"Intentamos un diálogo con las personas, pero estuvieron todo el tiempo encapuchadas", sostuvo el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, al justificar la decisión que tomó el plantel de solicitar a Carabineros desalojar el Campus Oriente, el que había sido ocupado ayer por un grupo de alumnas. Las estudiantes reclamaban que un funcionario sobre quien pesaban 30 denuncias por abuso no había sido removido y continuaba en la universidad.

Consultado por el tema, el rector explicó que "intentamos conversar, estuvieron encapuchadas todo el día de ayer, hubo manifestaciones de semidesnudo, etc., cosas que son absolutamente fuera de la convivencia universitaria. Así que hicimos el desalojo".

La autoridad universitaria agregó que "las estudiantes que estaban (en la toma) no quisieron entregarnos ninguna información, ningún petitorio especial. Por lo tanto, tuvimos que tomar la medida que tomamos".

Afirmó, además, que la toma de ayer fue diferente a la que se desarrolló en 2018, durante las movilizaciones feministas.

"El año pasado iniciamos un diálogo a las pocas horas con las personas que se tomaron casa central; a la media hora todas las personas se sacaron las capuchas, pudimos conversar cara a cara, saber quiénes eran. Todo eso ayer no se produjo", detalló.

El rector indicó también que "no había ninguna razón para una medida de fuerza de este tipo" y aseguró que la toma "fue bastante condenada" por los profesores y la mayoría de los alumnos de Campus Oriente.

Respecto de la situación del funcionario al que apuntan las manifestantes, Sánchez explicó que "se le hizo una investigación sumaria, sin encontrar elementos para su despido", por lo que "estamos viendo en qué otra función se puede desempeñar".

Precisó que las 30 denuncias se investigaron y que "no hay ninguna resolución para tomar una conducta con él". "Muchas veces las personas dicen 'hay 30 denuncias' y cuando se cita a declarar llegan 6 u 8 personas y no podemos avanzar con esas declaraciones", señaló.

Realizarán nueva consulta para cambiar ley indígena

Una nueva consulta indígena, que servirá como base para reformar la actual legislación sobre la materia, realizará el Gobierno en el mes de mayo. Así lo adelantó ayer el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

"Nosotros hemos propuesto diversas modificaciones, porque en lo fundamental al ley indígena tiene 25 años, 26 años de vigencia, ha sido una ley que ha sido un aporte en muchos aspectos. Creemos que lo que hay que hacer hoy es ver aquellas cosas en las cuales hay que hacer modificaciones para mejorarla y hacerla más fuerte", indicó.

"Particularmente, nos interesa que las personas que reciban, por ejemplo, tierras, tengan mayor libertad para poder realizar sus propios proyectos, que puedan realmente hacer un uso adecuado de ellos en la forma que deseen hacerlo. Hay temas que tienen que ver con la formación de comunidades, con la subdivisión de los terrenos", sostuvo.