Cristián Rodríguez F.
Para el 30 de abril, en el Juzgado de Garantía de La Calera, fue programada la audiencia de formalización en contra de Andrés Leiva (UDI), concejal de La Cruz y exdirector de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio; Eduardo Monsalves, administrativo del Departamento de Adquisición; Miriam Reinoso, encargada de Personal, y Evelyn Pinto, exadministradora, por su eventual participación en el delito de fraude al Fisco cometido entre enero de 2014 y julio de 2015.
La decisión de formalizar el caso la adoptó el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de Valparaíso, Patricio Toro, quien en la solicitud aseguró que la responsabilidad que le cabe a los cuatro involucrados es de coautores.
Consultado al respecto, el abogado del edil Leiva, Juan Carlos Manríquez, explicó que hasta ayer no conocían los hechos por los cuales formalizarían al concejal ni al resto de los acusados. "Por ahora nos hemos puesto voluntariamente en contacto directo con la Fiscalía y los tribunales y hemos pedido copia de todos los antecedentes para hacer una completa y adecuada defensa desde el inicio. Los detalles los sabremos en audiencia", sostuvo.
Pese a ello, Manríquez expresó que "estamos siendo muy proactivos y directos" y que "nos notificamos en el tribunal y en la Fiscalía de la audiencia fijada, sin necesidad de ningún apremio por instrucciones de nuestro cliente".
"(Leiva) nos ha instruido ser claros en sostener su disposición a actuar de inmediato en la causa, aportar todo lo que sea requerido y necesario, sin ambages, y reclamar su total inocencia y falta de intervención en cualquier acto reprochable. Será una investigación larga, quizás, pero estimamos que debiera resolverse en los mejores términos", agregó el abogado del concejal.
Si bien hasta el momento no existe ninguna querella que permitiera identificar los hechos por los cuales formalizarán a las cuatro personas, durante la tarde de ayer el fiscal Toro confirmó a este Diario que la investigación -que llevan adelante desde hace un largo tiempo en la Urac- dice relación con el informe emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso en 2016, en el cual se resolvió iniciar un reparo por $ 387 millones tras detectar una serie de pagos improcedentes en la municipalidad.
De acuerdo al documento de la época, el organismo cuestionó el pago de $ 23,4 millones a Leiva -durante 18 meses- por no haber adjuntando los informes sobre las actividades que realizó como coordinador de asuntos religiosos y también por no ajustarse dicho trabajo a las funciones municipales.
"En cuanto a la contratación del señor Leiva, es dable precisar que dentro de las funciones propias de las municipalidades no se encuentran aquellas relacionadas con el culto religioso, por lo que ha resultado improcedente contratar los servicios del mencionado servidor", indicó la Contraloría en su informe final, que pese a ello no objetó que el concejal efectivamente haya cumplido con sus funciones.
En el caso de Eduardo Monsalves, la entidad objetó $ 15,5 millones (en el mismo periodo) tras detectar que algunos trabajos ya habían sido realizados con anterioridad, mientras que sobre Evelyn Pinto la Contraloría formuló un reparo por $ 28 millones, puesto que su rol como administradora era incompatible con otras tareas.
Sobre la formalización, desde el municipio de La Cruz también insistieron en que hasta ayer no habían sido notificados, sin perjuicio de que aseguraron que "tenemos plena y total disposición para colaborar respecto a cualquier requerimiento que se efectúe".
En tanto, desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) indicaron que estudiarán los antecedentes para eventualmente presentar una querella.
"No conocemos los detalles de la formalización. Ese es el objeto de la audiencia y ahí los conoceremos"
Juan Carlos Manríquez, Abogado del concejal Leiva"
