Una reconsideración al informe final N° 78/2019, emitido en mayo pasado por la Contraloría Regional de Valparaíso en el denominado "Caso viáticos", presentó ayer la defensa del consejero regional Percy Marín (RN). El requerimiento apunta a dejar sin efecto las observaciones y "acoger cada uno de mis descargos", según se desprende del documento.
En lo medular, la presentación realizada por el abogado Juan Carlos Manríquez apunta a establecer que Marín mantuvo como residencia habitual los domicilios ubicados en las comunas de San Esteban y, posteriormente, desde octubre de 2018, en Casablanca, entregando una serie de consideraciones que buscan acreditar que tales residencias eran efectivas.
Además se presentarán sendos recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones "para evitar que se difundan los domicilios de Percy Marín y su mujer (la diputada Camila Flores) sin mayor cuidado, y que se tenga en cuenta su seguridad personal amenazada", detalló el abogado Manríquez, dado que la semana pasada se registró un robo en el actual domicilio de la pareja.
Pagos irregulares
La auditoría del órgano contralor a los gastos realizados por el Gobierno Regional al pago de viáticos por concepto de viajes, traslados, alojamiento y alimentación en el Consejo Regional (Core), durante el año 2017 y el primer semestre de 2018, arrojó una serie de anomalías respecto a los montos percibidos por un grupo de consejeros en ejercicio y otros que terminaron su periodo.
En uno de los puntos centrales, Contraloría cuestionó "pagos improcedentes" en la residencia habitual informada. Según la auditoría, Marín, junto al exconsejero y también exasesor del intendente Jorge Martínez, Carlos Briceño (UDI), recibieron millonarias sumas por concepto de gastos de alimentación y alojamiento, que alcanzan los $ 5 millones 600 mil y los $ 9 millones 500 mil, respectivamente, "sin que pudiera acreditarse indubitadamente que las residencias habituales correspondieran a aquellas informadas al Core".
Tal situación evidenciaría, además, una "eventual transgresión al principio de probidad administrativa", lo cual debe ser analizado por el Tribunal Electoral Regional (TER).
Manríquez detalló que el requerimiento busca "que se agote debidamente la indagación y se consideren aspectos que fueron informados por Marín y olvidados en el Informe Final".
En segundo lugar, "que con los antecedentes nuevos incorporados se deje sin efecto el reparo y se clarifique sin dudas que no hay ni datos falsos ni domicilios inexistentes".
El jurista apuntó también a "que se tenga más cuidado con la reserva de los domicilios y datos personales del afectado y su familia, que por darlos a conocer sin mayor control se ha puesto en riesgo su seguridad personal e integridad física, atendidos ya tres delitos que han sufrido y por los que se suponía estaban bajo protección en su domicilio (un incendio intencional, amenazas y un robo en su nuevo domicilio el jueves pasado)".
"Buscamos que se deje sin efecto el reparo y se clarifique sin dudas que no hay ni datos falsos ni domicilios inexistentes"
Juan Carlos Manríquez, Abogado defensor de Marín
