Cristián Rodríguez F.

Con Miguel Noya pidiendo perdón a la familia de Rodrigo Avilés se puso término a los alegatos de clausura en contra del expitonero, acusado de causar lesiones graves en contra del joven estudiante en una manifestación ocurrida el 21 de mayo del 2015, tras impactarlo con un chorro lanzado desde el carro lanzagua. Hoy, en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso cerca de las 12.30 horas, los magistrados de la cuarta sala del ente rector darán a conocer el veredicto final en contra del excarabinero. La familia de Avilés exige 10 años de cárcel, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos pide 15 años de presidio por homicidio frustrado y fiscalía regional 541 días de pena para el exuniformado.

Olmué: concejales RN y UDI piden destituir a edil PS y presentan 12 cargos en su contra

Realizar fiscalizaciones ilegales, oponerse a proyectos sin justificación, generar alarma pública en la comuna y hacer prevalecer sus intereses personales por sobre los colectivos son algunos de los doce cargos que los concejales de Olmué, Ramón Donoso (UDI) y Sonia Muñoz (RN), presentaron en contra del edil Pablo Altamirano (PS) con el objetivo de destituirlo de su cargo por "infracción grave al principio de probidad y administrativa" y "notable abandono de deberes".

En un escrito de más de 40 páginas, que fue ingresado el 21 de febrero al Tribunal Electoral (TER) de Valparaíso y al que tuvo acceso este Diario, los concejales en cuestión enumeraron una por una las -a su juicio- irregularidades en que habría incurrido Altamirano y que darían pie a su remoción.

Una de ellas apunta a la postura que ha tenido el edil socialista con el proyecto acuático "Parque Ecorecreativo Petruko". Según expusieron ambos concejales, Altamirano le habría ofrecido a los dueños venderles agua de un pozo de su propiedad, pero que al no concretarse la operación él "habría utilizado su posición de concejal para mover el aparataje municipal en contra del proyecto", agregando que solicitó en distintas oportunidades fiscalizar el inicio de las obras sin que "jamás informara al Concejo que sabía del proyecto y que tomó conocimiento con mucha anticipación".

Lo anterior se suma a que el edil no se habría abstenido de tomar parte en una definición "con la cual tiene, a lo menos, un evidente conflicto de interés", incurriendo en una contravención al principio de probidad administrativa, según indica la acusación.

Otro de los cargos que se presentaron apuntan a que Altamirano ha provocado "una alarma pública en la comunidad" y "una severa alteración al funcionamiento interno del municipio" al informar que el agua potable entregada por la administración a los vecinos se encontraba contaminada.

De acuerdo al documento, los dichos del concejal derivaron en que el Gobierno Regional suspendiera por un tiempo la entrega de los 50 litros semanales que le corresponde a cada persona sin acceso al suministro. Además, en el escrito se incluyeron 17 denuncias de vecinos que el municipio recibió en noviembre de 2018, y que pedían la destitución del edil.

"Las alarmas públicas originadas por el señor Altamirano tenían otros fines distintos a cuidar la salud de los vecinos o los intereses de la municipalidad, toda vez que él tenía claro que las aguas no estaban contaminadas", denunciaron los dos concejales oficialistas.

La disputa que mantiene Interchile y la Comunidad La Dormida por la construcción del proyecto Cardones-Polpaico también fue puesto como argumento en la acusación.

En esa línea, ambos concejales aseguraron que Altamirano se vería beneficiado con el pago de $ 740 millones que la empresa debió realizar por el uso de la servidumbre (cuyos recursos se encuentran en el Juzgado de Limache), pero que no obstante a aquello nunca "se abstuvo de opinar y votar" sobre el proyecto.

También se le acusó de haber participado en un corte de tránsito -con neumáticos y lienzos- justamente en oposición a las "megatorres". De acuerdo al documento, Altamirano fue condenado a pagar una multa a beneficio municipal por desobedecer órdenes de Carabineros, lo que para Donoso y Muñoz "denota el carácter de negligente" del concejal PS.

