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Vecinos arremeten contra intendente por muelle Oxiquim

CONTAMINACIÓN. Solicitaron la renuncia de Martínez y una nueva votación.
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Un grupo de más de cincuenta personas de Quintero y Puchuncaví protagonizaron ayer una protesta frente a la Intendencia, para solicitar nuevamente al jefe regional, Jorge Martínez, que realice una nueva votación en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), que recomendó favorablemente, el 6 de agosto del año pasado, la ampliación del muelle de Oxiquim.

Los manifestantes aseguraron que la nueva votación es fundamental frente al escenario que vive hoy la zona. La iniciativa, argumentaron, fue acogida antes de los episodios de intoxicación ocurridos el año pasado, los que fueron ratificados por la Corte Suprema, que reconoció una contaminación histórica y negligencia u omisión por parte del Estado en los hechos del año pasado.

La presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, María Araya, afirmó que "las organizaciones nos juntamos y pedimos a los parlamentarios que nos apoyaran para escribir una carta al intendente y pedir una nueva votación. Hace un mes se presentó la primera carta y no hemos tenido respuesta. Por eso se presentó una nueva petición".

Recalcó que la votación para recomendar favorablemente el proyecto a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, entidad que tendrá que definir si aprueba o no la solicitud del privado, "se hizo antes del 21 de agosto, fecha en la que se produjo el primer episodio de contaminación por gases volátiles. La votación no fue totalmente clara, no se encontraban los alcaldes presentes y el intendente de igual forma dijo que había conformidad".

Javiera López, habitante de Horcón, consignó que por esta situación se pide "el rechazo de cualquier obra. No se pueden seguir poniendo industrias en una zona que está altamente contaminada. No queremos que se apruebe la ampliación del terminal del muelle Oxiquim ni otro proyecto".

Renuncia de intendente

Según los vecinos, la falta de acciones por parte de la autoridad regional por el caso de intoxicaciones es motivo suficiente para solicitar la renuncia del intendente Martínez.

"Le pedimos la renuncia por el dictamen de la Corte Suprema que señala que no hubo cumplimiento de su trabajo y acusa un notable abandono de deberes. Él no ha sabido gestionar ni solucionar al día de hoy las complicaciones medioambientales y de salud de la zona", aseguró Araya.

Desde la Intendencia informaron que no es facultad del jefe regional decidir una nueva votación, porque la materia es competencia del Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Longton asegura que habrá respuesta

El diputado Andrés Longton (RN) confirmó que el intendente dará respuesta al recurso de invalidación del CRUBC. El diputado aseguró que "el recurso de invalidación que presentamos junto a diputados del Distrito 6 y 7 y distintas organizaciones sociales para que se reconsidere y se evalué nuevamente (...) aún no ha sido contestado. Sin perjuicio de aquello, he sostenido distintas conversaciones con el intendente, el cual se comprometió a que en los próximos días vamos a tener una respuesta formal, la cual es fundamental porque la Subsecretaría se basa en gran parte en la determinación del CRUBC".

"La votación no fue totalmente clara, no se encontraban los alcaldes presentes y el intendente de igual forma dijo que había conformidad"

María Araya

Presidenta del Consejo Consultivo del Hospital de Qui ntero

Jorge Yarur: "Municipios de Viña y Concón han permitido que las dunas se achiquen"

CONFLICTO. Corte Suprema acogió recursos de protección por obras aledañas al Santuario de la Naturaleza en ambas comunas y ordenó tramitación ambiental.
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Katherine Escalona M.

El reconocido empresario y dueño del Museo de la Moda, Jorge Yarur Bascuñán, hizo una fuerte crítica a los municipios de Viña del Mar y Concón por el tratamiento que han dado a la protección de las dunas ubicadas junto al borde costero, territorio que año a año ha disminuido su superficie por la aparición de diversas construcciones.

