Pamela Boltei

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, acudió a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados - a la que estaba invitado previamente-, a cuyos integrantes aclaró los cuestionamientos en torno a las metodologías en las auditorías a municipios, haciendo un capítulo especial para el de Viña del Mar.

Desde las 15.30 horas de ayer, el jefe máximo del órgano contralor expuso por unos 30 minutos los criterios que aplica para decidir a qué municipios audita, los mecanismos que incluye este proceso y qué decisiones puntuales deben hacer los equipos fiscalizadores ante el hallazgo o falta de información.

Asimismo, explicó los alcances de la fórmula aplicada para calcular el déficit en la Ciudad Jardín, exposición tras la cual ocho diputados, incluido el presidente de la comisión, Matías Walker, hicieron consultas a la autoridad, las que fueron respondidas en un proceso que demoró 1 hora 25 minutos.

Bermúdez aludió a un documento -que denomina borrador- que plantea errores a las auditorías a municipios, del que hace referencia un reportaje publicado el domingo pasado por el diario La Tercera. Sobre dicho informe, dijo que "es un documento de trabajo" y señaló que "desgraciadamente hay personas que yo no sé si por desconocimiento o por mala intención o por todas las anteriores tratan de sacar partido de esto, pero hoy leí en un diario que una persona que forma parte del Consejo de Modernización decía que el contralor había, comillas, fondeado en un cajón este documento, y esto me parece que no sólo es una falta de respeto a la institución sino que también es una falsedad, porque el documento está acá", tras lo cual comentó: "A diferencia de facturas que sí hemos encontrado en closet o roperos en las distintas municipalidades...".

En torno a las críticas, afirmó que "las auditorías de la Contraloría no son aleatorias, éstas responden a una matriz que tienen un conjunto de elementos, entre otros, por ejemplo denuncias que nos hacen los parlamentarios para llegar a auditar a un determinado municipio o entidad. Cuando hacemos pasar esto por la matriz, evidentemente hay servicios y municipalidades que siempre van a salir porque el riesgo que hay ahí es mayor... no se extrañe que la Contraloría siempre esté en el Ejército, en Carabineros y en municipalidades que son bastante grandes, porque manejan muchos recursos, y ése es el foco de la Contraloría al final de cuentas".

Bermúdez explicó cuál es la fórmula base o "ideal" para auditar a los municipios, y por qué no se aplica de igual forma en todos. Ésta consiste en sumar el saldo inicial de caja más los ingresos devengados y a eso restarle los gastos devengados, entendiendo por devengados los dineros que están comprometidos para recibirse o para pagarse, según sea el caso. El resultado de ese ejercicio es el superávit o déficit.

El contralor detalló, a través de una presentación en Power Point de 31 láminas, que "si esa información fuera confiable, la CGR no tendría necesidad de realizar auditorías, toda vez que la información es enviada por cada Municipalidad a la Contraloría mensualmente".

En ese sentido, Bermúdez explicó que hay varios criterios para aplicar o no la fórmula base en las auditorías en los municipios: Que los registros contables sean fidedignos; que la totalidad de los ingresos y gastos se encuentren correctamente devengados y en el periodo que correspondan; que la documentación de respaldo avale las operaciones efectuadas; y verificación de la composición de los saldos (por ejemplo, exclusión de ingresos de data muy antigua o de difícil recuperación).

Dado que lo anterior no se cumple siempre, se deben efectuar pruebas de validación a través de las auditorías, mencionó. "Si esto fuese 100% fidedigno no sería necesario ir a auditar, porque bastaría con que esto está correcto y podríamos, por así decirlo, hacer una fiscalización remota a partir de la información que nos van reportando las municipalidades. Pero obviamente la realidad no es así, es distinta". Debido a la diversidad de municipios y sus capacidades distintas, explicó el contralor, se mantiene un abanico de posibilidades de contabilidad".

Sobre esto, dijo que "de esta fórmula (base) hay normalmente observaciones que se formulan por parte de la Contraloría que hace que esos ítems sufran variaciones, porque la contabilidad no lo está expresando de buena manera. No hay un cambio en la fórmula, sino que es el despeje de la información que se tiene que hacer por parte del auditor".

Bermúdez también se refirió a lo publicado por La Tercera, afirmando que "en el caso particular de este pseudo reportaje del día domingo, porque en realidad no hay ninguna fuente que se haga responsable de esos dichos, lo que ahí no se dice es que en el saldo inicial de caja (en Viña del Mar) esos recursos estaban afectados, no eran de libre disposición ni destinados al presupuesto, estaban afectos a un fin porque era plata que había puesto el Ministerio de la Cultura para la reparación del Teatro Municipal y el Palacio Vergara, $4.800 millones y $400 millones, respectivamente, por lo tanto no podían ser considerados como saldo inicial de caja". De hecho, afirma que en 2016 se publicó un instructivo para contabilizar bien estas cifras.

