El ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que la compra que hizo el subsecretario de su cartera, Rodrigo Ubilla, de un terreno en una comunidad mapuche fue "completamente regular y legal".

Ello, luego de que el jueves el Presidente Sebastián Piñera dijera que estaban "investigando" la compra hecha por Ubilla en Pucón en 2009. Según el subsecretario, las tierras ubicadas dentro de una comunidad mapuche en el sector de Quetroleufu le fueron vendidas por una mujer no mapuche.

Consultado por la indagatoria aludida por el Mandatario, el ministro Andrés Chadwick explicó que "se hicieron las consultas al subsecretario y la Conadi y la adquisición de ese terreno fue completamente regular y legal (...) Lo ha señalado el director subrogante de la Conadi (Fernando Sáenz), que al mismo tiempo es el fiscal de la Conadi".

El lunes el subsecretario Rodrigo Ubilla aseguró "he actuado con apego a la ley y a la normativa vigente y cumpliendo los requisitos que ella establece".

Interrumpiendo sus vacaciones para aclarar el asunto, explicó que, al momento de realizar la compra del terreno, éste "era propiedad de Guadalupe Moris Gajardo, chilena que no pertenece a ningún pueblo indígena". Con ello, agregó "el mencionado terreno le fue transferido a la señora Moris por la liquidación de la sociedad conyugal con el señor Jorge Painequir Molina, según escritura pública de febrero de 2008".

Ubilla precisó que "conforme a la Ley 19.253, para que una tierra sea indígena, además de los títulos que la propia ley indica es requisito que personas o comunidades indígenas sean propietarios de ella, lo que no ocurría al momento de la compraventa".

"Se hicieron las consultas al subsecretario y la Conadi y la adquisición de ese terreno fue regular y legal"

Andrés Chadwick

Ministro del Interior"

El Congreso Nacional enfrenta una nueva situación que podría implicar gastos para los chilenos. Esto a pocos días de que se produjera la polémica por el error que generó que sean los usuarios lo que deban pagar el cambio en los medidores de la luz.

Así, el 4 de enero de 2017, el senador Manuel José Ossandón (RN), junto a los en ese entonces senadores Lily Pérez y Eugenio Tuma, presentaron un proyecto con el que se buscaba traspasar a los bancos la responsabilidad por cualquier fraude con tarjeta. En la moción se establece que, teniendo el cliente seguro o no, las entidades financieras deberían hacerse cargo de uso fraudulento de este servicio.

El Senado lo aprobó por unanimidad, lo que generó reparos de la Asociación de Bancos. Un año después, el proyecto comenzó a ser tramitado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron indicaciones que se hacen cargo de las preocupaciones de la industria. Esto tiene hoy a la iniciativa en un complejo escenario.

"Los bancos no pueden eludir su responsabilidad, pues son los que más utilidades tienen en este país, por lo tanto, hay que asegurar que en la ley no quede letra chica alguna y ya estamos en segundo trámite", dijo la diputada Joanna Pérez del PDC.