Alexis Paredes R.

En el marco de la conmemoración del aniversario 127 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, su vocero, el ministro Raúl Mera Muñoz, se refirió al trabajo que realiza el tribunal de alzada, que recibe más de 20 mil causas cada año, los estándares de probidad que se les exige a los integrantes de la judicatura y funcionarios, así como también a la crisis del Poder Judicial por la investigación contra jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la cual integró por catorce años.

Tres ministros fueron suspendidos por el delito de tráfico de influencias, en medio de sorprendentes acusaciones de magia negra, figuras del diablo y una foto de una exministra con alfileres. Una historia inédita en la magistratura que obligó a la intervención de la Corte Suprema.

-¿El proceso de modernización del Poder Judicial les ha facilitado la labor a los jueces o se mantiene una sobrecarga importante?

-Hay una sobrecarga. Desde luego el sistema ha ayudado, hay modificaciones que hacer, pero lo relevante es que, tratándose de cambios tan profundos y repentinos, nos hemos adaptado bien. Ha habido un esfuerzo e interés de todos por tomar este desafío de modernización y llevarlo adelante de la mejor manera posible.

-Un tema siempre complejo es la relación entre pares en los tribunales. Le pasó a usted en 2017, cuando le entregó la presidencia de la Corte a la ministra María Inés Letelier, quien al mes renunció al cargo en medio de cuestionamientos de los propios ministros y funcionarios por maltrato laboral. Incluso la Corte fue intervenida por un ministro en visita.

-No sé si exista alguna institución, compuesta por muchas personas que son pares, en que no se den, alguna vez, desavenencias o problemas, está en la naturaleza humana. En nuestra Corte eso se da muy poco, fue un problema muy puntual ya superado, pero en general la relación entre colegas es bastante armoniosa. En las salas mismas el trabajo es bastante grato. Si no hubiera esa buena disposición entre los colegas, muy difícil sería tener los niveles estadísticos que presentamos.

-El año pasado llamó la atención el caso de la magistrado del Primer Juzgado de Civil, Patricia Montenegro, tras una denuncia por malos tratos y hostigamiento a funcionarios. Cámaras de seguridad la grabaron cuando arrojaba agua al asiento de una funcionaria. La Corte abrió un expediente de remoción.

-La institución que diga que en su interior nunca ocurre un abuso o una irregularidad, creo que anda mal. Quien diga eso no conoce su institución. Lo que importante es cómo se reacciona y que eso no sea aceptable. Desde el momento en que se recibió la denuncia la Corte tomó cartas en el asunto, se ordenó una investigación y el pleno impuso una sanción de suspensión por el máximo tiempo legal y solicitó a la Corte Suprema que se estudiara la posibilidad de una remoción de la funcionaria. De esa medida disciplinaria la magistrado apeló y, hasta donde sé la decisión final aún no está adoptada. La magistrada sigue suspendida a la espera que se resuelva su apelación.

-Respecto al incidente que pasó en Isla de Pascua, donde se quemó el Tribunal de Garantía y se produjo el linchamiento de un isleño acusado de homicidio, ¿en qué condiciones están funcionando en dicho tribunal?

-Fueron hechos muy graves. Como pleno hicimos presente nuestra preocupación por la seguridad de los funcionarios, que yo diría es deficitaria en todos los tribunales. Dado el antecedente, hay que tener en cuenta que comenzó la investigación penal de aquellos hechos y hay que precaver que, eventualmente, personas puedan ser formalizadas o ser sometidas a cautelares por haber participado en esos incidentes. Que aquella muchedumbre que fue a linchar no vaya ahora a salvar a quienes puedan haberla dirigido. El tribunal está funcionando bien, hay un juez en calidad de suplente, el titular está con licencia médica y pidió a la Corte Suprema su traslado a otro tribunal y se le concedió. El tribunal está en un local provisorio, pero funcionando a los pocos días del hecho y se recuperó casi todo, porque estaba todo respaldado.

-Usted fue 15 años y hasta el 2015 ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, compañero del ministro Emilio Elgueta. ¿Qué le parece que él sea objeto de cargos por tráfico de influencia y el hallazgo de una fotografía de una ex ministra de la Suprema con alfileres, figuras del diablo y demonios? ¿Le sorprende, tomando en cuenta que convivió en la interna de una Corte que tiene ahora tres ministros suspendidos e imputaciones por enriquecimiento ilícito?

