Estados Unidos incluyó ayer a Cuba y Arabia Saudita en su "lista negra" de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, una medida que puede llevar a la imposición de sanciones como congelar ayuda no comercial o quedar excluidos de préstamos.

"Debemos llamarlo como lo que es, esclavitud moderna (...) El tráfico de personas es una crisis global y requiere una respuesta global", manifestó el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en la presentación del informe anual 2018.

En la "lista negra" aparecen 22 de 187 países evaluados. La novedad es que salieron Bolivia, Belice, Gabón y Laos. Entraron Cuba, Arabia Saudí, Bután y Gambia. Se mantuvieron naciones como Venezuela, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Pompeo destacó que unos 25 millones de personas de todo el mundo sufren el yugo del tráfico de personas.

Washington y Teherán están enfrascados en un nuevo cruce de acusaciones tras el derribo de un dron de la Armada estadounidense por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, una acción que Irán atribuye a una violación de su espacio aéreo, pero que Estados Unidos refuta a través del Pentágono, que asegura que la nave sobrevolaba aguas internacionales.

Irán anunció ayer temprano el derribo de un MQ-4 Triton no tripulado con un misil tierra-aire, cuando entró en su espacio aéreo. El comandante Hosein Salamí dijo que "los defensores de las fronteras del Irán islámico mostrarán reacciones decisivas y directas a la agresión contra este territorio por parte de cualquier extranjero".

"Los informes que apuntan que la aeronave se encontraba sobre Irán son falsos", afirmó el capitán Bill Urban, vocero de las Fuerzas Armadas de EE.UU. "Se trató de un ataque sin mediar provocación contra un elemento de vigilancia que se encontraba en el espacio aéreo internacional", agregó.

Horas más tarde, Donald Trump escribió en Twitter: "¡Irán ha cometido un gran error!". Sin embargo, después dijo que "alguien imprudente y estúpido" pudo haber causado "un accidente no intencionado".

Una ajetreada jornada vivió ayer la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en su segundo día de visita en Venezuela para evaluar la crisis humanitaria que enfrenta ese país.

La expresidenta chilena sostuvo una serie de reuniones con representantes del Gobierno de Nicolás Maduro en la sede de la Cancillería venezolana, conocida como la Casa Amarilla. Entre ellos, los ministros de Interior, Néstor Reverol; y de Defensa, Vladimir Padrino.

En la instancia, las autoridades venezolanas pidieron a Bachelet que la ONU intervenga para detener el bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos al país caribeño, al que el régimen de Maduro culpa por la crisis.

"Le hemos planteado la posibilidad de que se pueda interferir, en función de los Derechos Humanos de nuestro país, para que esos recursos que están bloqueados vengan para las medicinas, para los alimentos", indicó el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez.

Durante la tarde, la representante de la ONU se reunió con familiares y víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en la Universidad Metropolitana, en Caracas, para abordar los casos de los "presos políticos", personas que en su mayoría han sido detenidas en protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Varias organizaciones no gubernamentales estiman en más de 680 los ciudadanos que han sido detenidos por el régimen, que habría justificado la detención de opositores con la excusa de que han cometido delitos comunes.

Estas personas se han transformado en el símbolo de los activistas y la oposición para acusar a Maduro de violaciones a los derechos humanos. En un gesto que ha sido considerado como un "engaño" orquestado por el Gobierno venezolano, esta semana se han liberado a 28 de estos prisioneros.

Protestas

La jornada de ayer en Caracas estuvo marcada por diversas protestas convocadas por los familiares de los "presos políticos" y la oposición, con el fin de llamar la atención de Bachelet y así visibilizar la crisis y denunciar las violaciones a los derechos humanos.

Gritos, cacelorazos y lienzos con la consigna "Sra. Bachelet, Maduro es Pinochet", formaron parte del panorama. Algunas de las protestas ocurrieron en lugares donde se considera que la crisis es insostenible, como los hospitales. También hubo manifestaciones en las cercanías de las instituciones a las que Bachelet tenía previsto visitar, como la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cancillería.

"Las cárceles del país están siendo maquilladas, para que la Alta Comisionada no perciba la realidad de las condiciones de reclusión y las torturas a las que son sometidos los presos políticos", señaló el abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

En ese sentido, la oposición ha instado a Bachelet a visitar varios centros de reclusión, como Ramo Verde y el Helicoide, para que pueda conversar con varios de los "presos políticos".

Para hoy está previsto que Michelle Bachelet se reúna con el líder opositor y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien ha llamado a una protesta frente a la sede del PNUD y otros puntos de la capital. Una de las manifestaciones tendrá como símbolo los coches de bebés, para apelar a la figura materna y así sensibilizar a la exmandataria. La idea es aludir a la muerte de miles de niños debido a la crisis humanitaria en el país.

"La Alta Comisionada debe venir a Venezuela para ver la realidad, debe darnos la oportunidad y le hablaré como una mamá venezolana. Como cualquier madre que está preocupada por el futuro de su hija, o de que su hijo se enferme y muera", dijo a La Tercera la esposa del líder opositor Juan Guaidó, Fabiana Rosales.

Por la tarde se espera que concrete una cita con Nicolás Maduro, antes de culminar su gira por el país caribeño. Luego, realizará un punto de prensa en el que dará a conocer una declaración y algunas conclusiones de su viaje.