Sri Lanka comenzó ayer a enterrar a las víctimas de los atentados del Domingo de Resurrección a tres iglesias y tres hoteles de lujo, en una emotiva jornada enturbiada por la asunción de la autoría del atentado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

En la ciudad occidental de Negombo, como en Colombo y Batticaola (este), se celebraron entierros en masa de algunos de los 321 fallecidos en los atentados, en especial quienes estaban en las iglesias atacadas.

Junto a la iglesia de San Sebastián de Negombo, una de las localidades con mayor población cristiana del país de mayoría budista, se celebró una ceremonia religiosa en presencia de familiares de víctimas y vecinos que culminó en el entierro de una treintena de ataúdes en un cementerio cercano.

"Mañana (hoy) y pasado mañana (mañana) continuarán las ceremonias con otros cuerpos también", explicó Sulanga Warnakulasuriya, uno de los sacerdotes de la localidad.

Los féretros fueron enterrados prácticamente unos junto a otros, con flores y números como único adorno, ante la viva emoción de algunos de los familiares, que no pudieron contener las lágrimas.

Tras los atentados del domingo, que también dejaron 521 heridos, el Gobierno decretó para ayer una jornada de luto nacional con banderas a media asta en edificios públicos.

A las 08.45 (02.45 GMT), la misma hora a la que tuvieron lugar los atentados el domingo, se celebraron también concentraciones silenciosas como señal de respeto a las víctimas.

La pena de las víctimas volvió a ensombrecerse por la asunción por parte del EI de la autoría del atentado.

Un comunicado del EI difundido a través de la red de mensajería Telegram, cuya autenticidad no pudo ser verificada, aseguró que siete terroristas cometieron los atentados que, según el grupo radical, dejaron cerca de 350 víctimas mortales y 650 heridos, entre ellos tres miembros de las fuerzas de seguridad de Sri Lanka.

Sin embargo, la declaración contradice la versión oficial del Gobierno esrilanqués, que culpó de los ataques suicidas a un grupo islamista local, el National Thowheeth Jamath.

Las autoridades isleñas están investigando un posible vínculo internacional, pues no creen que una organización pequeña pueda haber tramado unos atentados tan sofisticados y con tanta coordinación.

El viceministro de Defensa de Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, anunció en el Parlamento que el Gobierno está barajando si los atentados islamistas pudieron ser una reacción a la matanza de Christchurch, en Nueva Zelanda, donde un supremacista blanco mató en dos mezquitas a 50 personas.

"Hemos recibido información de que este ataque fue en represalia a Christchurch en Nueva Zelanda. Lo estamos investigando", reveló en una intervención en el Parlamento.

Al menos 45 de los 321 muertos en los atentados múltiples eran niños, y un número similar de menores sufrieron heridas graves, reveló ayer el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Por otra parte, 38 de los fallecidos los diversos atentados son de origen extranjero, mientras que otros 19 resultaron heridos, según los últimos datos disponibles.

La muerte de los extranjeros preocupa a las autoridades de Sri Lanka, un país que ha experimentado recientemente un auge del turismo.

"Esto tendrá un impacto en el sector del turismo, por el momento estamos examinando el asunto", afirmó ayer el primer ministro, Ranil Wickremesinghe. "Por el momento algunos turistas han partido, lo que es comprensible, pero queremos darles una señal de que la situación está completamente bajo control", añadió.

En Sri Lanka, la población cristiana representa el 7,4%; los budistas son el 70,2%; los hinduistas, el 12,6%; y los musulmanes, el 9,7%, según datos del censo de 2011.

Sin embargo, atentados de esta magnitud no habían tenido lugar en Sri Lanka desde la guerra civil entre la guerrilla tamil y el Gobierno, un conflicto que duró 26 años y finalizó en 2009, y que dejó, según datos de la ONU, más de 40 mil civiles muertos.

Justicia brasileña reduce la pena aplicada a "Lula" en más de tres años de cárcel

La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil acordó reducir a ocho años, diez meses y veinte días la pena de doce años de cárcel dictada por una corte inferior contra el expresidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.

La decisión, adoptada unánimemente por los cuatro miembros de la sala, supone que el exmandatario, en prisión desde el 7 de abril de 2018, podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir de septiembre próximo, según cálculos de expertos en asuntos jurídicos.

La reducción de pena fue planteada por el juez Félix Fischer, instructor de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, y apoyada por los otros magistrados, en una audiencia en la que fueron analizadas nuevas apelaciones formuladas por la defensa del expresidente (2003-2010).

Entre otros asuntos, la defensa pedía en realidad la anulación del juicio en primera instancia y, por ende, la de la condena que fue dictada por un tribunal de alzada, que le condenó a doce años de cárcel, ahora reducidos a ocho años y diez meses.

El caso se refiere a la primera condena dictada contra "Lula" en la segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero, una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.

Sobre "Lula" ya pesa otra condena a otros doce años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y no aún confirmada en la segunda.

En caso de que se ratificara esa pena en la segunda instancia, lo que podría ocurrir durante el primer semestre de este año, pudiera verse frustrada la posibilidad de que el exmandatario pase a cumplir lo que resta de su primera condena en su domicilio.

En ese segundo proceso, el asunto se refiere a una casa de campo en el interior del estado de Sao Paulo, que también habría sido entregada a título de soborno a "Lula", quien además enfrenta otras seis causas penales por supuesta corrupción.