Yarur aseveró a este Diario que "al igual que todos los vecinos, he visto cómo sistemáticamente las municipalidades de Viña del Mar y Concón han permitido que las dunas se achiquen, que se llenen de calles y edificios, destruyendo lo que la naturaleza hizo en miles de años".

Esta declaración del empresario se dio a la luz del fallo de la Corte Suprema que acogió los dos recursos de protección que fueron interpuestos por la Fundación Yarur, la organización Duna Viva y la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, en contra de la Inmobiliaria Vimac y la empresa Reconsa, que tenían obras activas en las dunas.

Al acoger algunos puntos de los recursos que habían sido rechazados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el máximo tribunal determinó que tanto Reconsa (en Concón) como la inmobiliaria Vimac (en Viña del Mar), sometan su proyecto a una tramitación ambiental, por lo cual decretó la paralización de las obras.

Jorge Yarur destacó el fallo y precisó la importancia de las dunas. "Es un fallo clave que impedirá que se sigan destruyendo las dunas. Desde ahora, todos los proyectos deberán realizar un estudio de impacto ambiental, algo que no estaba siendo exigido por las municipalidades y otras autoridades".

Protección al sector

Pese a lo consistente del fallo de la Corte Suprema, afirmó que como Fundación seguirán trabajando para una protección total de las dunas de Concón que son, dijo, "un patrimonio social y ambiental de todos".

Frente a la pregunta si van a desarrollar nuevas acciones en contra de Reconsa y la inmobiliaria Vimac por las construcciones que ejecutan en las dunas y que cuentan, ambas, con permiso de edificación tanto de la Municipalidad de Viña del Mar como de Concón, Yarur manifestó que sí van a seguir todas las instancias legales.

"Le hemos pedido al abogado Gabriel Muñoz que presente todas las acciones legales y administrativas que aseguren el valor patrimonial, ambiental y social de las dunas de Concón. Y ya es hora que las municipalidades se comprometan con el cuidado de ellas", aseveró el empresario.

Aclaró que "aquí no hay protagonismos personales. La Fundación, la Corporación y Duna Viva venimos trabajando desde hace tiempo en el cuidado del borde costero y en la preservación de las dunas. Estamos haciendo el trabajo que no han querido hacer las municipalidades de Viña del Mar y Concón, además de algunas autoridades ambientales, todos quienes han sido cómplices de la destrucción de las dunas".

Empresas

Desde la inmobiliaria Vimac, que construye un proyecto habitacional denominado "Alto Santorini", consistente en dos edificios de 20 y 10 pisos, que ya tiene un avance significativo en su obra gruesa, puntualizaron que la obra contaba con los permisos de edificación correspondientes otorgados por la Municipalidad de Viña del Mar.

Precisaron que "es de destacar que la Superintendencia del Medio Ambiente, único órgano administrativo competente en la materia, dado que la obra se encontraba en ejecución informó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso (...) que el citado proyecto no debía ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, toda vez que la obra no se emplazaba en el Santuario Natural de las Dunas de Concón". Sin embargo, esto no fue lo determinado por la Corte Suprema, que se basó en la protección del lugar.

Ante esto, desde la inmobiliaria Vimac informaron que "no hay ninguna duda que nuestro proyecto, tal y como lo definió la Superintendencia del Medio Ambiente, se sitúa en una zona aledaña al Santuario Natural de las dunas de Concón". Mientras, desde Reconsa no emitieron declaración por la determinación del máximo tribunal.

"Es un fallo clave que impedirá que se sigan destruyendo las dunas. Desde ahora, todos los proyectos deberán realizar un estudio"

Jorge Yarur Bascuñán, Presidente Fundación Yarur

Trabajos en el sector de Concón

Reconsa, tras contar con permisos de edificación de la Dirección de Obras (DOM) de Concón, estaba realizando el proyecto de loteo y urbanización contiguo a las calles Bosques de Montemar y Cornisa, en el sector de las dunas, obra que paralizó tras el dictamen de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Ahora, por dictamen del máximo tribunal, el proyecto tendrá que someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para asegurar que no hay afectación o daño al área.