Cristián Rojas M.

Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso llegó el senador Francisco Chahuán (RN) para sumarse al recurso de protección que busca erradicar a las 56 familias que se tomaron un terreno en Limonares, Viña del Mar, bajo un sector con torres de alta tensión, ocasión en que estuvo acompañado por la presidenta de la Junta de Vecinos de Limonares y el abogado de una de las propietarias de los terrenos.

El parlamentario explicó que acudió a la Corte "porque estamos preocupados, tanto por las personas que hoy día están en el campamento como también por los vecinos y por su seguridad. Es por eso que estamos trabajando intensamente con los servicios públicos para los efectos de dar una solución a aquellas personas que merecen salir de ahí, porque hoy día está afectada su propia seguridad".

Para lograr ese objetivo, agregó, "estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para poder entregarles un subsidio de arriendo mientras se busca una salida que les permita vivir con dignidad. El campamento está sobre un área donde hay una servidumbre eléctrica y en cualquier minuto puede provocarse un incendio que afecte a los vecinos que están en el campamento como a los vecinos del lugar".

Por otra parte, el senador conversó "con el padre Marcelo Catril, que está trabajando en coordinación con las personas que están viviendo en el campamento, y están muy conscientes de que tienen que salir del lugar porque están en una situación compleja, pero por lo mismo nosotros estamos trabajando y ya logramos que se hicieran los catastros para conseguir que aquellas personas que están con sus papeles al día puedan, efectivamente, tener un subsidio de arriendo".

Chahuán enfatizó que el propósito es "velar por la dignidad y la seguridad de las personas que se encuentran en el campamento, como también por la seguridad de los vecinos que se encuentran alrededor, y evitar que un incendio como el que ya se provocó, pueda también arriesgar la vida de ellos y de los vecinos".

Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos de Limonares, Cecilia Rodríguez, expuso que "hace ocho meses que estamos viviendo esta situación" e hizo hincapié en "la peligrosidad que están viviendo constantemente estas personas ocupantes del terreno de las tomas. Entonces, nosotros estamos viendo por las vidas de ellos como por la seguridad de nosotros también".

La dirigenta planteó que esta situación "sin duda que nos ha afectado en la calidad de vida. Nosotros hemos dicho por el tema de salubridad, porque ellos no tienen alcantarillado, no tienen red de agua potable, y obviamente que todas las descargas de los desechos humanos, lamentablemente, van hacia nosotros, tanto a Limonares como a Miraflores".

A su vez, el abogado Christian Lucero, representante de una de las propietarias de los terrenos tomados, agregó que "se le solicitó a la Corte hacernos parte por ser terceros interesados en el resultado de este recurso. Por otro lado, también se está pidiendo el resguardo y la seguridad de las propias personas que están en la toma, porque algunos están con niños, con gente de la tercera edad, y ahí hay un peligro inminente que tiene que ver con las torres de alta tensión donde ellos han estado construyendo. Por eso que hay que hacer el desalojo".

Lucero hizo notar que su representada "tenía su terreno totalmente cercado y, sin embargo, las personas han tratado de entrar igual. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, apoyados por el senador Chahuán, es también pedir el resguardo de los propietarios y de los trabajadores que están haciendo los cercos, porque los agarran a piedrazos".

El jurista precisó que "estamos haciéndonos parte de un recurso que ya fue presentado en octubre por los vecinos y estamos acompañando nuevos antecedentes que tienen que ver con el peligro de incendio y que tienen que ver con el Plan Regulador Comunal, que prohíbe expresamente que se construyan viviendas ahí, por lo riesgoso del sector".

Al respecto, agregó que "hay unos oficios que se pidieron a Bomberos, a Conaf, a Esval y otros, en total cinco oficios, y no han llegado todavía las respuestas. Entonces, nosotros queremos empujar un poquito esto para que se solucione lo más pronto posible".

Consultada por una eventual orden de desalojo previa a que la Corte dicte sentencia, la gobernadora provincial, María de los Ángeles de la Paz, planteó que "estamos trabajando con ellos a fin de implementar una salida desde el punto de vista social. Tienen que salir de ese lugar, básicamente por las condiciones de emergencia, y lo que se decida en forma privada, a través de los recursos judiciales, es una competencia de los tribunales de Justicia".

familias han sido catastradas en la toma y un 80% de ellas son de extranjeros, indicó el abogado Lucero. 56