Cristián Rodríguez F.

El Tribunal Oral en lo Penal de Quillota sentenció al exalcalde de Nogales, Óscar Cortés (DC), a cumplir una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito reiterado de malversación de caudales públicos cometidos entre 2011 y 2013. Si bien el Ministerio Público había solicitado una pena de 14 años contra la exautoridad, el Juzgado terminó acogiendo las atenuantes de irreprochable conducta y colaboración sustancial que le permitirán cumplir su condena en libertad vigilada intensiva.

Los hechos de la investigación de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía de Valparaíso se remontan al 2012, cuando se detectó el retiro de $221 millones desde una cuenta municipal para ser desviados a distintos fines, incluso políticos, según se logró acreditar en el juicio oral.

"Se procedió a sustraer los fondos existentes en las cuentas pertenecientes a la Municipalidad (...) que iban en beneficio de habitantes de la comuna, pero evidentemente generando compromisos políticos de respaldo al exalcalde, que en la época enfrentaba una elección", indica la sentencia.

Junto a Cortés, el Tribunal también condenó a los exfuncionarios Aníbal Urbina, Gonzalo Mena y Jacqueline Herrera a cuatro años de presidio menor y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos mientras dure la sentencia.

Todos ellos, además, deberán pagar una millonaria multa al Fisco tras acogerse la demanda civil que presentó el CDE. En el caso del exalcalde, deberá cancelar $229 millones.

Consultado al respecto, el abogado del exalcalde, Matías Mundaca, se mostró satisfecho con la sentencia considerando los 14 años que solicitaba la Fiscalía. De hecho, agregó que si no se hubiesen acogido las dos atenuantes, Cortés "podría haber sido condenado a diez años sin ningún problema".

"La sentencia resultó conforme a lo que había planificado esta defensa. El tribunal estimó que hubo una malversación -lo que nosotros nunca discutimos-, pero que ocurrió producto de un desorden y un sistema paralelo de ayudas sociales que no se ajustaba a los procedimientos municipales", explicó Mundaca.

Respecto al desvío de recursos para fines políticos, el abogado agregó que "se dio por establecido porque objetivamente toda actividad que realiza una alcaldía podría tener esos fines", aunque sostuvo que "distinto es que el desvío haya tenido un objetivo electoral, lo que no fue así".

Lo anterior fue confirmado por el fiscal a cargo de la investigación, Patricio Toro, quien señaló que "el tenor de la acusación apuntaba a los dividendos políticos que obtenía el alcalde -lo que fue acreditado por el Tribunal-, pero no a una utilización de estos recursos, por ejemplo, para campañas".

Sobre la condena, en tanto, el persecutor reconoció que si bien era un escenario previsible, "no era el ideal para la Fiscalía" que la pena se rebajara en dos grados. "Con la dos atenuantes, nuestra pena giraba en torno al presidio mayor mínimo, es decir de cinco años y un día a diez años, pero el Tribunal ameritó lo contrario", comentó el fiscal.

Por lo mismo, Toro sostuvo que "vamos a estudiar el fallo para evaluar la procedencia de algún tipo de recurso", el que estaría limitado exclusivamente a la pena dictada.

"Estamos satisfechos con la sentencia al exalcalde, que resultó conforme a lo que había planificado esta defensa"

Matías Mundaca, Abogado del exalcalde"