El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, abogó por el respeto a los derechos y garantías de las denunciantes y al de la legítima defensa del exmandatario Óscar Arias, denunciado el pasado lunes por violación.

"Hay dos elementos importantes y centrales en este tema que hay que considerar: las garantías para las mujeres denunciantes en este y cualquier caso, para que se proceda como corresponda", dijo Alvarado.

Sobre Arias, el gobernante expuso que "debe garantizarse su derecho a la defensa" y agregó que el asunto "está en el Poder Judicial y debe seguir su debido proceso para que ahí se establezca la verdad".

Una médico de una ONG por el desarme nuclear presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Arias por una violación que habría ocurrido en diciembre de 2014 y ayer dos mujeres más hicieron públicos sus testimonios en los que afirman haber sufrido abusos sexuales del exmandatario.

La denuncia por violación fue revelada por el Semanario Universidad, que publicó extractos de la denuncia y una entrevista con la médico.

La mujer afirma que durante una reunión con Arias, en la que buscaba su apoyo para la causa por el desarme nuclear de su ONG, el exmandatario le tocó los senos, la besó y metió los dedos en su vagina, a pesar de que ella le pidió detenerse.

Según la denunciante, Arias, Presidente entre 1986 y 1990, y de 2006 a 2010, le pidió ir a otro sitio, tras lo cual ella se marchó del lugar.

Tras conocerse este caso, las periodistas Nono Antillón y Emma Daly dijeron públicamente haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Arias. La primera fue su asesora de prensa y el abuso habría sucedido en 1986, cuando él la habría hecho tocar su "pene erecto" y luego la habría "toqueteado". Daly, directora de comunicaciones de Human Rights Watch, denunció su caso en el Washington Post y relató que fue en un hotel de Managua, Nicaragua, en 1990, cuando el político tocó sus pechos sorpresivamente.

A través de su equipo legal, Arias rechazó el martes la acusación de violación.

Justicia condena a Lula a 12 años de prisión en nuevo caso de corrupción

La Justicia brasileña condenó ayer al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Lula (2003-2010) ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en Sao Paulo a cambio de sobornos.

En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.