Los otros cargos en su contra apuntan a haber realizado "fiscalizaciones ilegales" a plantas de tratamiento de agua, pese a que le habrían advertido que los concejales no podían "ejercer como inspector técnico de obras"; no haberse abstenido de aprobar actas y solicitudes que beneficiaban a su madre, que es dirigenta vecinal; entorpecer el trabajo de funcionarios municipales; haber sido testigo en contra de la administración en un juicio laboral por despidos; rechazar modificaciones presupuestarias; entre otros.

Este Diario contactó al concejal Donoso, quien declinó referirse a la espera de que culmine la investigación, mientras que Muñoz estuvo inubicable.

En tanto, el 28 de febrero el TER porteño admitió a trámite la solicitud de destitución. Sin embargo, descartó por ahora oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Tesorería General para que informe sobre los ingresos y remuneraciones que percibe el concejal, y las sociedades o empresas en las que tenga participación.

Tras enterarse de la acusación presentada en su contra, Altamirano aseguró que ya se encuentra trabajando con sus abogados para responder a una reclamación "injuriante y carente de fundamento".

Respecto a los cargos de los que se le acusa, el concejal sostuvo que en el caso del parque acuático decidió fiscalizar la construcción de un pozo profundo tras una denuncia de vecinos. "Se trata de un proyecto que, de manera irracional, pretende instalarse en una zona de escasez hídrica y ocupar el equivalente al consumo de cinco mil habitantes", indicó Altamirano, sin referirse en detalle al supuesto "negocio" que denunciaron los ediles, sobre el cual dijo que "constituyen injurias" y que, además, existía una denuncia por amenazas contra él y su familia.

En cuanto a la supuesta contaminación del agua potable entregada a los vecinos, el edil socialista aseguró que el Concejo "ha verificado in situ la existencia de causas pendientes por daño ambiental", agregando, incluso, que "ha sido la propia municipalidad la que ha dejado de distribuir agua procedentes de los lugares denunciados".

Altamirano también descartó de plano su vinculación con la Comunidad La Dormida y el pago realizado por Interchile, junto con defender su actuar en los juicios laborales de exfuncionarios. "Sólo he cumplido mi deber respecto de una gestión oscura, personalista y que ha transformado a la municipalidad en el feudo personal de la alcaldesa y donde sólo quienes obedecen sin chistar sus caprichos pueden mantener sus cargos y trabajo", dijo.

Justamente, el edil acusó a la alcaldesa Santelices de estar detrás de la solicitud (ver recuadro), apuntando a que existe una "clara intencionalidad política en aras de dejar a la ciudadanía sin el apoyo de sus autoridades legítimamente electas", además de "entorpecer la labor fiscalizadora".

En esa línea, Altamirano expresó, a través de una declaración pública, que los concejales fueron "asistidos y alentados por la alcaldesa UDI". "Señora alcaldesa, yo no soy su funcionario. La labor para la cual fui electo es para fiscalizar. Si a usted no le gusta, lo siento, pero voy a ser implacable para defender los intereses de nuestra comuna y no voy a doblegarme ante usted como si fuera su empleado", apuntó.

"Ha incurrido en graves y reiteradas conductas de falta al principio de probidad al hacer prevalecer intereses particulares"

Acusación de concejales Ramón Donoso y Sonia Muñoz"

"Sólo he cumplido mi deber en una gestión oscura, personalista y que ha transformado a la municipalidad en el feudo personal de la alcaldesa"

Pablo Altamirano, Concejal (PS) acusado"

Juzgado de Quilpué ordena clausura de local comercial por ruidos molestos

En un oficio del 26 de febrero, el juez (s) de Policía Local de Quilpué, Francisco Padilla, notificó a la Segunda Comisaría de Carabineros de Quilpué que se debía hacer cumplir una sentencia que decretaba la clausura durante siete días del local comercial "Punta Zero", ubicado en la calle Andrés Bello. Según trascendió, la medida fue adoptada en diciembre del año pasado luego que un grupo de vecinos presentara una denuncia en contra del recinto por infringir la ordenanza municipal sobre ruidos molestos. La clausura ya habría sido notificada, puesto que el local comercial, el pasado 27 de febrero, informó en sus redes sociales que cerraría hasta el 5 de marzo por "remodelaciones de nuestro local".