El fiscal nacional, Jorge Abbott, resolvió suspender de sus funciones al regional de OHiggins, Emiliano Arias, como "medida preventiva" durante el tiempo que dure la investigación administrativa iniciada en su contra el pasado 22 de abril.
Según se informó desde el Ministerio Público, ayer se notificó la decisión a Arias, indagado administrativa y penalmente por denuncias en su contra hechas por el persecutor adjunto de O'Higgins, Sergio Moya, las que incluyen obstrucción de investigación, tráfico de influencias y violación de secreto.
La suspensión fue solicitada al jefe nacional del Ministerio Público por el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, quien indaga administrativamente a Arias. Ayala dijo que la suspensión era "necesaria" a fin de garantizar la adecuada colaboración de fiscales y funcionarios de la región en la investigación, y no comprometer el éxito de la misma.
En la resolución, además, se establece que las investigaciones penales asignadas a Arias quedan a cargo del fiscal regional subrogante, Javier von Bischoffshausen, con los equipos de fiscales adjuntos y de abogados asistentes y asesores que apoyan dichas causas. Una de las indagatorias es la de abusos sexuales presuntamente cometidos por miembros de la Iglesia Católica.
Polémico acuerdo
A propósito de las investigaciones contra sacerdotes, hermanos, obispos y otros ligados a la entidad religiosa, por delitos sexuales, ayer el fiscal nacional decidió dejar sin efecto el convenio que la semana pasada firmó con la Conferencia Episcopal para favorecer el intercambio de información y el desarrollo de ese tipo de indagatorias.
La medida fue adoptada tras recibir y escuchar a diversas agrupaciones de víctimas. Así ocurrió el viernes, cuando representantes de la Fundación para la Confianza y la Red de Víctimas de Abuso se reunieron con Abbott para manifestarse en contra del acuerdo pues implicaría, según dijeron, tener una consideración especial con los mismos indagados. En un comunicado, se aseguró que "si bien el objetivo del convenio era generar un canal de acceso a la justicia (...) ampliando el estándar legal establecido y asegurando la confidencialidad de las víctimas (...), la Fiscalía Nacional lamenta profundamente que la firma del documento, como acto simbólico, haya generado desconfianza y producido un impacto doloroso en las víctimas, situación que no fue ni prevista ni deseada por la institución".
Tras la revocación del acuerdo, la Conferencia Episcopal, a través de un comunicado, explicó que "nunca hemos buscado un trato preferente con este convenio. Nuestro objetivo fue explicitar en un documento formal con los estándares establecidos por el Ministerio Público, nuestra disposición a colaborar más allá de lo que la sola ley estipula".
Junto con consignar que "comprendemos la razón de Fiscalía Nacional para tomar esta decisión", lamentaron "que la firma de este convenio haya causado un impacto doloroso en víctimas y sobrevivientes de abuso. No era esa nuestra intención".
Petición del fa
En tanto, la excandidata del Frente Amplio (FA) a la Presidencia, Beatriz Sánchez, advirtió que la crisis que atraviesa el Ministerio Público demuestra que el bloque tenía razón en la solicitud que presentó en 2018 ante la Corte Suprema para destituir al fiscal nacional, Jorge Abbott.
En medio de la presentación de un proyecto que reforma la Fiscalía, impulsado por los diputados Claudia Mix (Comunes) y Gonzalo Winter (Movimiento Autonomista), Sánchez dijo: "Hay tratos diferentes, convenios extraños que se hacen, por ejemplo, con el Episcopado".
"La Fiscalía Nacional lamenta profundamente que la firma del documento (...) haya producido un impacto doloroso en las víctimas"
Ministerio Público
Piden que no haya audiencia
El fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, a cargo de la investigación administrativa contra Arias, pidió al Juzgado de Garantía de Rancagua dejar sin efecto la audiencia de sobreseimiento que había solicitado para su par de O'Higgins y el persecutor Sergio Moya en el marco del caso Caval, y que iba a efectuarse el 31 de mayo. El viernes pasado, Sebastián Dávalos dijo creer que "el Ministerio Público no tiene ganas de investigar cuando se trata de ellos" y que en febrero había pedido "una audiencia" con Ayala.
