Claudio Ramírez

En el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia (TDLC) se efectuó ayer la audiencia pública para conocer los alegatos de los intervinientes en el marco de la solicitud que la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) realizó al organismo para tener certeza sobre las condiciones de licitación del Terminal Mar del Puerto Exterior de San Antonio (PGE).

Entidades como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el Sistema de Empresas Públicas (SEP), la Asociación de Exportadores de Fruta (Asoex), la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y representantes de EPSA, entre otros, tuvieron la opción de dar sus puntos de vista.

Los plazos

En tal escenario, el SEP, a través de su director ejecutivo, Javier Bosch, manifestó en la audiencia la importancia que tiene este proceso para la entidad. "Muchas de las concesiones portuarias van a ser relicitadas en los próximos años y las condiciones en que se licite el PGE van a tener influencia", manifestó, agregando que es muy importante también contar con la infraestructura adecuada para responder a la demanda del comercio internacional.

Así, por ejemplo, San Antonio Terminal Internacional (STI), del Grupo Luksic, debe volver a adjudicarse en 2025.

Durante su intervención, el personero aludió específicamente -a manera de ejemplo- a la situación del Terminal Dos de Valparaíso, donde la EPV tomó la titularidad del proyecto de expansión, tras el desestimiento de TCVAL. "Hay un proyecto en particular que es el Terminal Dos y las condiciones que se fijen para el puerto exterior de San Antonio van a afectar la relicitación del T2", remarcó el ejecutivo, señalando que para hacer frente a esta y otras situaciones, el SEP propone un mecanismo denominado gatillo de inversión destinado a que esos procesos no se vean perjudicados.

Esto, además, se propone tomando en cuenta que, de acuerdo al calendario del PGE, luego que se licite la primera fase de la obra, la segunda tiene hasta 60 meses para desarrollarse. Y es acá donde podría existir un riesgo en razón a la demanda existente.

El mecanismo

Este gatillo de inversión apunta a que la ampliación de la capacidad se ejecute dentro de un plazo fijo máximo calculado con una estimación de demanda conservadora, realizada en una fecha cercana a la de la licitación. Con ello, se podría adelantar la ampliación de la capacidad de acuerdo a un gatillo objetivo y auditable que incluya, por ejemplo, factores como demanda, saturación o calidad de servicios, entre otros, en la macrozona. Para ello, el mecanismo debe contar con ciertas características, como que no deje opción de ser refutado por el operador del Terminal Mar y los otros concesionarios de la macrozona.

Bosch explicó que entre las ventajas de este sistema es que reduce los tiempos de "timing" inadecuado de un plazo fijo, tanto de retraso como de adelanto. Además, se espera que pueda acarrear mayor competencia tanto en la licitación del PGE como en las relicitaciones de los terminales ya existentes.

Respecto a esta propuesta, el MTT señaló que debiera cumplir con algunas condiciones, como ser objetivo y auditable sin opción de que sea manipulado y/o cuestionado por el concesionario o por los operadores de otros terminales; que sea simple y que considere variables de alcance regional y no local; y que debe ser la autoridad sectorial la que informe periódicamente el guarismo contra el cual se contrastará el umbral del gatillo contenido en el contrato.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, insistió ayer en los beneficios de la nueva ley aprobada en el Congreso Nacional que establece beneficios para jóvenes entre 18 y 24 años que, además de estudiar, trabajan.

El secretario de Estado recalcó que "el corazón de esta nueva ley es hacer más compatible el trabajo del estudiante con el estudio" y pidió "dejar de tenerle miedo a las medidas que adaptan las jornadas laborales, porque flexibilidad es humanidad, no precarización como dicen algunos".

En relación a los principales ejes de la nueva legislación, destacó que el joven podrá armar su periodo de trabajo respetando sus horarios de estudio y con la opción de cortar la jornada laboral para ir a clases. Por otro lado, sostuvo que con la ley "nunca más un joven va a perder un beneficio social, una beca o alguna ayuda del Estado por los ingresos que tenga mientras estudia". En ese sentido, explicó que muchos estudiantes hasta piden que no les hagan contrato para no verse expuestos a perder los beneficios sociales a los que acceden por los nuevos ingresos que está recibiendo.

Consultado por el rol de las empresas privadas en este tema, el ministro hizo un llamado al sector empresarial a "que sean protagonistas de este cambio que necesitamos, porque Chile no va a ser un país desarrollado si no le abrimos la puerta del trabajo a los jóvenes". Según el titular de Trabajo, "este contrato no implica ningún costo ni carga adicional para la empresa, sólo entrega beneficios".