El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago puso fin a la disputa legal entre el empresario Gonzalo de la Carrera y la diputada Camila Vallejo.

El tribunal absolvió, por falta de pruebas, al también conductor radial del delito de injurias graves por el cual la congresista se querelló debido a un caso de fake news.

En diciembre, De la Carrera compartió en su cuenta de Twitter una noticia publicada por un medio extranjero, donde se indicaba que la legisladora del Partido Comunista defendía el "derecho" a la pedofilia, llamándola así a aclarar la situación. Rápidamente Vallejo usó la misma red social online para calificar de "vergonzoso" el hecho y afirmó que "aquí no hubo ingenuidad".

"Vergonzoso que comunicadores y medios no sean capaces de hacer chequeo mínimo antes de difundir una noticia falsa. Bastaba leer contenido para darse cuenta que no había fuentes ni información fidedigna. Aquí no hubo ingenuidad. Estas actitudes le hacen mal a nuestra democracia", escribió la congresista en Twitter.

De la Carrera respondió: "Si la noticia que se difundió por Google es falsa, le ofrezco mis disculpas a Camila Vallejo. En todos mis tuits puse que era necesario aclarar, otorgándole el beneficio de la duda. Y además le ofrezco tribuna para aclarar y derecho a réplica".

Pero a las semanas, la parlamentaria llegó al Centro de Justicia en compañía de los diputados Amaro Labra (PC), Karol Cariola (PC), Manuel Monsalve (PS), Giorgio Jackson (RD) y Natalia Castillo (RD) para presentar una querella por el delito de injurias graves.

En la acción, Vallejo expuso que se había sembrado dudas sobre su honorabilidad y traspasándole la responsabilidad de desmentir la deshonra que De La Carrera publicó en su contra.

En el recurso judicial, la legisladora añadió que De la Carrera tuvo: "La intención manifiesta de atacar mi dignidad y honra, porque al querellado le hubiese resultado suficiente buscar, con el mismo ímpetu con el que encontró la página web (de La Tribuna de España), para constatar que jamás me he pronunciado a favor de la pedofilia".

Por el caso, el tribunal capitalino decidió también condenar a la diputada del PC a pagar las costas del juicio simplificado. La lectura de sentencia se hará el próximo lunes a las 11 de la mañana.

El director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, criticó las medidas cautelares aplicadas en su momento a los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados a 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay y que permanecieron prófugos por varios meses antes de ser detenidos por la propia PDI.

Espinosa remarcó: "Después de todo el trabajo investigativo que hicimos, se logró establecer, pero por alguna descoordinación, que estas personas, cuando fueron condenadas, estaban prófugas de la justicia".

"Yo quiero ser bien categórico: una persona, un criminal que constituye un peligro para la sociedad, que constituye peligro de fuga, no puede tener una medida cautelar de arresto domiciliario, eso es una burla a la misma sociedad; sin embargo, nosotros hicimos un esfuerzo y hoy están detenidos, donde tienen que estar", remarcó el director de la Policía de Investigaciones.

Sobre el operativo realizado en la comuna de La Cisterna el pasado martes, la autoridad policial detalló que "fue un procedimiento absolutamente ajustado a derecho, limpio, sin ningún reclamo. Van a inventar cosas, como siempre, porque la sociedad es así, le inventa cosas a la Policía, pero tenemos la confianza y la tranquilidad de que lo hicimos bien".

En la misma línea, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, apuntó: "Estamos estudiando en el nuevo Código Penal cómo asegurar que delitos de esa naturaleza tengan una penalidad distinta y, por lo tanto, eviten que personas que cometen estos hechos queden en libertad y no en prisión preventiva, puesto que quedar en libertad puede permitir que no colaboren con la justicia".

El martes se hizo el control de detención de los primos Tralcal en el Centro de Justicia de Santiago. Su traslado a la cárcel de Temuco era inminente.

Los detenidos fueron condenados por su participación en el incendio que derivó en el homicidio del matrimonio conformado por el agricultor Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, llevado a cabo el 4 de enero de 2013 durante las protestas por el quinto aniversario del asesinato de Matías Catrileo, en el marco del conflicto chileno-mapuche.

Redacción

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió al bullado caso Nido.org y anunció que el nuevo Código Penal recoge, en su libro segundo, lo relativo a los delitos contra la intimidad.

El nuevo Código Penal regulará delitos como "intromisión en la intimidad de otro", "exhibición y difusión indebida" y "exhibición y difusión de registros de imágenes".

Larraín precisó que en el caso Nido se "detectan situaciones de graves vulneraciones a la intimidad, a la confidencialidad de las comunicaciones, al secreto de los datos sensibles de las personas y al ejercicio de la libertad de decidir sobre qué hacer con los espacios de privacidad de cada persona. Asimismo, se detecta que sin consentimiento de las personas afectadas se han perpetrado severas invasiones, captaciones, exhibiciones y difusiones de registros, datos, informaciones e incluso de situaciones desarrolladas en circunstancias de legítima expectativa de intimidad, causando intimidación y un profundo daño".

"Pero lo que más quisiera destacar -prosiguió- es que el texto del nuevo Código Penal recoge el delito de 'exhibición no consentida de registros de contenido sexual', por el cual se castigará a quien exhiba o difunda imágenes de interacción sexual o de partes íntimas desnudas de otra persona que, aun cuando hubieren sido obtenidas con consentimiento, nunca se dio la autorización de la persona afectada para que fuesen exhibidas".

Dicha situación, calificada de "gravísima" por Larraín, hoy "no es sancionada por nuestra legislación penal".

"Como se puede apreciar, con este nuevo delito se pasa a castigar penalmente a quienes hostigan a mujeres mediante sistemas de comunicaciones, como ocurre en el caso Nido.org", agregó el ministro.

Todas estas regulaciones son parte del proyecto de Código Penal, que La Moneda presentará "en abril o mayo".

El Ministerio Público informó que investiga a Nido.org, web denunciada por ciberacoso y publicación de imágenes de mujeres sin su consentimiento, desde enero pasado. El fiscal encargado es Manuel Guerra.

Además, en 2018 se recibieron seis denuncias por la publicación de imágenes, además de las amenazas que se hacía a las afectadas. Estas se suman a las más de 60 presentadas ayer, según informó la Policía de Investigaciones, y que incluyen a menores y mayores de edad como víctimas.