Cuarenta y cinco mil personas según Carabineros, 75 mil según los convocantes, se manifestaron ayer en Santiago, en el marco del cuarto día de huelga indefinida de profesores de enseñanza básica y media, que demandan mejoras en la educación pública y acusan al Gobierno de indiferencia frente a lo que consideran una crisis del sector.

La marcha se repitió en varias ciudades del país, pero la atención se concentró en la capital, donde la protesta comenzó de manera pacífica, pero terminó con disturbios. En ellos, dos jóvenes encapuchados resultaron con lesiones, luego de que la bomba molotov que manipulaban quemara sus ropas.

Llamado al diálogo

El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, lamentó el hecho y llamó a mantener "la actitud de diálogo, que ha sido permanente desde el Ministerio de Educación. Esperamos que los profesores vuelvan a la sala de clases", dijo y criticó la huelga del magisterio, pues "es incompatible con el objetivo de mejorar la educación".

Temprano, el Colegio de Profesores había declarado a Figueroa como interlocutor no válido y había precisado que la huelga es a causa de "la nula respuesta del Gobierno" a sus demandas, que incluyen mejorar la infraestructura educacional, las condiciones laborales y solucionar la deuda histórica.

Ésta se arrastra desde 1981, cuando el régimen militar traspasó la administración de la enseñanza desde el Ministerio de Educación a los municipios, sin disponer el pago de unas indemnizaciones a los docentes por parte de éstos. Según el Colegio de Profesores, más de 10 mil maestros han muerto esperando el pago desde entonces.

También se sumó a la convocatoria a la huelga el rechazo a la decisión del Gobierno de convertir en optativos los ramos de Historia, Educación Física y Artes en los dos últimos años de enseñanza media.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto al titular del Ministerio de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunciaron una "agenda de aceleración económica", con la que agilizarán la puesta en marcha o el inicio de licitaciones de obras de infraestructura pública, que involucran inversiones por casi 1.400 millones de dólares.

El anuncio se da en medio de un lento desempeño de la economía en los primeros meses del año, ante las expectativas a nivel local, los problemas de naciones vecinas, como Argentina y Brasil, y por efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Un día antes, de hecho, el Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica de abril fue de 2,1%, ratificando un primer tercio del año en positivo, pero débil.

Medidas

"Como Gobierno, queremos apoyar este proceso de aceleración económica dando un fuerte impulso a un conjunto amplio de obras de infraestructura pública, con medidas que anticiparán la puesta en marcha o licitación de proyectos de inversión por US$1.382 millones, incorporando una combinación de concesiones y obras públicas tradicionales", dijo el jefe de las finanzas públicas.

En concreto, ambos ministros anunciaron una serie de medidas, entre las cuales se encuentran "agilizar los procesos necesarios para la aprobación de proyectos de inversión en infraestructura pública, dando celeridad a la aprobación de decretos e identificaciones de proyectos", para lo cual se hará las reasignaciones presupuestarias necesarias.

Otra medida anunciada por Larraín fue la de adelantar la identificación de proyectos del año 2020 para el segundo semestre de este año, con el fin de acelerar el inicio de las inversiones en los primeros meses de 2020.

También se adelantará proyectos de obras públicas con inyección de recursos adicionales por US$388 millones.

El ministro de Hacienda detalló que se impulsará la aceleración de concesiones que cuentan con convenios complementarios de rápido inicio de ejecución por un total de US$657 millones en 2019-2020.

Entre los puntos anunciados, está aumentar recursos para realizar estudios de ingeniería y fortalecer equipos técnicos dedicados a concesiones. y destinar US$300 millones a la aceleración de la construcción de hospitales públicos que ya están en obra, entre ellos, el de Curicó, el Sotero del Río en Santiago, el Marga Marga, el Cordillera, el de Melipilla, el de Casablanca, el de Alto Hospicio, el de Coquimbo, el de Las Higueras en Talcahuano, el Ñuble, el Gustavo Fricke en Viña del Mar y el de Quillota-Petorca.

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, detalló que dentro del plan de obras públicas, se acelerará proyectos en materia de vialidad (US$287 millones), obras portuarias (US$17 millones), aeropuertos (US$23 millones), obras hidráulicas (US$42 millones) y agua potable rural (US$19 millones).

Explicó que "esto tiene, por un lado, el objetivo de impulsar la reactivación de la economía y el crecimiento de la creación de empleos y, por otro, una vez que estos proyectos entren en servicio, mejorar muy sustancialmente la capacidad productiva de la economía nacional, porque (los proyectos) ahorran tiempos de viaje a las personas y a los productos y eso se traduce en más productividad y, en consecuencia, más crecimiento potencial de la economía".

"Queremos apoyar este proceso de aceleración económica dando un fuerte impulso a un conjunto amplio de obras"

Felipe Larraín, Ministro de Hacienda