El contralor Bermúdez también quiso aclarar las especulaciones sobre las supuestas intencionalidades políticas en torno a las fiscalizaciones de la Contraloría, mostrando un gráfico en el que, de 2015 a 2019, la ex Nueva Mayoría tiene el mayor número de auditorías relacionadas al déficit municipal, siendo el 2017 el año en que se hicieron más, con un total de 18. Ese mismo año, en municipios de Chile Vamos se hicieron 12, según el gráfico y en municipios independientes hubo tres. En 2018 fueron 11 los municipios que tuvieron auditorías de Chile Vamos; 8 de la ex Nueva Mayoría; tres independientes y uno del Frente Amplio. En 2016 Chile Vamos tuvo tres auditorías, mientras que la ex Nueva Mayoría siete, al igual que los municipios independientes. En 2015 se informó en la gráfica que tres municipios de Chile Vamos tuvieron fiscalizaciones a sus finanzas; y la ex Nueva Mayoría tuvo cuatro, mientras que los independientes, tres. En los meses que han transcurrido del presente año sólo hay auditorías relacionadas a déficit municipal en tres municipios de Chile Vamos.

"Otra cosa que se ha intentado instalar, y que es lo peor que le puede pasar a un organismo como la Contraloría, no sólo es tratar de desautorizarlo técnicamente sino que también tratar de adscribirlo a un color político. La Contraloría se define constitucional y legalmente como un órgano autónomo e independiente y esa autonomía es política en primerísimo lugar. Esto muestra las auditorías que se han hecho de 2015 a 2019 por color político y efectivamente uno puede darse cuenta acá que si alguien pudiera reprocharle algo a la Contraloría es por qué ha auditado más a la ex Nueva Mayoría que a la actual coalición de gobierno", aclaró.

Y añadió: "Yo estoy consciente de que probablemente hay ciertas municipalidades que se denominan, entre comillas, emblemáticas y que a lo mejor pueden significar una mayor sensibilidad, pero eso no es un elemento que nosotros podamos considerar. Tenemos una matriz de riesgo que creemos que es lo más objetiva posible y con ella hemos trabajado".

A la cita asistieron varios diputados que no eran de la comisión de Constitución, entre ellos el RN Andrés Celis, quien fue concejal de Viña del Mar, quien dijo que "la Contraloría, en general, ha actuado bien, y me pareció bastante precisa, clara, concisa la exposición del contralor y lamento lo que está ocurriendo. Yo tengo una buena opinión de la alcaldesa Reginato, creo que ella es proba, y aquí los asesores y las personas del municipio que hicieron caer en este déficit tienen que responder".

Jorge Alessandri (UDI) fue uno de los pocos del gremialismo que estuvo allí, pese a que la timonel de ese partido, Jacqueline Van Rysselberghe hizo un llamado público a pedir la renuncia y a estudiar una acusación constitucional contra el contralor, iniciativa que no fue respaldada ni por los presidentes de RN, Evópoli ni por el Gobierno.

Por eso llamó la atención que hubiera tan poca presencia UDI en la comisión, pues si bien la diputada María José Hoffmann -quien no es de la comisión- estuvo presente, llegó cuando el contralor ya había expuesto y ni siquiera alcanzó a hacer alguna pregunta. El parlamentario UDI Osvaldo Urrutia -tampoco es de la comisión- férreo defensor de la gestión Reginato, tampoco estuvo presente y sólo alcanzó a llegar a los últimos minutos, cuando ya estaban cambiando de tema. Pese a ello, igual quiso hablar con la prensa y dar su punto de vista, sin importarle no haber conocido la versión de Bermúdez.

Consultado sobre si apoyarán como bancada una acusación constitucional, Urrutia respondió que "eso está en estudio, no es una decisión que se haya tomado, se tendrá que tomar al interior de la bancada y entiendo que ella tiene más antecedentes que no son exclusivamente los de Viña como para llegar a esa conclusión (...) Veremos si amerita una acusación constitucional, si hay suficientes pruebas para hacerlo", mientras que Hoffmann señaló que "es una decisión que tenemos que tomar más como bancada que como partido, pero evidentemente las faltas del contralor dan para poder patrocinar una acusación constitucional". Sin embargo, Celis dijo: "Por lo menos en RN no están los votos para una acusación constitucional".

El contralor, al término de la comisión, señaló a la prensa que "como Contraloría hicimos una exposición bien detallad a de las formas en que, por un lado se tiene que realizar la contabilidad de parte de los servicios públicos y las municipalidades, y luego la forma en que la Contraloría audita esa contabilidad. Lo que se expresó fue que aquí no hay ninguna vara distinta respecto de nadie, se ha aplicado el mismo criterio, pero hay un principio fundamental, que los auditores tienen que trabajar con información que sea fidedigna y completa y cuando eso no ocurre tienen que seguir investigando hasta llegar a cuál es la realidad financiera de una entidad".

