"El que quiere andar armado, que ande armado". Esta ha sido una de las frases más polémicas que ha emitido la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en el último tiempo. Aunque afirmó que su declaración fue "recortada" y que ella no recomienda a los ciudadanos que porten armamento, ésta le provocó una batahola de críticas.

Ocurrió en noviembre del año pasado, pero aquel fue solo uno de los controvertidos momentos que ha debido enfrentar la secretaria de Estado y su cartera, desde que el Presidente Mauricio Macri decidió que la seguridad pública sería su foco de batalla.

Esta semana, Bullrich se encuentra en el ojo del huracán debido a la creación de una oficina para defender los derechos humanos de los agentes de las cuatro fuerzas federales de policía.

La nueva entidad, que fue impulsada por la propia ministra, surge en medio de los reproches de organizaciones que consideran que el Gobierno no ha tomado medidas en contra de la violencia policial.

"Están completamente locos, es una vergüenza lo que plantean, ¿qué quiere inventar ahora esta muchacha?", dijo a radio Futurock la presidenta de las agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Ministra de Trabajo y luego de Seguridad Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa; además de diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante tres períodos, Bullrich es hoy considerada la mujer fuerte del Gobierno de Macri y la responsable del endurecimiento de las políticas de seguridad y antidelincuencia de dicha administración.

Es en ese rol que ha debido enfrentar difíciles batallas políticas. Una de las más duras fue el debate por la implementación de una polémica normativa en diciembre pasado, que entregó mayores libertades a las fuerzas de seguridad federales para el uso de armas de fuego.

Llamada "gatillo fácil" por los opositores, la medida estableció que las fuerzas de seguridad pueden utilizar armas letales sin la obligatoriedad de advertir primero al sospechoso y aunque no haya existido una agresión directa previa.

"A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente", criticó en ese entonces el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Bullrich, magíster en ciencias políticas y de 62 años, salió a la defensa: "Vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro dónde está el bien y donde está el mal", afirmó. "Qué tiene que hacer un policía, ¿preguntarle al delincuente si tiene una réplica?", dijo en otra ocasión.

Como la cabeza de uno de los ministerios más polémicos de la actual administración, Bullrich también es la responsable del proyecto de ley que pretende bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad. Una iniciativa en la que tuvo que ceder, pues ella buscaba disminuirla a 14 años.

"No solo se va a generar la conducta sancionatoria, sino una conducta de comprensión de que si sigue por ese camino va a ser peor", afirmó la ministra, al tiempo que aseguró que el espíritu de la norma se basa en las políticas impulsadas por el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.