Hasta el 7 de julio, a las 23.59 horas, podrán postular los escolares de la comuna de Quintero al programa de innovación escolar que está desarrollando la Incubadora de Emprendimiento Escolar y juvenil AlCubo, de la PUCV, en dicha comuna. El proyecto es financiado por Corfo, con aportes del Gobierno Regional.
Por cerca de dos horas se extendieron ayer los alegatos del recurso de nulidad que a fines de mayo ingresaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso las defensas de Johanna Hernández y Francisco Silva, quienes fueron condenados a cadena perpetua calificada y simple, respectivamente, como autores del homicidio y posterior descuartizamiento del profesor Nibaldo Villegas, cuyo torso apareció flotando en la bahía de Valparaíso en agosto de 2018.
Tal como lo había solicitado en su escrito, el abogado de la exesposa de la víctima, Leandro Díaz, le pidió a la Cuarta Sala -integrada por los ministros Álvaro Carrasco y Pablo Droppelmann y la fiscal judicial Mónica González- que ordenara la realización de un nuevo juicio oral tras considerar que el tribunal viñamarino no tomó en consideración ciertos testimonios que, a su juicio, favorecerían a Hernández.
"Existen muchos antecedentes que se ventilaron en el juicio y declaraciones de testigos y funcionarios policiales, muchas de las cuales no se tomaron en cuenta al parafrasearse en la sentencia", alegó el abogado, insistiendo en que los magistrados "tenían que hacerse cargo de los detalles, pero no lo hicieron, porque la sentencia no menciona lo que no se dio por probado".
De no prosperar su primera petición, Díaz solicitó en subsidio que la Corte le otorgue a Johanna la atenuante de colaboración sustancial y elimine la agravante de alevosía, modificando así la actual sentencia de presidio perpetuo calificado (de por vida, con derecho a beneficios recién a los 40 años) a una de presidio mayor en su grado mínimo, vale decir, de sólo 12 años de prisión.
A diferencia de Hernández, la defensa de Silva no solicitó un nuevo juicio oral, sino que directamente una sentencia de reemplazo menor al presidio perpetuo simple, que también es de por vida, pero con derecho a beneficios a los 20 años.
Para argumentar su petición, el abogado Carlos Oliva insistió en que la primera declaración de su representado ante la PDI fue fundamental para determinar que parte del cuerpo de Nibaldo había sido quemado en la playa Las Docas, en Laguna Verde.
"Cuando mi defendido declaró, lo hizo frente al fiscal y le indicó el lugar exacto al que luego llegó la PDI. Hizo un dibujo para indicar el sector", sostuvo el abogado, agregando que Francisco también colaboró al reconocer que en el crimen utilizaron un cuchillo -que fue encontrado por dos pescadores- y al entregar su celular en calidad de testigo, antes de ser detenido.
Con esto, el defensor también busca que la Corte de Valparaíso considere que Silva sí colaboró en el proceso, modificando la pena a una de presidio mayor en su grado máximo, de hasta 20 años.
En la eventualidad de que el tribunal de alzada acoja los recursos, tanto Johanna como Francisco podrían salir en libertad al cumplir tres cuartas partes de la condena.
Si bien el fiscal del caso, José Miguel Subiabre, refutó todos los argumentos que esgrimieron las defensas para solicitar una rebaja en la sentencia, sus alegatos se basaron en cuestionar la decisión de los abogados de querer revisar los hechos probatorios del juicio.
"Las alegaciones que hicieron las defensas son diferentes a lo que se conoce como un recurso de nulidad, que es una manifestación expresa de lo que significa el derecho y cómo éste pudo haber afectado la sentencia. Sin embargo, las defensas trataron de discutir circunstancias de hecho que están muy bien explicadas en el fallo y latamente establecidas", indicó el persecutor.
Pero además de ello, Subiabre también criticó el actuar de los abogados durante la audiencia de alegatos. "Lo que más llama la atención es que las defensas no pueden venir a este tribunal a indicar circunstancias que nunca ocurrieron en el desarrollo del juicio. Venir a indicar cosas diferentes es una falta seria respecto a las actuaciones que deben tener quienes asumen una defensa. Eso no puede ser tolerable", cuestionó el fiscal.
Según expuso el abogado de la familia, Patricio Olivares, existe tranquilidad en cuanto a que la Corte "no acoja los recursos y mantenga a firme la sentencia del tribunal de Viña", agregando que "la labor que se ejecutó hoy (ayer) nos permitiría acceder a un resultado favorable".
En tanto, uno de los hermanos de la víctima, Leandro Villegas, coincidió en que "no vi nada nuevo que pueda hacer cambiar la sentencia". "Nuestras respuestas fueron categóricas y barrieron con todo lo que han planteado las defensas que, prácticamente, son mentiras", indicó el familiar.
Tras los alegatos, los integrantes de la Cuarta Sala dejaron la causa en acuerdo e informaron que la resolución se conocerá el lunes 1 de julio.
Enseñar a los padres y cuidadores sobre cómo instalar correctamente la silla de seguridad infantil en su automóvil fue el objetivo del punto de chequeo de Sistemas de Retención Infantil que se desarrolló en el estacionamiento del Mall Marina de Viña del Mar, actividad en la cual participaron diez monitores certificados para la instalación correcta de estos dispositivos de seguridad y que contó con un récord histórico de personas inscritas a nivel nacional. Cerca de 40 personas participaron junto a sus bebés o hijos pequeños en la jornada encabezada por el seremi de Transportes, José Emilio Guzmán. Durante el día los expertos certificados conversaron con las familias sobre las dudas en este tema.
El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) criticó duramente al contralor interno del municipio de Viña del Mar, Hugo Espinoza, quien planteó que hay exceso de honorarios en la casa consistorial y que se ha sobreestimado las cuentas por cobrar para este año, además de apoyar el actuar del contralor nacional, Jorge Bermúdez, pese a los cuestionamientos del gremialismo.
"Yo le recomiendo a Hugo Espinoza que supere sus odios personales y sea más objetivo. Que vea y escuche el video de la alcaldesa Evelyn Matthei o tome un tutorial sobre cómo se hace una auditoría. Alinearse con los informes de la Contraloría General de la República, a esta altura, es una equivocación mayúscula, debido a que la metodología del contralor está absolutamente cuestionada por los propios auditores despedidos por discrepar con él", dijo.
Añadió que "Espinoza tiene toda la obligación de hacer bien su pega. Tiene todo el derecho de opinar sobre materias de control interno, pero hace un tiempo cruzó la línea y se ha transformado en un actor político, lo que es censurable".
En esa línea, planteó que "cuando los contralores se transforman en rostros, uno tiene el legítimo derecho a preguntarse qué los motiva o qué intereses hay detrás. Tampoco debe olvidarse que fue propuesto para ese cargo por la propia alcaldesa".
El diputado también lo repasó en cuanto a su rol anterior: "Que no se olvide nunca que él fue el responsable de las finanzas en la Municipalidad de Viña por varios años y, además, fue el representante de esa dirección ante el Concejo. Lo que decía él era lo que creían los concejales, así que hoy no puede hacerse el leso y desconocer sus propias responsabilidades. Su periodo como concejal terminó hace tiempo, cuando le correspondió opinar no lo hizo".