Katherine Escalona M.
El 1 de junio del año pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento al Tribunal de la Libre Competencia (TLC) con duras acusaciones contra de la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región (AGC) y 111 médicos de la zona, a quienes atribuyó colusión de precios en aranceles y la conformación de un verdadero "cartel" para realizar atenciones médicas, por lo que solicitó la disolución del gremio y la aplicación de una millonaria multa.
La discusión fue amplia , ya que la crítica de una colusión de precios apuntaba al ámbito de la salud y ponía en jaque la atención de pacientes. Ante esto, los médicos reaccionaron y rechazaron a través de una declaración pública las objeciones planteadas por el organismo fiscalizador.
Descartaron públicamente el tener un acuerdo ilegal y el presidente de la AGC, el doctor Arturo Paillalef, fue categórico en decir que: "No hay colusión, no hay cartel. Eso es lo más importante para los pacientes. Es categórico".
Al inicio del proceso alojado en el TLC, los médicos endosaban la responsabilidad a las Isapres, entidades que obligarían a los facultativos a agruparse para fijar convenios.
La crítica fue hacia la denominada "integración vertical" por ser garantes y prestadores de servicios médicos e incluso pidieron a la FNE indagar a las Isapres. En su defensa, los médicos se comprometieron a presentar todos los antecedentes que demostrarían su posición de inocencia ante el emplazamiento de la FNE. Esta semana, después de 8 meses de tramitación, las partes llegaron a un acuerdo, que será discutido el 4 de marzo en el Tribunal de la Libre Competencia.
En el expediente del Tribunal hay dos documentos que dan cuenta de la situación. El primero del 22 de febrero, que informa sobre la solicitud de ambas partes para discutir la situación en el tribunal.
En el escrito, los abogados de la FNE, de la Asociación Gremial de Cirujanos de V Región y de los 111 cirujanos acusados piden al tribunal citar a una audiencia de conciliación.
"Solicitamos a este H. Tribunal se sirva citar a las partes a audiencia de conciliación (...) En atención a la solicitud formulada en lo principal de esta presentación, y encontrándonos de común acuerdo, solicitamos al H. Tribunal suspender la audiencia de absolución de posiciones (...) que se encuentra fijada para el 4 de marzo a las 9.30 horas en el H. Tribunal, fijando nueva fecha para la realización de la referida actuación probatoria", expone el documento.
En el escrito, los juristas establecen que: "Desde ya, solicitamos que la nueva fecha sea fijada durante el mes de abril o mayo del presente año, conforme a la disponibilidad de agenda del H. Tribunal".
Ante esto, el TLC respondió el 25 de febrero que, tal como lo solicitaron los abogados, "se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el 4 de marzo a las 11 horas" y respecto al otro punto solicitado, el tribunal consigna en el escrito que "como se pide, se suspenden las audiencias de absolución de posiciones ordenadas por resolución (...). Se fijará nueva fecha para la actuación en su oportunidad". Este Diario consultó a las partes de la situación y cómo se había llegado a acuerdo para llegar a una audiencia de conciliación, pero ni la FNE ni la Asociación de Médicos Cirujanos de la V Región, dieron una respuesta.
Ambos explicaron que la propuesta es materia de discusión en el Tribunal, por lo que no pueden dar mayores antecedentes antes de que se realice la citada audiencia acordada y fijada para el 4 de marzo del presente año.
Cuando los facultativos hicieron la única declaración pública sobre el tema, el 1 de junio del 2018, descartaron ilegalidad y colusión en el hecho de agruparse para poder establecer precios en las prestaciones de servicios.
Para los médicos el agruparse para establecer precios no es "antiético ni ilegal" porque así lo establece el sistema de las Isapres y la mayor crítica apuntó a ese sistema de salud. El presidente del Colegio Médico regional, Juan Eurolo, explicó que lo que se reclama es "la integración vertical".
La investigación de la FNE se inició el 2012 tras una denuncia de un profesional de la salud que fue destituido de la AGC por fijar un programa menor, lo que fue desmentido por los facultativos.
"Se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el 4 de marzo a las 11:00 horas"
Resolución del Tribunal, respecto de la solicitud
de las partes"
AGC tiene dos acusaciones
El 2017 la Fiscalía Nacional Económica había presentado la primera acusación en contra de los facultativos y en esa oportunidad solicitó al TLC el pago de 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA, más de $ 500 millones) y la disolución del gremio, situación que no prosperó y el año pasado se volvió a presentar una nueva acusación por una posible colusión de precios en la prestación de servicios médicos a los pacientes. Incluso, se publicó un listado con los 111 médicos involucrados, situación que aún no se resuelve.
facultativos de la región también fueron acusados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). 111
de febrero el TLC determinó acoger la solicitud de los abogados y fijó fecha para la audiencia. 25
