Ante el despido masivo que se vivió ayer en la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y que habría afectado a unos 350 trabajadores, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, enfatizó que se trató de desvinculaciones "planificadas" y "conversadas con los dirigentes sindicales". "Son despidos que no son improvisados, que corresponden a un plan de reestructuración de la empresa, ellos tienen la autonomía para tomar esa decisión", aseveró el titular de la cartera. Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que "es indudable que cada vez que se comunican despidos en una empresa es algo que nos preocupa y que ciertamente lamentamos".

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, 461.846 extranjeros obtuvieron o renovaron su residencia. Así lo indican datos de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, y que dan cuenta de un promedio diario de 1.265 registros. Dentro de los casos de renovaciones, explicó a Emol la comisario Natalia Orellana, están los extranjeros que, por ejemplo, ingresaron al país en calidad de estudiantes y, al tener dicha visa una vigencia más acotada, optaron por obtener una residencia temporaria dentro del mismo año. Situación similar ocurre con las visas de refugio, cuya duración en inferior a los 365 días.Los cinco países de origen con mayor población de residentes en Chile son Venezuela, Haití, Colombia, Perú y Bolivia.

El 13° Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de sobreseer definitivamente al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en el marco de la investigación llevada en su contra por encubrimiento de abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica.

Así lo decidió el juez Eduardo Gallardo tras la audiencia y basarse principalmente en la actuación del religioso ante las denuncias hechas contra el excanciller de la arquidiócesis capitalina, Óscar Muñoz, y el sacerdote Jorge Laplagne.

La defensa de Ezzati, encabezada por Hugo Bravo, adujo, entre otras cosas, que los delitos adjudicados por el ente persecutor a Laplagne están prescritos y criticó la mediatización del caso, asegurando que tras las públicas imputaciones realizadas, el cardenal ha sido increpado y víctima de abucheos en su domicilio; también recalcó que incluso se discute en el Congreso la posibilidad de quitarle la nacionalidad de gracia.

Se aseguró, además, que su defendido le indicó a Muñoz que se auto denunciara luego de que este último le informara de las acusaciones realizadas por familiares en su contra. Y que, una vez iniciada la investigación canónica, implementó medidas enfocadas a la restricción de labores.

Esto fue desestimado por el Ministerio Público y un querellante, quienes sostuvieron que Ezzati solo le señaló que se asesorara jurídicamente y que, como medida cautelar, trasladó a Muñoz a otro lugar, donde había más potenciales víctimas.

Así, el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, expuso al tribunal que el material incautado a partir de órdenes judiciales -y no colaboración de la Iglesia- en distintas dependencias religiosas, permite comprobar que Ezzati "de manera reiterada y sistemática, ha incumplido sus obligaciones que como obispo tenía en relación a las investigaciones canónicas que debió llevar con respecto a clérigos respecto de los cuales existían indicios claros de haber cometidos delitos sexuales contra menores de edad".

El juez Gallardo reconoció que es "un caso complejo", debido especialmente a que la causa aún está desformalizada, y argumentó para su decisión que no puede impedir "tan prematura y anticipadamente" al Ministerio Público llevar la investigación adelante y cumplir su rol persecutor.