Incendios forestales: planificación otra vez en punto cero
El año 2014, de forma posterior al mega incendio de Valparaíso, entre las múltiples acciones administrativas que se tomaron, ocurrió una que en su momento paso desapercibida, pero que hoy otorga una insospechada perspectiva frente a los incendios que experimenta el país.
En dicho momento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ofició a los municipios solicitando que en sus respectivos planes reguladores se colocaran "áreas de riesgo" contra los incendios. Las áreas de riesgo son un mecanismo existente en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que permite condicionar el permiso de edificación frente a determinados riesgos. Este condicionamiento, que afecta a los actores privados, puede ser levantado si es que se desarrollan un conjunto de obras y medidas dentro del predio en donde se edifica. Las áreas de riesgo han demostrado funcionar frente a zonas contaminadas, inundaciones o remociones en masa. No obstante lo anterior, estas no resultan adecuadas para evitar los incendios. Esto ocurre porque los incendios son un fenómeno que trasciende por mucho a aquellos factores controlables desde un predio en particular y porque no existe claridad respecto al alcance de las medidas exigibles a un privado por parte de un Plan Regulador, para evitar un incendio.
Por este motivo, los municipios decidieron no modificar sus instrumentos de planificación hasta que la normativa urbana no fuera perfeccionada. Como resultado, hoy, cuatro años después del megaincendio de Valparaíso, los instrumentos de planificación no tienen mecanismos efectivos para mitigar el efecto de los incendios; y la normativa de riesgos existente en la OGUC tampoco ha sido modificada en forma contundente como para aclarar la forma de mitigar.
Este hecho demuestra que fenómenos ambientales como son los incendios, superan por mucho los alcances de la institucionalidad urbana existente en el país. Por esta razón el Estado de Chile está obligado a impulsar una política de Ordenamiento Territorial, lo cual trasciende la dimensión urbana. Durante el primer gobierno del Presidente Piñera se intentó iniciar una política de ordenamiento territorial en el contexto del fortalecimiento de la descentralización. En ese momento se definieron los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones dicha medida no tuvo prioridad. Posteriormente, el último año del segundo gobierno de la Presidente Bachelet, se volvió a la carga con la idea de reimpulsar una nueva política de ordenamiento territorial. Pero esa vez era demasiado tarde y la medida naufragó entre el frenesí legislativo que componía lo que el gobierno llamaba a "la operación legado".
Como sea, hoy día no tenemos política de ordenamiento territorial. Frente a la inminente realidad del cambio climático este es un hecho preocupante. Hoy no existe, por ejemplo, instrumentos que nos permitan administrar lo que se denomina la interfaz "urbano rural", que es esa zona que debería separarnos de las actividades económicas de las áreas rurales, como son fundos forestales. Por otro lado, como lo ha demostrado el geógrafo Luis Álvarez, existe una correlación entre los incendios y la disminución de la humedad del aire. A su vez la humedad está influenciada por la capacidad de los entornos urbanos de absorber las aguas lluvias. Esta capacidad se ha visto interrumpida por la urbanización de las cuencas, ya que las aguas lluvias no se infiltran y son desperdiciadas en el mar.
Por esta última razón preocupa el crecimiento de barrios informales, que superan los límites urbanos (otro instrumento que es casi decorativo) y que hoy no solo se compone de segmentos vulnerables sino que comienzan a albergar a hogares de clase media. Esto queda demostrado en el caso de Fuerte Aguayo en Concón o Laguna Verde en Valparaíso. Son justamente las urbanizaciones informales las que entran en contacto con las plantaciones forestales y las que tienen las peores condiciones para enfrentar a un incendio. No es casual entonces, que en los últimos incendios con impacto urbano en el Gran Valparaíso, sean los barrios vulnerables los más afectados. Esto evidencia el rostro social del cambio climático.
El proceso de regionalización en marcha no puede debutar sin una política de ordenamiento territorial vinculante, que permita administrar los conflictos ambientales y económicos que se avecinan. Es parte de las facultades, recursos y atribuciones que deben acompañar a los nuevos gobernadores regionales. De lo contrario la debilidad institucional para enfrenar los desafíos territoriales se traducirá en nuevos conflictos políticos. Y nadie entenderá cómo salir de ellos.
*Integrante Corporación Metropolítica
*Marcelo Ruiz Fernández