Alexis Paredes R.
Pese a la suspensión de cuatro meses aplicada por la Corte de Apelaciones por reiteradas denuncias de hostigamiento y maltrato laboral en su contra y la solicitud de abrir un cuaderno de remoción para su salida del Poder Judicial, la Corte Suprema resolvió reincorporar en sus funciones a la jueza del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, Patricia Montenegro Vásquez.
La investigación en contra de la magistrada se inició en agosto del año pasado, debido a una serie de actos de hostigamiento hacia los trabajadores del tribunal porteño, entre ellos el haber mojado en forma reiterada la silla de una de las secretarias, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto, además de tratarlos "muertos de hambre", la prohibición de usar barba a los hombres y de participar en actividades gremiales propias del Poder Judicial, entre otras materias.
Pese a la abundancia de pruebas recopiladas por parte de la ministra a cargo de pesquisar el caso, y que incluso la jueza Montenegro estuvo suspendida en forma preventiva durante dos meses, cuya defensa adujo la existencia de antecedentes siquiátricos por parte de la denunciada y una falta de medicación que habría afectado su posterior comportamiento, el máximo tribunal rechazó la solicitud de abrir un cuaderno de remoción.
Cabe consignar que siete ministros de la Suprema estuvieron a favor de confirmar el fallo del tribunal de alzada respecto de abrir cuaderno de remoción de la magistrada, "en atención de la gravedad de las conductas pesquisadas".
Además se desechó la moción de disponer el traslado de la magistrada Montenegro a otro tribunal de igual categoría dentro de la jurisdicción, mientras que la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá otorgar las medidas pertinentes para que "la reincorporación de la señora Patricia Montenegro a su tribunal no afecte el clima laboral, tales medidas deberán ser dispuestas antes de que reasuma sus funciones".
Cuestionan fallo
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud) de Valparaíso, Benjamín Ahumada, cuestionó el fallo de la Corte Suprema, que deja sin sanción un caso en que se vulneró gravemente la integridad de los funcionarios, precisamente en un recinto donde se aplica la legislación y se imparte justicia.
El dirigente afirmó que, a lo menos, ante la contundencia de las evidencias recopiladas y los testimonios de los trabajadores afectados, ameritaba un traslado de la jueza Montenegro a otro tribunal.
"No podemos permitir que esto siga sucediendo en ningún tribunal del país, no sólo del maltrato de la judicatura, sino también de la administración que a veces ocurre. En los años que estamos viviendo eso ya debiera estar superado", subrayó el dirigente.
El vocero de los funcionarios afirmó que, si bien la reincorporación era una posibilidad que se podía dar en la decisión de la Suprema, "lamentamos la decisión, ya que atenta contra el mismo espíritu en que la propia Corte Suprema ha estado inmiscuida en el último tiempo. Se han dictado sendos protocolos y acciones para proteger el clima laboral y el riesgo sicosocial, todo un trabajo a nivel institucional para mejorar esas condiciones, sin embargo, tenemos varios hechos concretos, plenamente acreditados y establecidos en la sentencia de primera y segunda instancia, las faltas en las que incurrió la magistrada, que atentan contra la dignidad de cualquier persona".
Salud síquica en riesgo
Ahumada lamentó además que los funcionarios involucrados "se vieron afectados durante mucho tiempo y había temor a hacer alguna acción concreta producto de esta situación y la Corte Suprema establece otra cosa a costa de la salud síquica de los trabajadores, eso es impresentable. Lamentamos muchos la decisión".
Si bien jurídicamente un fallo de la Corte Suprema es inapelable, "lo mínimo esperable era el traslado", explicó el dirigente, junto con poner en duda el clima laboral a futuro en dicho tribunal, donde se desempeñan catorce funcionarios, en que además la jueza tendrá que participar en el proceso calificatorio de los mismos trabajadores que declararon en su contra en el sumario, situación que considera "grave y afecta la salud síquica y sicológica de los compañeros".
Dentro de las medidas dispuestas para evitar que la reincorporación de la magistrada no afecte el clima laboral se cuentan talleres de contención para el personal y "sesiones de coaching" donde debe participar la jueza Montenegro, además de un trabajo grupal, cuya efectividad es puesta en duda por los propios funcionarios.
Falta seguimiento
Sobre este tema también se refirió el vocero de la Corte Suprema, ministro Lamberto Cisternas, quien reconoció que no hay forma de garantizar que una persona que haya sido sancionada no vuelva a incurrir en los mismos hechos.
Afirmó además que el Poder Judicial no tiene implementado un sistema de seguimiento a estos casos. Sin embargo, "lo que ha ocurrido en el Poder Judicial últimamente nos está llevando a estudiar esto y en el curso de este año creo que ya vamos a tener una respuesta".
Los afectados podrían optar a eventual indemnización por perjuicios ante posibles daños morales, pero como todo proceso judicial ello debe ser acreditado en el juicio correspondiente.
"Tenemos varios hechos acreditados en la sentencia de primera y segunda instancia, las faltas en las que incurrió la magistrada"
Benjamín Ahumada, Presidente Anejud Valparaíso
