Cristián Rodríguez F.

Con molestia reaccionaron los exseminaritas de la Iglesia Católica de Valparaíso tras conocer las respuestas que recibieron de parte de la Conferencia Episcopal de Chile y del Obispado Porteño a una solicitud para crear una comisión de justicia y reparación que hizo Mauricio Pulgar, y a una denuncia por abuso y encubrimiento que presentó Gustavo Donoso.

Fue esta última misiva la que provocó mayor desazón entre los denunciantes, a raíz de la respuesta, a juicio de ellos, "poco humana" que hizo llegar el vicario judicial de la Diócesis de Valparaíso, presbítero Luis Meneses.

De acuerdo a lo que explicó Donoso a este Diario, como no obtuvo ninguna respuesta de la denuncia que presentó en junio de 2018 en contra del expárroco de Quilpué, Jaime Da Fonesca -quien en agosto fue expulsado del estado clerical sin derecho a apelación-, el 10 de abril pasado decidió insistir con su acusación ante el Tribunal Eclesiástico, denunciando también al presbítero Mauro Ojeda por abuso.

Y si bien desde el Obispado le respondieron que en este último caso se designó a Jorge Romero para que investigara los hechos, la mayor polémica justamente se generó al referirse a la situación del expárroco.

"Dicha expulsión (de Da Fonseca) es el castigo más fuerte que la Santa Sede puede imponer a un sacerdote, y (él) debe vivir como un laico. Por lo tanto, la Iglesia de Valparaíso no tiene facultad alguna respecto a la conducta de este sacerdote (…) y toda denuncia por delitos por él cometidos solamente pueden ser juzgados ahora por los Tribunales Penales (…) sin que la justicia canónica pueda intervenir, ya que no tiene jurisdicción sobre el sacerdote dimitido", indica la carta enviada desde la Diócesis al denunciante.

"es poco humano"

"Cuando entregué este última carta al Tribunal Eclesial, pregunté sobre qué pasaba con la denuncia del año pasado, y me dijeron que el Vaticano ya había fallado y que simplemente ahora no había nada más que hacer. Pero yo entregué un documento formal y como mínimo ellos tenían que responderme. En la declaración te obligan a contar un montón de detalles, entonces que ahora lleguen y te respondan que no hay más que investigar es inaceptable", criticó Donoso.

El exseminarista agregó que "en este tipo de instancias uno esperaría una respuesta más humana que técnica, porque ya conocemos la sanción del Vaticano", insistiendo en que "aún cuando no pueden hacer más fallos, lo mínimo es que llamaran a la persona para informar sobre lo que se estaba haciendo y reconocieran como institución los hechos".

En medio de la molestia, Donoso también dio como efectivo los rumores en cuanto a que el expárroco de Quilpué seguiría realizando acciones vinculadas al sacerdocio.

"A mí me han llegado comentarios de que sí es así, de gente cercana a él, que dice que sigue ejerciendo acciones litúrgicas. De hecho, con el obispo Pedro Ossandón me reuní el 11 de marzo y el 4 de abril, y en ambas ocasiones él reconoció -frente a otras personas- que había hablado con Da Fonseca para pedirle y exigirle que le entregara los ornamentos sacerdotales (vestimenta)", comentó el exseminarista.

Descartan comisión

En el caso de Pulgar, también a principios de este mes había enviado una carta a la Conferencia Episcopal asegurando que los denunciantes no eran "enemigos" de la Iglesia, y que por lo tanto era conveniente crear una comisión de justicia y reparación para que no sea la "justicia chilena la que les diga qué es lo correcto y ético".

Sin embargo, y si bien desde la Conferencia no descartaron una medida de este tipo, tampoco se refirieron directamente a ella en la carta.

"Desde hace tiempo venimos haciendo un camino de escucha a las víctimas y de colaboración con la justicia. Estamos trabajando, con la ayuda del Departamento de Prevención de Abusos, para una adecuada recepción y seguimiento de las denuncias, así como el acompañamiento a las víctimas", respondió el presidente de la instancia, obispo Santiago Silva, y el secretario general, Fernando Ramos, quienes agregaron que "desde ninguna perspectiva consideramos a las personas que formulan denuncias como enemigos".

Al respecto, Pulgar aseguró que la respuesta no lo dejó satisfecho, puesto que "creo que hacen un gesto negativo al no acceder a hacer algo antes de que sea tarde y el Poder Judicial les diga qué es lo correcto".

"Si quieren que comience un proceso de sanación al interior de la Iglesia, lo lógico sería que hubiesen accedido a crear una mesa. Me parece que lo que hacen es dilatar una muerte anunciada, que es que sí tendrán que hacerse responsables y no van a poder decidir qué caso es o no verídico, sino que lo tendrá que hacer un ente externo", cuestionó Pulgar.

"En esta instancia uno esperaría una respuesta más humana que técnica, porque ya conocemos la sanción del Vaticano"

Gustavo Donoso, Denunciante de Da Fonseca

"Creo que hacen un gesto negativo al no acceder a hacer algo antes de que sea tarde y el Poder Judicial les diga qué es lo correcto"

Mauricio Pulgar, Exseminarista de Valparaíso

Como "insuficientes" calificó la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) las medidas que hasta la fecha ha adoptado el Gobierno para atender la crisis ambiental que afectó a la bahía de Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018, y que a juicio de la organización constituyó el "mayor desastre" de ese año debido a la afectación que no sólo sufrió el ecosistema, sino que también "la vida y la salud humana".

En un informe titulado "Emergencias y Desastres Ambientales 2018", y que fue presentado esta semana en el seminario "El rol del Estado ante los Desastres Ambientales", la organización analizó durante largos meses todas las acciones del Ejecutivo en la zona, valorando, por ejemplo, las "actuaciones rápidas" al emitir alertas amarillas, instalar una red de estación de monitoreo e incluso suspender las clases en los colegios, considerando que fue allí donde por primera vez se detectó una emanación de gases que derivó en la intoxicación de 53 alumnos.

Sin embargo, pese a todas las medidas adoptadas -inclusive el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), que comenzó a regir el 1 de abril-, el informe cuestionó que a la fecha "aún no existe una determinación de todos los gases tóxicos de la zona, y mucho menos una causalidad entre las industrias y los contaminantes en la atmósfera", agregando que otras medidas asociadas al área de la salud, como la construcción del nuevo hospital de Quintero, "se han cumplido parcialmente, sólo algunas".

Estándares mínimos

En cuanto al PDA, si bien la ONG reconoció que "se perfila como la solución más profunda propuesta hasta el momento", insistió en que es insuficiente y que "sólo alcanza a normar algunos contaminantes producto de la falta de normas de calidad".

"Además de llegar tarde, el PDA aún no cumple con los estándares mínimos propuestos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) respecto de los componentes MP, SO2 y NOx. Además, tal como han alegado varias ONG ambientales, el plan 'no obliga a revisar los permisos ambientales y las RCA ya disponibles en el lugar", concluye el estudio.

En esa línea, desde Fima explicaron que "al no revisarse las Resoluciones de Calificación Ambiental, en la práctica no hay ninguna forma de saber de manera sinérgica cuales son todos los impactos que están ocurriendo en el lugar".

Por último, cuestionaron que aún "no se encuentren disponible" los resultados del informe que elaboró el Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU), y que arrojaron que no existían concentraciones que representaran un riesgo para las personas.

"Aún no existe una determinación de los gases tóxicos, y mucho menos una causalidad entre las industrias y los contaminantes"

ONG Fima, Informe sobre crisis ambiental Quintero-Puchuncaví 2018