Katherine Escalona M.

"Como inconsecuencia de este tribunal (...), los hechos que ocurrieron pudieron haberse evitado". Así de enfático fue el intendente Jorge Martínez, quien ayer llegó a Rapa Nui para encabezar un comité policial por el conflicto desatado la madrugada del miércoles, tras los desórdenes y el incendio que afectó a tres inmuebles fiscales en el marco de la formalización de Juan Alberto Nahoe Hereveri (51). El sujeto está implicado en el homicidio de Luis Alberto Araki Paoa (34) y quedó en riesgo vital, luego de ser agredido por una turba de más de 600 personas.

Martínez, tras reunirse con la gobernadora Tarita Alarcón, aseveró que "hemos confirmado que tanto los organismos auxiliares de la administración de justicia, la Fiscalía, Defensoría Pública, funcionarios del Poder Judicial, la gobernadora y las fuerzas policiales advirtieron, en repetidas ocasiones, la inconveniencia de realizar esa audiencia de formalización en ese día y en ese lugar".

En definitiva, Martínez, aclaró que el juez, Bernardo Toro Villarroel, no tomó en consideración la información de alerta y determinó realizar la audiencia en el mismo lugar donde había una turba de personas y el clima era hostil.

"Esa audiencia se realizó en un horario donde la PDI no tuvo posibilidad de ingresar por la violencia manifiesta que dañó los carros policiales e incluso al imputado. Luego, al volver al mismo lugar, solicitándole todo el mundo al juez realizar la audiencia en otro lugar, se volvió a realizar (...) en un salón paralelo", pese de que ya se habían iniciado los incidentes. Después que la violencia no se podía contener, recalcó la autoridad, la audiencia no pudo finalizar y a las 22.30 horas se realizó en las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se había solicitado originalmente.

"Creemos que como problema principal pudo haberse evitado con un juez que tomase las medidas que todas las autoridades, no sólo políticas, sino que administrativas y policiales le solicitaron, que era realizar la audiencia de control de detención en un lugar seguro, en un horario distinto, porque era previsible lo que iba a ocurrir (...). Estos hechos pudieron haberse evitado con una actitud diligente de un magistrado a quien se le advirtió en repetidas ocasiones la inconveniencia de esto", dijo Martínez.

La crítica del intendente es compartida por el presidente del Consejo de Ancianos, Carlos Edmunds, quien también afirmó que dio cuenta de la crítica situación al magistrado, quien no tomó en consideración su recomendación y determinó realizar igual la audiencia bajo un clima de tensión.

"Yo conversé con el juez en el momento, cuando estaba empezando el problema, y le dije porqué no hacía la audiencia donde estaba detenida la persona y él dijo que iba a ver con el defensor y el fiscal, que se iba a reunir, pero su idea era juzgarlo en el tribunal y yo le dije que estaba equivocado, le dije que la gente estaba muy alterada", dijo Edmunds.

Los antecedentes recabados de cómo ocurrieron los hechos y la determinación del juez Toro, aseguró Martínez, serán parte del análisis de la situación y se enviará un informe al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para ver qué medidas adoptarán como querellantes. Esto, porque la intendencia presentó dos querellas criminales y hay una investigación por parte de la Fiscalía por el hecho.

En tanto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso informó que, pese a que esta acción del magistrado ha sido informada por diferentes fuentes que estuvieron en el lugar, "a la Corte no ha llegado ninguna denuncia de este tipo". Precisaron que para indagar el tema "mañana (hoy) va una delegación del Poder Judicial, encabezada por un ministro de Valparaíso, a la isla para interiorizarse".

No es primera vez que el juez de Rapa Nui, Bernardo Toro Villarroel, es criticado por la determinación que toma en procesos judiciales. El 12 de enero del 2011, el magistrado fue suspendido de sus funciones por orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Esto, porque el tribunal de alzada acogió a tramitación una recusación en su contra presentada por la familia Hito, que acusó a Toro de que éste no había tomado en consideración las apreciaciones respecto a Carabineros.

En ese momento, los jueces del tribunal de alzada consideraron suficientes los argumentos de los abogados de la familia Hito, Pablo Andueza y Rodrigo Gómez, quienes estimaron que el magistrado no podía seguir en el caso porque habría ignorado las reivindicaciones ancestrales del clan (Hito) y habría respaldado la actuación de Carabineros.

La acusación se generó en el marco de la formalización de 17 personas del clan Hito por la ocupación ilegal del hotel Hanga Roa, hecho que terminó con un pascuense herido en un ojo derecho y más de 18 personas lesionadas.

La causa fue discutida en el máximo tribunal y el 21 de enero del mismo año, la Corte Suprema rechazó inhabilitar al magistrado Toro en ese proceso, luego de un fallo unánime la Corte de Apelaciones que rechazó la solicitud de recusación que estaba en trámite y había sido presentada por la familia Hito.

La familia buscaba la inhabilidad del magistrado porque supuestamente él, dentro del proceso, habría presentado tener enemistad, odio o resentimiento en contra de los imputados, lo que fue desestimado por el tribunal que sostuvo que el juez actuó "dentro de su ámbito de competencia, sin vulnerar las garantías del grupo familiar".

Pese a ser cuestionada la decisión del magistrado y su determinación de realizar la audiencia frente al clima de violencia que imperaba en las afueras del tribunal, el intendente y Carlos Edmunds aseguraron que la mayor responsabilidad recae en las personas que actuaron para hacer justicia por sus propias manos.

"El principal responsable es la población que atacó al juzgado, eso no cabe duda alguna. Ese hecho de violencia, de justicia por mano propia, no debe ser permitido (...) por eso nos vamos a reunir con todas las organizaciones sociales de Rapa Nui. Estas conductas dañan mucho al pueblo Rapa Nui. Las costumbre que señalan no son vinculantes, no caracterizan al pueblo Rapa Nui y lo dañan mucho", dijo el intendente.

Edmunds fue crítico con lo ocurrido en su pueblo y precisó que no comparte el actuar violento. "Las personas que actuaron contra el imputado y quemaron el juzgado son parientes míos, no usaron ningún tipo de armamento, sólo golpes a mano, no recurrieron a un palo, piedra u otro elemento, eso es nuestra costumbre y no lo quisieron matar, lo dejaron tirado a puro golpe. Sin embargo, yo no justifico esta acción porque para eso está la justicia".

El presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui calificó el incendio y la grave golpiza al imputado como "un acto criminal en la isla" y subrayó que "acá no es diente por diente y por eso no justifico lo que hicieron. Ahora hay que dejar que la justicia haga su trabajo". Edmunds se refirió a la investigación de la Fiscalía y dijo que "si el poder judicial tiene que actuar, se tiene que dejar que actúe, nosotros no nos vamos a meter en ese tema. Si los mandan presos es trabajo del tribunal, no mío, yo no voy a obstaculizar ese trabajo".