Sobre si los últimos acontecimientos se tratan de un amedrentamiento a los auditores, dijo que "nosotros tratamos de hacer el trabajo de la manera más objetiva posible, y si uno hace una revisión en términos políticos de dónde se audita y dónde no, está todo bastante distribuido, entonces aquí no hay ningún sesgo. Lo único que hay es tratar de hacer la pega, el trabajo de una manera profesional, que es lo que se ha hecho en todas partes".

"Fue muy claro y contundente. No todo vale, aquí hubo un intento (...) de desacreditar el trabajo de la Contraloría"

Marcelo Díaz, Diputado PS"

"(Van Rysselberghe) se apresuró, y como lo dijo el presidente de RN y el Gobierno, no hay fundamento para una acusación constitucional"

Andrés Celis, Diputado RN"

"No pongo en duda la capacidad del contralor, pero hasta hoy existen discrepancias sobre el déficit que tiene el municipio de Viña"

Osvaldo Urrutia, Diputado UDI"

" La Contraloría se define constitucional y legalmente como un órgano autónomo e independiente y esa autonomía es política en primerísimo lugar. Esto muestra las auditorías que se han hecho de 2015 a 2019"

Jorge Bermúdez, Contralor general de la República"

" Nosotros tratamos de hacer el trabajo de la manera más objetiva posible, y si uno hace una revisión en términos políticos de dónde se audita y dónde no, está todo bastante distribuido, entonces aquí no hay ningún sesgo"

Jorge Bermúdez, Contralor general de la República"

Flores e Ibáñez se enfrentan por test de droga en el Congreso

En las veredas opuestas de la forma cómo abordar el control del consumo de drogasen el ámbito parlamentario se ubicaron los diputados por el distrito 6 Camila Flores (RN) y Diego Ibáñez (Frente Amplio)

Mientras en conversación con radio ADN, Ibáñez dijo haber consumido hace un mes de manera recreacional - "no creo que eso afecte en nada mi labor parlamentaria"-, la diputada Flores mostró ayer un test de drogas que se realizó y salió negativo para demostrar su oposición al consumo y propuso que la prueba sea obligatoria para todos los congresistas.

A propósito del plan "Elige vivir sin drogas", impulsado esta semana por el Presidente Sebastián Piñera, Flores y otros parlamentarios de Renovación Nacional decidieron hacerse un examen, frente a la prensa del Congreso, para descartar que son consumidores de algún tipo de sustancia o sicotrópico.

"Junto a mis colegas podemos con total objetividad y prescindencia de drogas seguir legislando. Hemos pasado la prueba de la blancura, acá están nuestros test que marcan dos líneas que muestran claramente que estos exámenes han sido negativos respecto al consumo de marihuana, cocaína y benzodiacepinas, anfetamina, en definitiva de cualquier tipo de psicotrópico que a nosotros podría generarnos algún tipo de dependencia", dijo la diputada Flores.

Aseguró también que "para legislar respecto al futuro de Chile, definir cuál va a ser el futuro de nuestra patria necesitamos estar con nuestros sentidos, con nuestra objetividad puesta al 100%. Si nosotros tuviéramos algún tipo de dependencia de la droga eso no sería posible".

El diputado Diego Ibáñez está de acuerdo con la posibilidad de que los parlamentarios se hagan un test, pero advirtió que debe ser voluntario.

"No creo que porque salgan cannabinoides en la sangre, tú vas a estar inhabilitado. Lo que inhabilita es no tener independencia política para votar en la sala y estar respondiendo permanentemente", añadió el parlamentario ante la consulta de ADN, luego de admitir que probó la marihuana en su época universitaria y que la última vez que consumió fue hace un mes.

En ese sentido, hizo un llamado a "hablar de drogas en serio, de narcotráfico y de otras cosas que sí afectan la labor parlamentaria". Incluso, expuso que "creo que debe haber parlamentarios que 'fuman' y que aportan más en las comisiones que otros que, pese a recibir 9 millones de pesos, no trabajan del todo bien y faltan", afirmó.

Los parlamentarios de RN suscribieron su apoyo a un proyecto de ley impulsado por el diputado Frank Sauerbaum (RN), que busca imponer a diputados y senadores la obligación de someterse anualmente a exámenes de control de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.

"Creo que debe haber parlamentarios que 'fuman' y que aportan más en las comisiones que otros"

Diego Ibáñez

Diputado Frente Amplio"

$ 17.585 millones es el monto que la Contraloría Regional de Valparaíso estipuló como déficit en el municipio de Viña del Mar, al 31 de diciembre de 2017.

4,47% del presupuesto municipal corresponde al subtítulo 31 de proyectos, consultorías y obras civiles en el municipio de Viña. En cambio, un 14,93% se pagó por horas extra y honorarios.