-Sí, claro. No tengo idea del tema del vudú, magia negra y otras situaciones, no tengo certeza de que eso efectivamente ocurrió; que un ministro de la Corte de Apelaciones tenga ese tipo de cosas por supuesto que sorprende. Más allá de esa triste anécdota, respecto a la investigación por presuntas irregularidades, existen investigaciones abiertas en el plano administrativo y penal. Más allá de qué ocurra finalmente, cuánto sea lo efectivo que haya hecho o deje de hacer, es lamentable por el hecho en sí y para toda la judicatura. Una de las cosas que la judicatura trata de hacer es mantener un alto estándar de probidad. Aquí destaco una doble reacción positiva, solo frente a las denuncias e indicios de que pueda haber algo de esa naturaleza, me parece muy destacable que la judicatura haya hecho una investigación rápida ordenada por la Corte Suprema, que no me cabe duda es seria y que significó una suspensión de los implicados mientras se investiga. Más allá de la foto y del vudú o no, esto surge de un allanamiento a la oficina del ministro para retirar el computador dentro de la investigación penal. Aquí hubo un juez de garantía que dio la orden, y eso también es destacable. Demuestra que no hay una protección institucional, una defensa corporativa.

-¿Han recibido denuncias o posibles indicios de corrupción en los tribunales de la región? ¿Qué tipo de resguardos toma el Poder Judicial para que esto no ocurra?

-Denuncias de corrupción directamente no hemos recibido, sí denuncias de abuso laboral o maltrato, que pueden ser no sólo a empleados, sino también al público o abogados, y eso sí se recibe habitualmente, con mayor o menor nivel de gravedad y veracidad. Eso se revisa por el Pleno, si hay elementos indiciarios se ordena una investigación. Además hay diversos niveles de resguardos y controles, está la figura del ministro visitador en cada tribunal, también hay reclamos directamente al Pleno y también reuniones institucionales como el Colegio de Abogados, que nos manifiesta ciertas aprensiones o consideraciones más genéricas; y están las visitas que realiza el ministro visitador de la Corte Suprema, que hace un recorrido por la jurisdicción.

-El fallo del Cuarto Juzgado Civil, por el incendio que consumió más de 300 viviendas en Rodelillo, condenó al soldador Carlos Rivas a pagar una indemnización superior a los $800 millones; sin embargo, exculpó a la inmobiliaria RVC y a Esval. Queda la sensación de que el hilo se cortó por lo más delgado. ¿Qué le parecen esas críticas?

-En primer lugar, es una sentencia en primera instancia. Hay que ver qué dice la Corte respecto a los recursos presentados y, eventualmente, lo que dice la Corte Suprema. Es lo único que puedo decir sobre el caso concreto, porque podría integrar la Corte en esa apelación y adelantar una opinión me inhabilitaría. De aquella sensación de que el hilo se corta por lo más delgado, para estimar que esa opinión sea o no fundada hay que estudiar caso a caso los antecedentes. Pueden haber casos en que haya una prueba más o menos contundente o responsabilidad más o menos clara y que, por cuestiones procesales o una mala decisión aparezcan exculpados. También pueden haber casos en que sea muy poderoso el demandado, pero realmente no tenga ninguna intervención relevante para el hecho que ocurrió, no tenga responsabilidad de acuerdo a los parámetros legales, y a veces se busca demandar al que mejor pueda pagar y no necesariamente sea, en cualquier tipo de caso, la persona jurídica o natural que tiene que responder. El tribunal tiene que actuar con absoluta independencia, incluso de la opinión pública. Tenemos que juzgar de acuerdo a lo que nos dice la causa.

"No sé si exista alguna institución, compuesta por muchas personas que son pares, en que no se den, alguna vez, desavenencias""

"Ninguna institución puede decir que tenemos cero nivel de corrupción, el que diga eso no conoce bien a su institución o no quiere decir la verdad, pero los niveles son bajos y la reacción fue oportuna y profunda (en el caso de la Corte de Rancagua)""

"Lo importante es disminuir al máximo cualquier tipo de indicio de corrupción y, si ello ocurre, accionar bien cuando ocurra""