar que este no es un tema ideológico. El agua es un recurso escaso donde tenemos que aplicar estrategia y no ideología. Necesitamos una nueva normativa porque la realidad es muy distinta, la DGA también necesita más atribuciones para fiscalizar y desterrar la especulación", dijo.

El extitular de la entidad, Reinaldo Lobos también es cauto y puso el acento en que resta por conocer el texto completo. "Me parece que nos falta conocer al detalle la indicación porque hasta ahora no ha sido presentada. En la situación actual, la urgencia de modificar de manera importante el código de aguas es ayer", sostiene en base a la situación de escasez hídrica que existe. "Tenemos en algunas cuencas y hay que ver lo que pasa en Panquehue que está teniendo problemas, pese a que es una zona rica en aguas. Y no nos sorprende porque el problema va avanzando y eso requiere un marco normativo distinto", dijo, recordando que el Código de Aguas es de 1981. "La situación era distinta y hoy hay escasez, ya deberíamos haber reaccionado".

Ministro recalca que el foco apunta a

darle más "seguridad hídrica al sistema"

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, reiteró ayer que la indicación al proyecto que reforma el Código de Aguas no señala que los derechos de aguas son perpetuos. "No es así, porque si no se utilizan se pierden (...) el foco es cómo darle más seguridad hídrica a nuestro sistema", dijo el secretario de Estado.

"Lo que nosotros estamos proponiendo es que la duración de los nuevos derechos, así como los de los vigentes al día de hoy, también sean de duración indefinida, porque creemos que justamente es una mejor manera de preservar el agua", remarcó.

En cuanto al procedimiento para realizarlo subrayó que "hay que ir a una licitación competitiva y transparente en el cual quien quiera un derecho de agua tiene que pagar por él". Asimismo, enfatizó que se excluyen de estas licitaciones a los pequeños agricultores y a los sistemas de APR (Agua Potable Rural), que quedan exentos.

También aludió a la incorporación en el proyecto del agua subterránea, algo que prácticamente no se menciona en la normativa que data de hace casi 40 años. "Estamos agregando todo un capítulo sobre este tema para dotar al Estado de los instrumentos necesarios para priorizar el consumo humano", indicó, remarcando que se establecerán restricciones a las extracciones desde los acuíferos para enfrentar el cambio climático. "Estamos cambiando la institucionalidad, dotando a la Dirección General de Aguas de un panel de expertos que le va dar mucho más capacidad para intervenir frente a intereses políticos o económicos a efectos de preservar el agua".

Adultos mayores de la región piden crear "ciudades amigables" en la zona

PROYECTO. El titular del MOP, Juan Andrés Fontaine, detalló alcances.

Organizaciones sociales de adultos mayores de la región solicitaron apoyo a las autoridades para implementar en los municipios del territorio el programa "Ciudades Amigables", el que busca promover un cambio cultural en las personas y familias del país sobre la mirada que se tiene de las personas mayores y alienta al envejecimiento activo. "Hacemos un llamado a los municipios de la región a ser parte de este proyecto para que la Región de Valparaíso se convierta en una región inclusiva e integral para nuestros adultos mayores", dijo el intendente Jorge Martínez que recibió a los representantes de estas entidades. Actualmente son parte de este programas las comunas como Valdivia y Peñaflor.

data el actual Código de Aguas, respecto del cual existe un consenso en que debe ser modificado. 1981