Claudio Ramírez

"Valparaíso, Biobío y otras regiones son las principales beneficiarias de tener el camino despejado para tener buenos gobiernos regionales y ésta en particular, por su historia, debe ser una de las más interesadas en que esto salga bien porque hay muchas fuerzas contenidas de autogobierno, de tomar decisiones propias que este proceso le ofrece", comenta el exministro de Economía, Alejandro Ferreiro.

Y es que, como miembro de la Fundación Espacio Público, el abogado y consultor recorre el país para abordar el tema junto a los actores locales. Esto en el marco de un proyecto sobre descentralización que desarrolla la entidad.

-¿Cuáles son las principales debilidades en lo que respecta a la transferencia de competencias?

-Nosotros tenemos una ley que se publicó en febrero en 2018 y que genera un marco que habilita al Presidente de la República, a partir del año 2022, a transferir ciertas competencias a los gobiernos regionales previa solicitud de los mismos, pero en verdad este es un marco habilitante que permite transferir, pero no garantiza ninguna transferencia. En consecuencia y paradojalmente esta ley puede cumplirse perfectamente sin transferir ninguna competencia y eso puede ser frustrante y genera mucha incertidumbre.

-Se ha avanzado poco.

-No hay claridad respecto de cuáles van a ser en general las competencias, las funciones e incluso los servicios públicos que los gobiernos regionales van a tener que administrar. Eso va a quedar muy dependiente de la discrecionalidad - quizás arbitraria o por razones de favoritismo político- del Presidente de la República que gobierne a partir del año 2022. Eso es algo que se debe evitar.

- ¿De qué manera se puede hacer?

- Se debe evitar fundamentalmente identificando, por así decirlo, el bloque básico de competencias, funciones y potestades que todo gobierno regional debiera tener. Establecer además un plazo para que esas transferencias se realicen por el ministerio de la ley, por definición legal, de modo que todos tengamos certezas.

-No dejar nada a la arbitrariedad…

-No dejar esto entregado a una decisión discrecional del Presidente de la República, establecer un plazo suficientemente extenso para que las regiones puedan prepararse, realizar los estudios, generar los cambios institucionales, el reclutamiento y capacitación del personal idóneo para asumir competencias que de alguna manera sean equivalentes y/u homólogas en todo el país. No nos parece razonable que al final de este proceso unas regiones tengan ciertas competencias y otras algunas distintas. Estética y políticamente sería muy difícil justificar que algunas regiones están preparadas y otras no.

- En octubre de 2020 hay elección de gobernadores. Incluso en algún momento se habló de atrasarlas.

- Pienso que eso es inviable y que las elecciones a esta altura son inamovibles. Es muy difícil justificar frente a las regiones que, por no haber hecho la pega de prepararse para este proceso, vamos a postergar las elecciones. Y hacer la pega es abordar algunos temas de descentralización administrativa y otros de descentralización fiscal, de modo que cuando se elijan estas autoridades puedan, en ejercicio de sus funciones, cumplir con las expectativas que la gente tiene en ellas al momento de elegirlas.

- Da la impresión que también hay resistencia de los funcionarios a depender de los gobiernos regionales.

- Es un punto de carácter práctico que hay que resolver para no ensuciar más este proceso. Los funcionarios tienden a preferir ser parte de un organismo nacional que de un gobierno regional o de un organismo dependiente del mismo. Lo que tenemos que hacer es reconocer ese dato y buscar una solución que les genere tranquilidad (…) Pero esto hay que abordarlo con cuidado porque si los funcionarios perciben que se precariza su condición al momento de ser transferidos a los gobiernos regionales, probablemente vamos a tener un grupo opositor a este proceso.

- ¿Las figuras del gobernador regional y del delegado presidencial están suficientemente diferenciadas?

- De alguna manera se separan las funciones que tiene el actual intendente. Esta distinción tiene alguna claridad en la teoría, y uno de los desafíos va a ser la convivencia, ojalá colaborativa entre autoridades, una dependiente de la designación presidencial y la otra con un mandato político electoral. Es uno de los temas que hay que abordar con cuidado y que probablemente más de alguna fricción van a significar.

-¿Tiene incentivos el Gobierno para desprenderse del poder porque, en definitiva eso es el traspaso de competencias?

- Uno de los problemas del diseño actual es que le entrega a la discrecionalidad presidencial la definición de qué competencias transfiere. Es pedirle, en materia de poder político, que quien tiene cierto poder, lo pierda y que lo haga voluntariamente a través del ejercicio discrecional. Entonces me parece que hay una suerte de conflicto de interés inevitable que está detrás de este proceso y que marca la timidez con la cual se abordó esto y que, a mi juicio, se resuelve mejor si en el Parlamento se define qué competencias constituyen, por decirlo así, la esencia de los bienes públicos que la región debe gestionar (...) Nosotros tenemos demasiadas incertidumbres respecto del qué, del cómo y del cuándo se van a transferir las competencias. Esto genera riesgos y muchas dificultades para planificar y creemos que debe resolverse a través de una ley corta que establezca este nítido bloque de competencias y un plazo cierto definido por la ley.

-¿Que no se tope con las elecciones?

- Queda poco tiempo, pero queda (…) Nosotros pensamos que es mejor resolver esto sin que exista la posibilidad de hacer un cálculo político y pensar si conviene o no transferir más o menos competencias a esta región u otra. Es mejor que se decida en base a las definiciones objetivas y conceptuales sin la calculadora electoral arriba a la mesa.

-Es optimista respecto a este proceso, ¿aún está en riesgo?

-Lo soy en la medida que se inició y soy optimista en que no puede ser revertido (...) Todavía estamos en riesgo de que, si no corregimos los problemas, los nuevos gobernadores se encuentren con mucha legitimidad electoral pero con muy poca capacidad de responder a ese mandato.

-Ahora, transferir recursos a las regiones debe implicar un control adecuado.

-Hay que ser responsable en el análisis. Efectivamente la experiencia no sólo en Chile, sino que en países que se han descentralizado rápidamente como Perú y Colombia no ha sido muy buena en materia de ética pública y privada. Hemos tenido a una buena parte de los gobernadores en Perú presos o procesados y en Colombia algo parecido. Hay libros que dicen que la corrupción ha sido el principal enemigo de la descentralización. Un riesgo de revertir un proceso de descentralización está dado en que la opinión pública asocie la descentralización a malas prácticas, mal gobierno e irregularidades. Uno no puede soslayar que ese problema existe.

- ¿Y cómo se soluciona?

- Hay que establecer medidas adecuadas para la protección y la transparencia en la rendición de cuentas. Ahora para poder establecer un sistema de control preciso es importante saber cuáles son las competencias y funciones que los gobiernos regionales van efectivamente a ejecutar. Mientras exista incertidumbre al respecto va a ser más difícil prepararse y tomar las medidas de prevención adecuadas.

"Si no corregimos los problemas, los gobernadores tendrán mucha legitimidad electoral pero muy poca capacidad de responder a ese mandato""