Cristián Rojas M.
Tras haber obtenido una amplia mayoría en la elección de consejeros, Alejandro Gómez fue ratificado por el consejo directivo para un segundo periodo como presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso. En la instancia obtuvo 75 votos y su más cercana perseguidora, Aída Haleby, logró 59 preferencias, siendo ratificada también por un segundo periodo como vicepresidenta del gremio a nivel regional, mientras que Adolfo Silva quedó en tercer lugar, con 33 votos.
El flamante presidente destaca que entre sus objetivos para este periodo está seguir "potenciando el rol del Colegio de Abogados en diferentes temas de ciudad, pero también nacional". Además, pretende realizar una celebración de los 120 años de la entidad que preside, que se cumplen en 2021 y espera hacerlo a la altura del importante hito, en lo posible lanzando un libro conmemorativo.
Otro de sus objetivos es "actualizar nuestro estatuto reglamentario. Nuestra idea es que dentro de este periodo podamos obtener un nuevo Código de Ética, un nuevo procedimiento para la tramitación de las denuncias sobre ética y, además, actualizar nuestra propuesta de arancel de honorarios".
- ¿El tema de la ética surge a raíz de los recientes cuestionamientos, como el caso de Rancagua, por ejemplo?
- No, el tema de la ética es fundamental, nosotros siempre hemos mantenido nuestra preocupación por el tema del control ético, tanto en la formación de los abogados, y siempre hemos planteado a las universidades la importancia de que dentro de las mallas curriculares existan cursos de ética profesional, pero también en el ejercicio de la profesión. Ahora, efectivamente, lo que sucedió en el último tiempo ha puesto más en la palestra el tema de la conducta ética no sólo de los abogados, sino de todas las personas que tienen alguna responsabilidad pública, y nosotros creemos que, así como ocurre en otras latitudes, especialmente en el mundo anglosajón o incluso dentro de Sudamérica, la colegiatura obligatoria permite tener un mayor control ético de las conductas de los abogados. Acá estamos hablando de situaciones que, no siendo delito, sí atentan contra el buen comportamiento, la ética que debe tener un profesional, y muchas veces en las noticias se aprecia que muchas de estas conductas que nos parecen reñidas con la moral no tienen una sanción punible porque no son delito y quedan al amparo del cuestionamiento social o moral de la comunidad. En ese sentido, nosotros creemos que es importante recuperar eso, porque lo que sucedió en Rancagua, la verdad es que es impresentable; desde que tengo conciencia como abogado nunca había visto una cosa de ese estilo y obviamente que afecta la credibilidad no sólo de los ministros y de los abogados o fiscales que han intervenido en estos hechos que se han denunciado, sino también afecta la credifbilidad del sistema jurídico judicial, y eso es gravísimo porque pone en duda la legitimidad de los fallos, pone en duda, a mi juicio, al propio Estado de derecho, porque la gente estima que no hay en quién confiar.
- ¿Afecta también a la profesión o al gremio de abogados?
- Claro, porque la carrera judicial, requiere, en el caso de los jueces, tener el título de abogado. Además, si hay un juez corrupto, alguien tiene que haberlo corrompido, y quienes tienen, normalmente, acceso a los jueces o a los ministros de Corte, por el ejercicio mismo de la profesión, son los abogados. Entonces, muchas veces cuando se han detectado estos actos reñidos con la moral, efectivamente hay participación de abogados y eso para la comunidad es muy fuerte. El título de abogado no lo otorgan las universidades, lo otorga la Corte Suprema, es un cargo público, ahí hay depositada una fe pública, entonces cuando voy donde un abogado entiendo que esa persona está para velar por mis intereses y que lo que yo le señalo está amparado por el secreto profesional, y que esa persona va a actuar probamente. Entonces, claro, cuando empiezan a darse estas situaciones, efectivamente dañan la imagen en general de la profesión.
- Otro caso es el de Dobra Lusic, que falló a favor del Banco de Chile pese a estar inhabilitada en causas con ese banco porque tiene una relación comercial. Lusic fue propuesta por el Presidente Piñera para integrar la Corte Suprema en reemplazo de Milton Juica. ¿Podría afectarla este último antecedente?
- La ratificación la hace el Senado de la República y ahí yo entiendo que los senadores toman todos estos antecedentes. Si para ellos este hecho resulta gravitante, yo creo que el Senado va a decidir conforme al mérito de eso. Ahora, si las explicaciones son de tal magnitud que uno se da cuenta que en definitiva esto no afecta la imparcialidad de la magistrado, no creo que haya mayor complejidad. Pero sin duda, esto no la favorece.
- El Presidente Piñera anunció que buscará implementar cambios en la designación de jueces y fiscales. ¿Qué le parece ese anuncio?
- Yo creo que, en general, la revisión de la designación de jueces es súper relevante y todo lo que pasó en Rancagua yo creo que es una oportunidad, justamente, para revisar esto. De hecho, la Asociación de Magistrados viene desde hace años planteando modificaciones al sistema de nombramiento. Yo creo que, en primer lugar, el sistema, cualquiera sea el que se desarrolle, tiene que asegurar la imparcialidad en la designación de los jueces, esto es, que los magistrados sean designados conforme a sus méritos y no a otros antecedentes o contactos o elementos ajenos al ejercicio mismo de la profesión.
