Cristián Rodríguez F.
Hasta el ex Congreso Nacional, en Santiago, llegaron los representantes de la Comunidad La Dormida (Olmué) para exponer sobre el conflicto que en la actualidad mantienen con Interchile, empresa a cargo del proyecto Cardones-Polpaico, que ha derivado en una serie de acusaciones de ambas partes a raíz de la construcción de ocho torres de alta tensión en la zona.
El lugar para dar a conocer su postura fue la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta, donde fueron invitados por el senador Guido Girardi (PPD), quien además de reconocer que mantiene una propiedad en dicho sector, aseguró en entrevista con este Diario que apoyará cualquier decisión que adopte la comunidad.
Por eso, cada intervención que realizaron los olmueínos fueron respaldadas por el parlamentario, quien insistió en que Interchile (filial de la empresa colombiana ISA) "omitió" durante la tramitación ambiental que el sector afectado consiste en una Reserva de la Biósfera y que, por ende, requería de un trato especial.
"El dinero no lo compra todo (...) criminalizar la lucha ambiental es indebido y una forma de silenciamiento", cuestionó Girardi, agregando que "el Ejecutivo tiene que tomarse en serio este tema, pero lamentablemente hoy no vinieron las ministras porque parece que no es relevante", en relación a la ausencia de las titulares de Energía (Susana Jiménez) y Medio Ambiente (Carolina Schmidt), quienes habían sido citadas a la comisión.
Sin embargo, la inasistencia de ambas ministras no quitó que la comunidad diera a conocer su petición: que el Gobierno se acoja al Artículo 57 de la Ley 19.880 y suspenda las obras de las "megatorres", a la espera de resolver los actos administrativos pendientes.
Uno de los argumentos para solicitar lo anterior es el reciente fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que la semana pasada decidió no acoger el recurso de casación que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había presentado luego que el mismo juzgado ordenara tramitar una petición para invalidar la RCA del proyecto.
"El Ejecutivo tiene la potestad para suspender el proyecto y así evitar que se produzca más daño mientras se resuelve el trámite administrativo. Como no fuimos evaluados ambientalmente, se está destruyendo sin límites y por eso hay que paralizar esto lo antes posible", comentó a este Diario la presidenta de la comunidad, Evelyn Marchant, quien durante su exposición dijo que "fue el mismo Estado quien nos catalogó como reserva y lo mínimo es que se proteja lo que ustedes mismos decidieron".
Pese a ello, la recepción al interior del Gobierno no habría sido la que esperaba la comunidad. Según comentó uno de los abogados de La Dormida, Juan Molina, el Ministerio de Energía -que ayer estuvo representado por el subsecretario Ricardo Irarrázabal- "deslindó responsabilidades y señalaron que cumplirán lo que mandate la justicia".
Además, el jurista indicó que mañana, cuando expongan ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, le pedirán a los diputados que se hagan parte de la solicitud de paralización del proyecto.
En tanto, ayer, en el Senado, se resolvió volver a citar a la ministra Carolina Schmidt a la próxima comisión, además de oficiar a distintas instituciones -entre ellas Conaf y la Inspección del Trabajo- para que respondan a las denuncias de la comunidad.
torres de alta tensión son las que Interchile tiene considerado construir en los terrenos de la comunidad. 8
